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| Por Carlos Gabetta (*) |
Este artículo tiene por
objeto contribuir al debate sobre el modo y continuidad de los juicios penales
a los implicados en “crímenes de lesa humanidad”durante la dictadura militar 1976/83, llamada a sí
misma Proceso de Reorganización Nacional. También al debate paralelo sobre la
responsabilidad de las organizaciones armadas que nacieron durante otra
dictadura militar (1966/73), en los años que siguieron.
Este último aspecto no
puede dejar de considerarse por sí mismo, pero mucho menos aquí: el firmante,
un periodista profesional con muchos años de experiencia, militó en 1972/76 en
una de esas organizaciones, el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), cuyo “brazo armado” era el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP). Me caben pues las generales de la ley (ver recuadro).
Este gravísimo asunto,
que tuvo un comienzo democrático, legal y legítimo de resolución con la
acusación del presidente Alfonsín a las cúpulas militares y algunos
jefes guerrilleros y el consecutivo Juicio a las Juntas, evolucionó a los largo
de los siguientes 30 años de un modo confuso y contradictorio, hasta llegar a
la situación actual. La de una democracia que en ese punto –y en tantos otros–
se niega a sí misma al impartir mala y tardía justicia y la de una sociedad que
agrava sus divisiones, en un marco de problemas económicos, políticos y
sociales de una extrema gravedad. Es pues necesario cerrar el capítulo
“última dictadura militar”, porque se están cometiendo injusticias y porque se
necesitan todas las energías para resolver problemas actuales y, quizá lo más
importante, porque la sociedad argentina tiene necesidad de amigarse consigo misma. Es
necesaria una síntesis que reconozca, aclare y deslinde responsabilidades y
haga realmente justicia. Este capítulo negro de nuestra historia –tenemos
varios– debe cerrarse cumpliendo con la ley argentina y los pactos
internacionales; pero además ejerciendo tanto la crítica como la autocrítica
ciudadanas; si no para justificar, al menos para comprender lo ocurrido y
dejarlo atrás, en la categoría de experiencias históricas a no repetir.
Vaivenes. La cronología desde el Juicio a las
Juntas hasta hoy es conocida y los argumentos políticos y legales
esgrimidos en los sucesivos vaivenes del asunto exceden largamente este
espacio. Pero la síntesis es que más de tres décadas después el tema no sólo no
se ha resuelto, sino que se complica cada vez más. Resumiendo, después de la
ejemplar condena inicial a las Juntas, vinieron los indultos –que incluyeron a
ex guerrilleros a punto de ser juzgados; o sea que se “indultó” a quienes aún
no tenían condena–; luego se anularon los indultos; se extendió la posibilidad
de acusar de crímenes de lesa humanidad más allá de “los altos mandos” y se
limitaron las posibles acusaciones a “lo actuado” por la dictadura militar
76/83. Sobre esto último, si los eventuales crímenes cometidos por las
organizaciones guerrilleras estaban prescriptos, no era el caso de la Triple
A, organizada por el gobierno peronista desde el Estado y por lo tanto
pasible de ser acusada de crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles.
Actualmente hay más de
1.100 ciudadanos entre procesados y
detenidos sin sentencia y sentenciados que se encuentran procesados en otras
causas. Hay 970 imputados detenidos, ya sea en unidades penitenciarias (57%),
sus domicilios (40%), dependencias de las fuerzas de seguridad (1,5%) y en
hospitales (0,5%), mientras que los condenados son 563. O sea que hay numerosos
presos sin condena. El constitucionalista Roberto Gargarella sostiene que se
deben evitar estas condiciones para todos los detenidos: “Implican violaciones
de derechos sobre personas concretas, por más que se trate de las personas a
las que menos queremos. Por ejemplo, tenemos procesados sin condena durante
largos, imperdonables años, algo que no aceptamos en ningún caso; personas de edad avanzada y en condiciones de salud
precaria que no reciben, a diferencia de otros ‘presos comunes’, arresto
domiciliario”. Otras fuentes indican que “el promedio de edad de
los afectados en estas causas, es de más de 73 años (73,24 años exactamente) y
el promedio de prisión preventiva de los detenidos en penales es de más de 6
años (6,16 años exactamente), sumado
al altísimo porcentaje de fallecidos (344 personas al 1-3-16)”.
Desde que el
peronismo kirchnerista reposicionó así el problema, la sociedad argentina
se divide, grosso modo, entre los que están dispuestos a llevar las acusaciones
y los juicios más allá de todo plazo y legalidad, y los que, como la señoraCecilia
Pando y muchos otros, no sólo niegan culpabilidad, sino que reafirman
objetivos y métodos. En medio, la “resistencia armada” y sus
responsabilidades históricas, políticas y eventualmente legales, negadas taxativamente
por unos y sirviendo así de justificación a otros.
Resultado, una situación
concreta extremadamente confusa en lo legal; un “debate” irracional;
un asunto grave de nuestra historia que ha devenido desvergonzada herramienta
política y, una vez más, una sociedad dividida y al borde del enfrentamiento.
(*) Periodista y escritor
© Perfil
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