Por Gabriel Profiti |
La brutal imagen, whisky en mano, de contadores de dinero
público se proyecta como uno de los símbolos del kirchnerismo y colabora con la
causa de Mauricio Macri, en momentos en que el presidente enfrenta una
coyuntura económica compleja, pero trata de "vender futuro"
mostrándose distinto a sus antecesores.
El conteo filmado de dólares y euros activó la causa de
lavado de dinero contra uno de los mayores beneficiarios de obra pública
durante el gobierno kirchnerista, Lázaro Báez, pero por sus relaciones
comerciales y personales con la ex familia presidencial despliega la sombra
sobre la propia Cristina Fernández.
El golpe es fuerte para el kirchnerismo que se paró
rápidamente como el único sector de oposición dura al gobierno de Cambiemos,
tal como quedó reflejado en la votación en la Cámara de Diputados por el
acuerdo con los fondos buitre.
En tribunales dan por hecho que en los próximos meses habrá
una procesión de ex funcionarios acusados por distintas causas de corrupción,
ya que hay varios jueces federales que están entusiasmados con hacer leña del
árbol caído.
Por otro lado, ese balance de 165 votos a favor y 86 en
contra que mostró el tablero de la Cámara de Diputados en la mañana del
miércoles evidenció la capacidad del oficialismo de construir una mayoría en
ese hemiciclo junto al massismo, el Bloque Justicialista, cuya referencia es
Diego Bossio y otros desprendimientos del kirchnerismo y diputados
progresistas.
Es más, algunos dentro del interbloque oficialista llegaron
a plantear la posibilidad de prescindir del apoyo de Massa -lídera un grupo de
35 diputados-, ya que el tigrense está haciendo valer mucho su capacidad de
árbitro y fija condiciones sistemáticamente.
"Igual no hay que confiarse porque esto es ley a
ley", admitió un hombre instalado en los principales despachos del
Congreso. De hecho, esa mayoría fue construida gracias a cambios que la oposición
dialoguista introdujo al proyecto oficial.
El otro punto de apoyo de Macri son los gobernadores,
constituidos en palanca motriz del Senado. Debido a la necesidad mutua de
financiamiento, los mandatarios provinciales también juegan fuerte para la aprobación
del proyecto que propone normalizar la deuda en default. Para eso el Gobierno
nacional debió acelerar el proceso de devolución de una quita -ya sin razón de
ser- de coparticipación a las provincias.
El respaldo de los gobernadores -buena parte de ellos del
PJ- ya se vio también en el inicio del debate en la Cámara alta. De todos
modos, todavía existe la posibilidad de que se incluyan cambios en el texto.
Esa es una discusión que se da al interior del bloque del Frente para la
Victoria y mantiene expectante al Gobierno debido a que devolvería el proyecto
a Diputados con un reloj que marca al 14 de abril como límite para la
aprobación.
Dilma y Obama
Como ya se dijo, el Gobierno fija en ese acuerdo con los
holdouts su línea de partida para el crecimiento económico, sobre la base del
financiamiento y la inversión, que a su vez operará como freno a la inflación.
A cien días de haber asumido el poder, la coyuntura no es
sencilla. La devaluación, la suba de precios, los despidos y el tarifazo
implementados por el Gobierno por ahora solo hacen sonar los acordes del
ajuste. En ese contexto, la estrategia oficial es mostrar que a mediados de año
habrá un punto de quiebre.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señala a sus
interlocutores que los últimos datos de la Encuesta de Indicadores
Laborales -el Indec aún no difunde datos oficiales- indican
que el desempleo no creció en estos meses pese a los despidos en el sector
público y que se ubica entre el 13 y 14%.
En el ministerio creen que el empleo volverá a crecer en el
sector privado dentro de un clima de "confianza y previsibilidad"
pero ven cuellos de botella en sectores importantes como el de la construcción,
el automotriz y el de la energía.
El primero posiblemente repunte una vez que el Estado retome
obras públicas interrumpidas por falta de pago, pero los otros dos están muy
vinculados a factores externos como el bajo precio del petróleo y la situación
económica de Brasil.
Así como el Vía Crucis kirchnerista favorece por contraste a
Macri, el escándalo de corrupción en Brasil golpea. Es cierto que el presidente
argentino alienta el giro al centro de Sudamérica, pero en el corto plazo la
crisis del gobierno del PT impacta en el intercambio comercial y obliga al
Gobierno a mantener herramientas de protección industrial.
En ese cruce de intereses debería interpretarse la reacción
de la Casa Rosada de "preocupación pero no intromisión" en los
asuntos del vecino país.
Es cierto también que la administración macrista busca
mostrarse como la nueva estrella de Sudamérica y desligar su suerte de la
primera economía regional.
Ese objetivo tendrá una parada clave la próxima semana con
la visita del presidente estadounidense Barack Obama, la tercera de ese calibre
luego de la del presidente francés, Francois Hollande y la del primer ministro
italiano, Matteo Renzi.
Obama llegará con su secretaría de Comercio, Penny Pritzker,
para trabajar en un incremento de la balanza comercial, pero la visita adquirió
múltiples significados desde que se supo que su estadía coincidirá con el
cuadragésimo aniversario del Golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón y
sembró el terror.
La fecha se ajustó a la histórica visita previa de Obama a
Cuba, que ya de por sí aliviana el sentimiento antiestadounidense en la región,
pero la Casa Blanca buscó enseguida dar gestos para amortiguar reacciones
adversas. Así, el presidente visitará el Parque de la Memoria en la Costanera y
anunció la desclasificación de archivos sobre la dictadura argentina.
El embajador Noah Mamet anticipó que el presidente demócrata
hará alguna mención respecto al rol de Estados Unidos en esa época, que se
dividió en la complicidad del gobierno del republicano Gerald Ford (1974-1977)
con la dictadura a través de su secretario de Estado Henry Kissinger y las
denuncias avaladas por el demócrata Jimmy Carter (1977-1981).
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