Por Ernesto Tenembaum
A principios de 1983, lanzada la campaña electoral que
depositó a Raúl Alfonsín en la Rosada, apareció el diario Epoca. Su nombre era
un homenaje a uno de los matutinos del primer peronismo. El aviso televisivo
era encantador: un canillita distribuía los ejemplares en bici, mientras
silbaba la marchita. La alegría duró poco. El último ejemplar de Epoca salió el
1 de noviembre de ese año, día siguiente a las elecciones, con el título: Fraude informativo.
Al ser
derrotado el peronismo, perdió el
financiamiento y cerró. Unos años después, en 1989, los radicales publicaron el
semanario El Ciudadano para fortalecer la campaña de Eduardo Angeloz. Era una
revista tabloide, con papel de mucha calidad, y firmas prestigiosas. Duró hasta
que se supo del triunfo de Carlos Menem.
Desde que volvió la democracia, muchos proyectos
periodísticos nacieron y murieron atados al financiamiento de un sector
político. Sin embargo, no existen antecedentes de un derrumbe como el que se
está produciendo en los medios creados con dinero del Estado en la década
kirchnerista.
En estos días, cientos de familias viven angustiadas por los
efectos que este proceso tiene sobre sus vidas: no cobran, son despedidos,
empiezan a sufrir cortes de los servicios básicos, a dejar de pagar el alquiler,
entre otros perjuicios. En algunos casos -Tiempo Argentino y radio América, por
ejemplo- hace meses que los trabajadores no perciben sus salarios. Los medios
llegan al público esporádicamente. Los patrones ni siquiera aparecen por el
lugar. CN23 pasó de las manos de un empresario kirchnerista a otro, y cerca del
70% de los trabajadores -110 de 160- fueron despedidos. Ya fue anunciado el
cierre de la edición impresa del Buenos Aires Herald, comprado por el
kirchnerismo, luego de 140 años de existencia continuada y del diario El
Patagónico en Comodoro Rivadavia. En medios menos afectados, hay algunas
decenas de despedidos y en otros los trabajadores cobran sus salarios en
cuotas.
¿Cómo se llegó a este desastre? Las escenas de estos días
son el corolario de una historia que lleva ocho años. Tras el célebre conflicto
con el sector agropecuario, y la ruptura con el grupo Clarín, el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner emprendió una política muy decidida con el
objetivo de cambiar el mapa mediático.
Por un lado, por vía de la ley de medios y de muchas
denuncias públicas y judiciales, intentó desmembrar a los grupos tradicionales,
especialmente a Clarín. Por el otro, buscó facilitar la entrada de nuevos
actores al mercado, a los que se favoreció con sumas siderales de publicidad
oficial, de escandalosos privilegios impositivos o de negocios extraños al
mundo mediático. El intento de desmembrar Clarín fracasó en la Justicia que, en
todo caso, era un factor externo al propio Gobierno. La idea de favorecer a un
conglomerado de medios propios fue derrotada por sus mismos impulsores, en un
proceso que, se verá, combina la locura, el cinismo, y dosis de corrupción
enfermizas.
Por detrás de las nobles consignas sobre la democratización
de la palabra, la plata empezó a fluir a chorros. Los principales beneficiarios
fueron cuatro grupos. El primero de ellos estaba encabezado por Sergio
Spolzski, un empresario que llevaba un record comercial, por decirlo de manera
educada, muy controvertido y que, rápidamente, saltó desde un periódico
universitario gratuito, a ser dueño o socio mayoritario del diario Tiempo
Argentino, las radios América, Rock and Pop y Vorterix, el canal CN23, el
diario gratuito El Argentino, además de varios semanarios y revistas menos
conocidos. Entre los socios figuraba el abogado Darío Richarte, ex número dos
de la Side durante la gestión de Fernando de la Rúa, quien a su vez defendía a
Amado Boudou y otros funcionarios afectados por denuncias de corrupción.
Richarte, hoy, sobrevive al lado del macrista Daniel Angelici en Boca. Todo el
grupo tenía vínculos con Jaime Stiusso, cuando era el hombre fuerte de la
inteligencia K. Spolski fue candidato del kirchnerismo a intendente de Tigre en
las últimas elecciones. Compartió actos de campaña, entre otros, con Martín
Sabatella, quien conducía el organismo encargado de auditar a los medios.
El segundo gran actor en este proceso fue Cristóbal López,
un empresario que pegó un salto monumental en la década pasada. López es el
dueño de la cadena de casinos más poderosa del país, ganó la concesión de pozos
petroleros en distintas provincias y, en los últimos años, se transformó en un
magnate mediático. Para que ello pudiera ocurrir, el Gobierno anterior forzó a
Daniel Hadad a vender el canal de noticias C5N, las radios 10, Pop, Vale, Mega
y el imperio se fue extendiendo hacia Ambito Financiero y el Buenos Aires
Herald, además de diarios regionales como El Patagónico y la estratégica
productora Ideas del Sur, cuya estrella principal es Marcelo Tinelli.
En medio de ese curioso proceso de transferencia de activos,
desconocidos ametrallaron el frente vidriado de un local donde se celebraba el
cumpleaños de la mujer de Hadad, justo cuando éste negociaba su dinero. El
crecimiento de López se extendió a muchas áreas. Por ejemplo, adquirió la
metalúrgica Paraná Metal, cuyos 700 obreros perdieron su trabajo. Este fin de
semana, López anunció su divorcio de Fabián De Souza, el asesor contable que se
transformó en su socio: son conflictos que afloran justo cuando se discute quién
pone la plata que antes invertía en sus negocios el resto de la sociedad. Una
espectacular investigación del diario La Nación, reveló ayer que a López le
perdonaron impuestos por 8000 millones, mientras le pagaba inmuebles en Puerto
Madero a Cristina y Máximo Kirchner y le daba trabajo a Romina Mercado, la hija
de Alicia.
En esta constelación hubo actores menores. El grupo
Electroingeniería, uno de los grandes jugadores en la concesión de obra pública
kirchnerista, compró radio del Plata y se extendió hacia la televisión por
cable. El otro fue la productora Pensado Para Televisión, que se benefició
gracias a los agresivos programas 678, Televisión Registrada y Duro de Domar.
Solo en 2015, la Anses derivó una pauta de $ 30 millones hacia el primero de esos
shows. Con la tercera parte de eso se podrían pagar todas las indemnizaciones
de Tiempo. Sobre el final del kirchnerismo, la productora de Gvirtz fue vendida
a López, De Souza & Cia, lo mismo que, en las últimas semanas, la radio
Vorterix y el canal CN23.
Nada de esto sirvió para demasiado. Ocho años después, la
radio AM del grupo Clarín concentra el 50% de la audiencia gracias, entre otras
razones, al aporte de figuras muy populares que fueron desplazadas a medida que
desembarcaban los cráneos mediáticos del kirchnerismo. Los actores de este
proyecto fueron como el rey Midas, pero exactamente al revés: lo saben los
trabajadores del Buenos Aires Herald y de las radios 10, que perdió su
liderazgo, América, que agoniza, e Identidad, que fue barrida arbitrariamente
del dial.
Este imponente castillo de naipes se construyó gracias a una
decisión que se tomó en lo más alto del poder: darle miles de millones de pesos
cada año a estos personajes. Al bajar la marea de billetes, las ruinas quedan a
la vista. Los trabajadores son abandonados a su destino mientras empresarios y
funcionarios se retiran a disfrutar de sus millones. Empresas quebradas y
empresarios ricos es una fórmula tan argentina como la birome y el dulce de
leche. Aquí se repite una vez más, con el agregado de que los protagonistas se
definen como nacionales y populares.
En este proceso ha tenido un rol muy activo la conducción de
la agrupación La Cámpora. El organismo que se encargaba de repartir la
publicidad oficial estaba conducido por Hernán Raibel, uno de los muchachos de
Máximo Kirchner. La pareja de Raibel, Desiree Cano, también camporista, es una
de las ejecutoras del plan de despidos de CN23, desde el cargo ejecutivo que
ocupa en el pool de López, De Souza & Cia. La Cámpora asume rostros
extrañamente distintos entre sí según el día y la hora: facilitan la plata del
Estado, ocupan cargos directivos en los medios, despiden gente y, como si no
pasara nada de eso, algunos de sus diputados concurren a marchas para
solidarizarse con los damnificados. Su líder, un diputado de inmensa fortuna,
no ha emitido opinión sobre el particular.
Mauricio Macri decidió no poner un peso más en este delirio.
Eso ocasiona un perjuicio personal sobre trabajadores cuyo único pecado, en su
mayor parte, fue aceptar un trabajo. En esta área, como en tantas otras, el
país corre el serio riesgo de pasar de un esquema que mezclaba procederes
mafiosos, con una especie de socialismo que no era tal, hacia un capitalismo
salvaje donde los más débiles no son atendidos ni escuchados.
Tal vez, entre el todo y la nada, se deban encontrar
variantes, procesos menos crueles. En estos primeros meses, no parece el estilo
de la casa.
Hay dudas, mientras tanto, que quedarán para siempre. ¿De
verdad todo esto se hizo para combatir a Clarín?
¿En serio creían que con estos protagonistas y mucha plata
tendrían mejores resultados? ¿O eran solo negocios: un discurso hipócrita para
derivar dinero a un grupo de amigotes? La militancia kirchnerista siempre
encuentra subterfugios para no mirar. Fue Schocklender, fue Lázaro Báez, fue
Cirigliano, fue Spolzski, fue Gvirtz, fue Stiusso o fue Cristóbal López. A
todos ellos les pagaba la misma gente. Pero Cristina (y Máximo) son inocentes.
¿Cómo podían saber ellos todo lo que ocurría?
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