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| Por Carlos Gabetta (*) |
La semana pasada tuvo amplia repercusión un comunicado:
“Ante la declaración de la emergencia en seguridad”, que expone una fuerte
crítica a la disposición del Gobierno en la materia.
Cordialmente invitado, dudé en adherir. El documento,
firmado por numerosos ciudadanos de casi todos los horizontes políticos y
varias organizaciones, está impecablemente fundamentado, pero trasunta la idea
de que en el país no existe una “emergencia” en seguridad.
Subraya con razón el
fracaso mundial de las políticas puramente represivas y critica lo improvisado
de la medida. ¿Es posible, en efecto, poner en manos de las actuales fuerzas de
seguridad poderes extraordinarios sin antes purgarlas, equiparlas y
entrenarlas? La “autorización de derribo” a aviones no identificados tiene
todas las chances de acabar pronto en el deliberado derribo del primer inocente
que vuele por allí, para poner a la opinión pública en contra de la medida. Por
no hablar del ingreso indiscriminado a las villas y el control de transeúntes.
La acepción de “perejil” para minoristas del delito e inocentes elegidos a dedo
por los “guardianes del orden” es made in Argentina…
El documento también acierta al subrayar que “La declaración
de emergencia no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los
mercados ilegales, como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos
provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero (…) Tampoco
se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre
fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los
crímenes mafiosos”. De acuerdo, pero algún día habrá que autorizar, entre otras
medidas por el estilo, el derribo de aviones no identificados, tal como lo
hacen muchos países democráticos.
También dudé porque firman el documento numerosos
kirchneristas –Horacio Verbitsky, Nilda Garré, Jorge Taiana, entre otros– y es
sabido que ese sector ha devenido de un republicanismo súbito, con lo que no es
cuestión de ayudarle a construir un nuevo “relato”, como si no estuviésemos
pagando ahora las consecuencias del anterior. Pero me dije que, en buena ley,
debe concederse a esa gente el beneficio de la duda y que la ocasión era buena
para demostrarle que hay muchos ciudadanos como la gente. Y firmé.
Es que el problema, para la oposición democrática y
progresista consiste, primero, en aceptar que la herencia kirchnerista es la de
un país deshecho. Que también hay emergencia económica, institucional, social;
en el funcionamiento y composición del Estado. Las políticas económicas
liberales son conocidas y vienen fracasando en todo el mundo. Pero en la
situación actual hasta Lenin recurriría al crédito internacional y hasta Perón
se vería obligado a eliminar a las decenas de miles de “ñoquis” del Estado.
El otro aspecto es no caer en la beatitud de lo
“políticamente correcto”, de lo cual “el caso Milagro Sala” es un buen ejemplo.
Desde Amnesty Internacional hasta Tomás Abraham, pasando por la izquierda
párvula y, por supuesto, el kirchnerismo, se han interesado por la suerte de
esa señora. Pero ¿acaso no está presa por orden de un juez? Por cierto que una
eventual condena deberá basarse en pruebas concretas, pero políticamente
hablando, ¿qué más hace falta para presumir que Sala tiene cuentas con la
Justicia? Si se critican medidas así, ¿qué espacio se le deja al Gobierno para
actuar?
Los “progres” haríamos mejor aplicándonos a conformar una
alternativa democrática de izquierdas, hoy inexistente, y a hacer proposiciones
concretas –legalización internacional de las drogas; “Conadeps” diversas; brega
por mayor igualdad– aprovechando la debilidad legislativa del Gobierno y el
proceso en curso de recomposición peronista y de la política en general.
En cuanto a la coyuntura, aceptar que “es lo que hay” y que
es mejor, al menos más esperanzador en materia institucional, que lo que hubo.
(*) Periodista y escritor
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