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| Por Gabriel Profiti |
Los vaivenes habían marcado el rumbo del Gobierno en la
última semana en cuestiones clave y vinculadas entre sí como los cambios en
Ganancias, la postura oficial ante las paritarias y la reorganización del
Indec, hasta que el juez Thomas Griesa dio un aval a la política económica
macrista.
En los últimos días la administración de Mauricio Macri tuvo
que volver sobre sus pasos o aclarar tres decisiones muy celebradas
originalmente: el nombramiento como número dos del Indec de Graciela Bevacqua;
la oferta a los gremios docentes nacionales, y la mejora en el impuesto a las
Ganancias.
En todos los casos primó un mismo patrón de conducta: las
urgencias políticas dentro de un contexto económico agitado por una inflación
que se mantiene en niveles muy altos.
"Lamentable". De ese modo, fuentes vinculadas a la
política económica definieron la decisión oficial de volver remover a Bevacqua,
un ícono de la transparencia estadística tras haber sido echada por Guillermo
Moreno durante el kirchnerismo.
El 14 de enero pasado, luego de su primera conferencia de
prensa en el Indec, la especialista había fijado un plazo de ocho meses para
recuperar una medición confiable de inflación (el Índice de Precios al
Consumidor, IPC) y desde ese momento desató todas las tormentas en el Gobierno.
La prensa y la oposición comenzaron a hablar de "apagón
estadístico", metáfora que equiparaba al comportamiento actual con el de
la administración de Cristina Kirchner.
Para apaciguar las críticas, el ala política del nuevo
gobierno -incluido el director del Indec, Jorge Todesca- decidió tener un
índice más rápido. Ahora bien, esa premura seguramente le restará credibilidad
al nuevo IPC y quizá genere mayor costo político que haber esperado algunos
meses más como pedía Bevacqua.
Paritarias sobre
brasas
El Gobierno también comenzó a buscar herramientas
provisorias para controlar la inflación -se anunció la publicación online de
los precios de supermercados- pero las soluciones no son inminentes y la meta
de 25% para 2016 parece difícil de alcanzar.
Al galope de precios y al vendaje sobre las estadísticas se
le sumó el anuncio oficial de actualizar las tarifas de la energía eléctrica,
sobre todo en el área metropolitana, y el cóctel amenazaba con desmadrar las
discusiones paritarias.
Una de esas negociaciones centrales es la de los docentes.
En ese contexto, la Casa Rosada buscó avanzar rápido en un acuerdo con los
gremios nacionales, que actúan como referencia para las provincias, para lograr
que las clases comiencen el 29 de febrero como está previsto, pero luego debió
recular.
El ministro Esteban Bullrich ofreció elevar el sueldo
inicial de 6.060 a 8.500 pesos en dos tramos, incluyendo un aporte de Fondo de
Incentivo Docente (FONID), pero la lectura de que se trataba de un incremento
del 40% envalentonó a los gremios provinciales y también a los de otras ramas
de actividad.
Viendo las repercusiones, Macri volvió sobre la premisa de
sugerir un techo del 25% de aumento salarial para los docentes y Bullrich
anunció que la oferta nacional quedaba suspendida porque "entorpeció"
las negociaciones distritales.
Menos ganancias
Para enfriar las demandas en paritarias, el Gobierno
anticipó la suba del mínimo no imponible de Ganancias. También amplió y mejoró
la distribución de las asignaciones familiares.
La elevación del piso desde el que se paga ganancias -fijada
previamente en 15.000 pesos no es menor- pero la reacción positiva inicial se
vio algo opacada cuando se avanzó sobre la letra chica del anuncio.
De los salarios de bolsillo dejarán de tributar ganancias
los casados con dos hijos que ganen menos de 25.000 pesos y los solteros que
estén por debajo de 18.800, pero serán alcanzados aquellos que habían quedado
exceptuados porque cobraban menos de 15.000 pesos hasta agosto de 2013. Aquella
disposición del gobierno de Cristina Kirchner había provocado serias
distorsiones.
Además, un día después de hacer el anuncio Macri postergó
hasta 2017 los cambios en las escalas del impuesto que son tan distorsivas como
la base modificada.
El Gobierno atribuyó estas limitaciones a tratar de paliar
"uno de los peores déficits fiscales de la historia".
De hecho, "la herencia" será una parte sustancial
del discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa, antes de dar paso a las
iniciativas que promoverá para el año parlamentario.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el presidente
de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, buscaron en las últimas semanas
afanosamente conseguir acuerdos políticos con sectores de la oposición para dar
obtener aval a esas iniciativas, pero los éxitos fueron parciales y los
resultados se verán en la cancha.
Guiño de Griesa
Entre las propuestas que requerirán consenso parlamentario
están la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que impiden
negociar con los holdouts. Esa movida, que ya se anticipaba, cobró valor
adicional porque activaría el principio del fin del default técnico de la
Argentina.
La derogación fue pedida por el juez neoyorquino como
condición para volver a permitir que la Argentina pague su deuda reestructurada
en 2005 y 2010 y cumpla con los bonistas que aceptaron la última oferta del
macrismo a los "holdouts".
Con esa decisión el juez dio un guiño a la Argentina luego
de muchos años: aislará a los fondos buitre NML y Aurelius, entre otros, que
rechazaron la generosa oferta de la nueva administración con una quita de hasta
30% de los montos establecidos por el cuestionado fallo inicial de Griesa.
Más allá de los montos comprendidos o de la sensación de
injusticia, la administración de Mauricio Macri entiende que hay un fallo que
cumplir y considera central cerrar este pleito para alimentar su decisión de
conseguir financiamiento internacional a tasas razonables para encarar obras de
infraestructura.
La decisión del veterano magistrado sintoniza con el giro de
180 grados en la política exterior argentina, plasmada en la próxima visita al
país de Barack Obama, la primera de un presidente estadounidense luego de once
años.
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