Dolorosas lecciones
que deben ser aprendidas por
la sociedad y dirigencia argentinas
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| Por J. Valeriano Colque (*) |
El Gobierno nacional intenta cerrar el histórico pleito con
los acreedores que no aceptaron sumarse a los canjes de 2005 y 2010, que
representan poco más del 7 % de la deuda pública en default desde 2001.
La
iniciativa recibió el apoyo de gobiernos y organismos de crédito, que
celebraron el regreso de la Argentina a la comunidad financiera internacional.
La mayor parte de los bonos impagos fue adquirida por
grandes grupos de inversión, identificados como “fondos buitre”. Estos
compraron esos títulos a 30 dólares por cada lámina de 10 y ahora–con el
respaldo de varios fallos judiciales–exigen más de 300 dólares por cada título.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández
aceptaron, en su momento, litigar contra los fondos buitre en los tribunales de
Nueva York, que era la sede elegida por la Argentina para dirimir cualquier
diferencia. El juez Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva York
fallaron sucesivamente a favor de los bonistas, mientras que la Corte Suprema
de Estados Unidos no aceptó la apelación de nuestro país, por lo que quedaron
vigentes los fallos. Esos dictámenes convalidaron el reclamo de quienes no
aceptaron los canjes, los cuales suponían en la práctica una quita del 63 %
promedio sobre los 150 bonos emitidos por la Argentina.
Un trabajo realizado por los catedráticos Juan José Cruces,
de la Universidad Torcuato Di Tella, y Tim Samples, de la Universidad de
Georgia, demostró que los siete bonos con mayor posesión por parte de los holdouts valen en la actualidad entre
256 y 419 dólares por cada lámina de 100, incorporados los intereses y recargos
por mora que se establecieron en el documento de emisión y la sentencia
judicial que avaló la demanda. “Fue el costo de no cerrar el problema a
tiempo”, enfatizó Cruces.
La investigación apunta que la oferta de los negociadores
argentinos equivaldría al pago de 150 dólares por bono, unos 17 dólares más por
título en relación con los entregados en el canje de 2005, que hoy valen unos
133 dólares si se consideran los pagos efectuados y la reinversión de
utilidades. Esa compensación extra por las sentencias judiciales y la
eliminación de la ley cerrojo por parte del Congreso podría dar pie a nuevos
reclamos de los bonistas que aceptaron los canjes, advirtió la oposición en el
Congreso.
La Argentina necesita salir del default para volver a
recibir créditos de los organismos internacionales y de los fondos de
inversión, lo cual le permitirá financiar el enorme déficit heredado y
concretar el plan de obras necesario para el crecimiento y desarrollo social.
El festejo del no pago de la deuda deja también dolorosas
lecciones que deben ser aprendidas por la sociedad y dirigencia argentinas.
Holdouts: el
costo del acuerdo hay que mirarlo en términos relativos y contrastarlo con
cuánto se ganaría y se dejaría de perder ¿Qué es más caro para el país:
arreglar con los holdouts y volver a
obtener financiamiento más accesible, o seguir sin pagar? Mauricio Macri tiene
clara la respuesta que prefiere. El cierre del capítulo del default de la deuda
pública (declarado a fin de 2001) traerá más beneficios que costos para el
país.
Uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno es
reducir la inflación; incluso le puso números a 2016: entre 20 y 25 %. Pese a
que son pocos los que confían en que esta meta se vaya a cumplir, no es un
objetivo imposible.
Pero para bajar 10 puntos la inflación a fin de año sin el
costo de una fuerte recesión es necesario financiar la transición (léase, un
déficit fiscal menor, pero aún elevado). Y es aquí donde el acuerdo con los
bonistas que no aceptaron el canje (fondos buitre incluidos) es clave. Según la
consultora Economía y Regiones, la Nación necesita endeudarse en 23.600
millones de dólares para lograr una inflación de 25 % (al reducir la emisión
del Banco Central). A esto habría que sumar las necesidades financieras de las
provincias, a las cuales la Nación les aseguró su apoyo en la toma de deuda (y
así, reducir la asistencia de la Casa Rosada). Y no hay que olvidar que Macri
pretende un ambicioso plan de infraestructura para recomponer el deterioro del
capital. Las obras, además de motorizar el crecimiento inmediato, mejorarán la
competitividad a mediano plazo.
Un acuerdo con los holdouts
permitiría reducir drásticamente el costo del endeudamiento de todos los
niveles del Estado y también de las empresas que quieran invertir.
En los últimos años, el “desendeudamiento” de los gobiernos
K (que sólo cambió acreedores externos por internos) llevó al país a quedar
marginado de los mercados, en una época de inmejorables condiciones. Países de
la región emitieron deuda a tasas inferiores al 5 %. Ahora, las condiciones
internacionales cambiaron, pero Argentina podría volver a ser atractiva si
cierra la deuda en default. No se trata de arreglar a cualquier precio, pero el
costo del acuerdo hay que mirarlo en términos relativos y contrastarlo con
cuánto se ganaría y se dejaría de perder.
(*) Economista
© Agensur.info
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