Este domingo habrá un
referendo para definir una modificación parcial que permita una potencial
candidatura
del actual mandatario en 2019.
Bolivia - Los
bolivianos decidirán el domingo en referendo si avalan una década de gobierno
de Evo Morales y le abren las puertas de la reelección, a la que aspira con el
aval del despegue económico del país, pero con el lastre de la corrupción, el
personalismo y los escasos avances sociales.
El referendo, más allá de definir sobre una reforma parcial
a la Constitución , pone en juego, según analistas locales, el modelo económico
y político que se construyó en Bolivia en los últimos 10 años, que hizo frente
a una economía de mercado y sin sistema privatista que enajenó las empresas
estratégicas y los recursos naturales.
La jornada del 21 de febrero, poco más de 6,5 millones de
electores acudirán a las urnas para pronunciarse sobre la potencial candidatura
del presidente Evo Morales en los comicios de 2019.
La mejora de la economía boliviana es incuestionable, con
crecimientos anuales de hasta el 6 %, y ha sido avalada por organismos
internacionales como el Banco Mundial, con datos objetivos como la disminución
de la pobreza extrema del 38,2 % al 17 %.
La nacionalización de los hidrocarburos en el 2006, una de
las principales medidas de Morales nada más llegar al poder, generó al Estado
ingentes ingresos gracias a la venta de gas a Brasil y Argentina, pero con la
caída de los precios del petróleo -a los que están indexados los de gas-, esos
beneficios han comenzado a mermar con rapidez.
Esa década de bonanza es el principal de los argumentos que
esgrime Morales, quien aspira a gobernar hasta el 2025 para poner en marcha la
llamada “Agenda patriótica”, un programa de medidas con el que se conmemorará
el bicentenario del país andino.
La oposición ha mantenido un enfrentamiento encarnizado con
el oficialismo en los últimos meses, y defiende que Morales no ha hecho sino
recoger los réditos de medidas impulsadas por gobiernos anteriores.
Además, los partidarios del “no” acusan al Gobierno de
despilfarrar millones en iniciativas que no eran imprescindibles para el país
-como un satélite, un enorme museo de regalos en el pueblo natal de Morales y
cientos de canchas de césped artificial- en detrimento de inversiones en los
precarios sistemas de salud y educación.
En el haber del mandatario está también el palpable
“empoderamiento” de los indígenas y el ascenso de una nueva burguesía de ese
origen, aunque con el matiz de que las etnias más beneficiadas por las nuevas
reglas sociales han sido los aimaras y los quechuas, mientras que los indígenas
del oriente boliviano han denunciado reiteradamente que el actual Gobierno les
discrimina.
De hecho, uno de los episodios más polémicos desde que
Morales llegó al poder se debió a la frontal oposición de los indígenas de la
Amazonía a un proyecto impulsado por el Gobierno para construir una carretera
atravesando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (Tipnis).
Otro de los grandes aciertos del gobernante es haber llevado
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y convertir en un asunto de
Estado el centenario reclamo boliviano de recuperar su litoral, perdido en una
guerra contra Chile en el siglo XIX.
Se trata de un asunto que une a todos los bolivianos y en el
que Morales ha involucrado directamente a todos los expresidentes del país,
opositores o no.
El particular y personalista estilo de gobernar de Morales
cosecha defensores y detractores por igual.
Quienes defienden el “sí” arguyen que es necesario que el
actual presidente gobierne hasta el 2025 para consolidar su llamado “proceso de
cambio”, mientras los opositores consideran un insulto pensar que solo Morales
puede garantizar el bienestar del país, y alertan de que se pretende modificar
la Constitución en beneficio de una persona.
El deplorable estado de la Justicia, la legalización del
trabajo infantil con 800.000 niños trabajadores en el país, los altos índices
de violencia machista y contra la infancia y los ataques a la prensa son otros
de los reproches que enfrenta Morales tras diez años en el poder.
Así las cosas, las dos opciones aparecían muy igualadas en
las encuestas, aunque un escándalo de última hora, el primero que involucra
directamente al presidente, ha inclinado la balanza hacia el “no”.
Aunque el Gobierno de Morales había afrontado ya escándalos
de corrupción como el del fraude del Fondo Indígena -proyectos “fantasma” que
recibieron cuantiosas ayudas pero no se ejecutaron-, en la última semana se
conoció que una expareja del mandatario es gerente de una empresa china con
jugosos contratos con el Estado.
El caso, bautizado como el “zapatazo” porque la exnovia de
Morales se llama Gabriela Zapata, ha causado indignación en el país y es el
primero que atañe de forma tan personal al gobernante, que acusa a Estados
Unidos de estar detrás de una “conspiración” en su contra.
La atmósfera previa al referendo, además, se tiñó de luto
esta semana con la muerte de seis personas en un incendio provocado por una
turba enfurecida en la Alcaldía de El Alto, antaño un bastión oficialista y
ahora gobernada por la oposición.
Un alto cargo del Gobierno acusó a funcionarios municipales
de haber provocado un “autoatentado”, mientras la alcaldesa y testigos
presenciales aseguran que entre la multitud enfurecida había personas
relacionadas con el oficialismo.
El trágico suceso ha tenido lugar en una ciudad de mayoría
aimara, la segunda más poblada de Bolivia, y que en ocasiones anteriores ha
sido capaz de rebelarse y deponer gobiernos.
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