Por Román Lejtman |
El ataque terrorista a la AMIA fue una respuesta política de
Irán, Siria y Libia a las promesas incumplidas de Carlos Menem, que en su
campaña electoral de 1988 recibió millones de dólares sucios a cambio de dos
centrales nucleares y el misil Cóndor.
Menem cerró ese acuerdo durante un encuentro que mantuvo con
representantes de Muammar Gaddafi en Roma y una audiencia concedida en Damasco
por Hafez al-Assad, adonde el entonces gobernador riojano le aseguró al
dictador sirio que Michael Dukakis vencería a George Bush en las elecciones de
Estados Unidos.
Ya en Balcarce 50, Menem quebró su oscura promesa y optó por
las relaciones carnales con la Casa Blanca. Todos pagamos su voracidad e
imprudencia: la AMIA fue atacada por una célula terrorista que asesinó a 85
personas, el 18 de julio de 1994. Y aún sus responsables están impunes.
Cristina Fernández de Kirchner conoce la trama secreta del
ataque terrorista a la AMIA y siempre fue consecuente respecto a Irán y Siria,
hasta que ordenó a su canciller que abriera una negociación secreta con
Teherán. Héctor Timerman, que también conoce la responsabilidad política de
Menem, no dudó frente a la instrucción presidencial y diseñó una hoja de ruta
que desembocó en el Memorando con Irán. Con esta sinuosa jugada política,
Cristina y Timerman nos pusieron en las alcantarillas del sistema diplomático
mundial.
Y el Memo, al final, fue declarado inconstitucional por los
tribunales argentinos.
El fiscal Alberto Nisman asumió que CFK no había cambiado su
posición histórica por una nueva perspectiva jurídica del caso AMIA. Nisman
entendió que la entonces Presidente y sus esperpentos oficialistas apostaban al
encubrimiento de los responsables del ataque a cambio de un formidable negocio
de granos y petróleo. En este punto, desde la perspectiva del fiscal asesinado,
Cristina y Menem actuaron parecido respecto a estados dictatoriales con
ideología antisemita: se sentaron a negociar sin medir las consecuencias
políticas e institucionales.
Cuando Nisman presentó su denuncia por encubrimiento contra
la Presidente y sus militantes, el gobierno peronista inició una caza de brujas
que incluyó la Procuración Nacional, los servicios de inteligencia, las Fuerzas
Armadas, los bloques legislativos, ciertos jueces federales que soñaban con el
perdón eterno, la Cámpora y los medios paraoficiales que aún recibían pauta del
estado nacional. Todo ese aparato para incendiar una denuncia que sólo exigía
investigar la posible comisión de delitos de CFK, Timerman y un puñado de
exégetas oficialistas que hacían negocios con Teherán.
El fiscal federal jamás llegó al Congreso para explicar las
evidencias e indicios del caso. Fue asesinado en su departamento de Puerto
Madero y el gobierno aprovechó su muerte para profundizar su descalificación
personal y forzar el archivo judicial de su denuncia penal. Nisman pagó con su
vida, una jugada política que inició CFK para supuestamente encontrar a los
responsables del ataque a la AMIA. Ahora, en lugar de 85 víctimas del atentado
terrorista, deberíamos contar 86. El fiscal federal es el asesinado 86.
Hace unos meses, en un juzgado perdido en el norte de
Italia, un magistrado investigaba un caso de corrupción que involucraba a
empresarios locales que tenían contratos de limpieza con un municipio que
apenas figura en el mapa. Ese magistrado se sorprendió cuando leyó en la
desgrabación de ciertas escuchas legales que aparecían nombres de políticos y
empresarios argentinos, venezolanos, uruguayos y bolivianos vinculados a la
trama de un negocio oscuro con Irán. El negocio ilegal consistía en trasladar
uranio argentino a Teherán.
A diferencia de Cristina Kirchner, el presidente Mauricio
Macri recibió a las hijas del fiscal asesinado y se comprometió a encontrar a
los responsables del crimen político. Macri tiene prevista una reunión con
Barack Obama, aunque aún no se sabe si será en Washington o en Buenos Aires. La
diplomacia de ambos países busca consensuar una agenda, pero está decidido que
ambos jefes de Estado protagonizarán una cumbre antes que empiece el invierno
en la Argentina.
En esa cumbre diplomática, Macri puede empezar a cumplir la
promesa a las hijas de Nisman: una copia de la investigación del magistrado
italiano ya está en Washington. Y en esa copia, se pueden leer nombres de ex
funcionarios argentinos que trabajaron bajo las órdenes de Cristina, una
presidente que conocía todo lo que pasaba en su gobierno. Son un puñado de
fojas, pero su contenido permitiría presentar sin inconvenientes procesales la
denuncia que le costó la vida al fiscal federal.
Parece una casualidad permanente, como le gustaba decir a
Menem cuando se conocía un caso de corrupción de su gobierno, pero el dossier
italiano refiere al tráfico ilegal de uranio justo cuando Timerman por orden de
Cristina redactaba el Memorando con Irán. Hace 366 días, Nisman apareció muerto
en su departamento. Aún no descansa en paz.
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