En un documento público, esa organización afirma que el plan oficial constituye "una pena
de muerte sumaria encubierta".
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| Reunión de la Nación y las provincias para declarar la emergencia en seguridad que cuestiona el CELS. |
Nacionales - El Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó como
"inconstitucional" el decreto que declaró la emergencia en seguridad
nacional por entender que constituye "una pena de muerte sumaria
encubierta" y advirtió que "ya se ha demostrado que este camino no
tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales".
Asimismo, la organización apuntó que la decisión del
Gobierno "produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y
defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior".
"El Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en
seguridad a través de un decreto que, sin apoyarse en diagnósticos claros, pone
en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas
de seguridad", transmitió el Cels en un comunicado.
La organización protestó porque "para dar respuesta a
demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero
ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva
llega a habilitar una pena de muerte encubierta".
Para el CELS, "sobran pruebas" de que este plan de
emergencia solo sirve "para incrementar los niveles de violencia y las
violaciones a los derechos humanos".
El texto completo del
documento es el siguiente:
Ante la declaración de
la emergencia en seguridad
Declaración promovida
por el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia
El Poder Ejecutivo
Nacional declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto que, sin
apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las
peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para dar respuesta a
demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero
ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva
llega a habilitar una pena de muerte encubierta.
El decreto expresa un
enfoque que considera que el narcotráfico es “la principal amenaza a la
seguridad de los argentinos” y lo transforma en la explicación de los problemas
relacionados con el delito y la violencia. Así se intenta justificar que para
detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es
necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales. Sin tener
ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa
principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los
recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha demostrado que este
camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas
ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las
redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar
los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El decreto caracteriza
al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional e inscribe a las
políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas” que EEUU
prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio territorio.
Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima
de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas
de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas
Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y
no de defensa nacional. Esta decisión produce un quiebre en la distinción entre
seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno
anterior.
Las FF.AA. no se
limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la
potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar
a las autoridades políticas para hacerlo. Esta medida es inconstitucional desde
el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en
contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía
constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que la
intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto
beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia.
La emergencia no
reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de
profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser
un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los
sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención. En lugar de
ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepción para aumentar el
número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Por ejemplo,
se autoriza la convocatoria a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada
reiteradas veces y que no aporta nada positivo, pero que desprofesionaliza a
las fuerzas de seguridad. Estos cuerpos policiales reforzados, que mantienen
los mismos problemas de violencia y corrupción, son luego destinados a
operativos de saturación en barrios pobres, sumando un problema más a las
situaciones cotidianas de violencia que se viven en algunos de estos barrios.
Al mismo tiempo, la declaración de emergencia habilita al poder ejecutivo a
incrementar los gastos en tecnología y armamento y debilita los sistemas de
control para las contrataciones estatales.
La declaración de
emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más
de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz,
sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados.
La declaración de emergencia
no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados
ilegales como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos
provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero. Al mismo
tiempo, los nombramientos en la unidad encargada de elaborar estas políticas no
parecen ir en el sentido de incrementar el control. Tampoco se han dado a
conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y
política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los crímenes
mafiosos. Para promover una verdadera política de Estado para enfrentar los
complejos fenómenos del delito y la violencia no es posible dejar de lado la
necesidad de profesionalizar las instituciones policiales y el sistema de
Inteligencia. Al mismo tiempo, debería jerarquizarse el trabajo preventivo
territorial, en particular con los jóvenes y los niños.
Las políticas de
seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagnósticos
rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad
declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate
serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar los problemas
del delito y la violencia. Diversos espacios políticos, sociales y académicos,
entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia,
venimos planteando que la obligación del Estado de dar seguridad a los
ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de
acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e
ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de
políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones
perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
Grupo coordinador
Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia: León Carlos Arslanian, Alberto
Binder, Gastón Chillier, Enrique Font, Gabriel Kessler, Gustavo Palmieri, María
Victoria Pita, Marcelo Saín, Sofía Tiscornia, Paula Litvachky, Marcela
Perelman, Manuel Tufró, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique del
Percio, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl
Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez
Ocampo.
Horacio Verbitsky,
Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Solá, Jorge Taiana, Eduardo Valdes,
Hermes Binner, Rafael Gentili, Leonardo Grosso, Dante Caputo, Rut Diamint,
Carlos Acuña, Victoria Donda, Gabriel
Puricelli, Juan Manuel Abal Medina, Nito Artaza, Paula Alicia Ciciliani, Juan
Pablo Cafiero, Roberto Gargarella, Germán Montenegro, Alicia Pierini, Manuel
Garrido, Eduardo Rinesi, Ana Jaramillo, Hernán Patiño Mayer, Humberto Tumini,
Juan Sasturain, Carlos Gabetta, Mempo Giardinelli, Maristella Svampa, Paula
Canelo, Khatchik Derghougassian, Pablo Bergel, Marcelo Leiras, María Esperanza
Casullo, Gabriel Anitua, Hugo Spinelli, Andrea Catenazzi, Silvia Guemureman,
Virginia Manzano, Sebastián Pereyra, Máximo Sozzo, Esteban Rodríguez Alzueta,
Alberto Schprejer, Mario Pecheny, José Garriga Zucal, Natalia Bermúdez,
Alejandra Otamendi, Martín Becerra, Juan Tapia, Pablo Alabarces, Alberto
Bovino, Ileana Arduino, Jorge Ceballos, Roberto Cipriano, Victor Mendibil,
Gabriel Ganon, Alejandro Grimson, Lila Caimari, Diego Tatián, Susana Morales,
Magdalena Brocca, Natalia Federman, Alfredo Lazzeretti, Graciela Cousinet,
Federico Masso, Isaac Rudnik, Edy Binstock, Ángela Oyhandy, Juan Carlos
Manoukian, Gabriel Bombini, Eduardo Tavani, Pablo Semán, Cecilia Ales, Daniel
Lvovich, María Marta Bunge, Norberto Alayón, Daniel Badenes, Diego Sztulwark,
Eva Muzzopappa, Mariano Ciafardini, Silvina Segundo, Roberto Pittaluga, José
Massoni, Emilio Crenzel, Carla Villalta, María José Sarrabayrouse Oliveira,
Brenda Canelo, Paula Abal Medina, Patricio Brodsky, Raquel Witis, Jorge Witis,
Catalina Smulovitz, Leandro Halperin, Ana Natalucci, Valeria Barbuto, Leonor
Arfuch, Julián Axat, Alejandra Oberti, Julio Maier, María Inés Peralta, Mariano
Faraci, Alejandro Cattaruzza, Santiago Garaño, Mabel Grimberg, Luis Belloli,
Horacio Alcuaz, Gabriela Seghezzo, Araceli Díaz, Mario Alberto Juliano, Mariana
Silvina, Mariana Casullo Amado, Jorge Cernadas, Marcela Bonifacio, Dante
Peralta, Laura Duarte, Carolina Mera, Horacio Javier Etchichury, Stella Onetto,
Juan Carlos Radovich, Héctor Tri Heredia, Adrián Berardi, Jorge Bernetti, Nora
Delia Rabotnikof, Dante Ganem, Alejandro Blanco Araujo, Mariano Perelman, Telma
Luzzani, Adriana Rodríguez Pérsico, Ana Castellani, Jorge Rachid, Jorge Elbaum,
Mónica Macha, Juan Piovani, Diego Galeano, Jaime Garreta, Eugenia Cozzi,
Verónica Gago, Neka Jara, María Medrano, Alberto Spagnolo, Mario Santucho,
Alejandra Rodríguez, Diego Skliar, Julio Burdman, Sandra Raggio, Rodrigo
Pomares, Stella Martini, Paola Bergallo, Gabriel Bombini, Oscar Rovito, Carola
Cóncaro, Vicente Palermo, Martín Plot, Marisa González de Oleaga, Verónica
Heredia, Lucía Diforte, Aníbal Viguera, José Machain, Pablo Vommaro, Julián
Bertranou, Diego Kantor, Guillemo Piccolini, Liliana Inés Cabrera, Melina
Vazquez, Gabriel Alberto Lanaro Ojeda, Pedro Pablo Curotto, Iván Schuliaquer,
Amelia Rosa Baez, Daniela Slipak, Beatriz S. Diez, Philip Kitzberger, Pedro
Núñez, Sergio Eissa, Jorge Pinedo, Raquel Castronovo, Cecilia Senen González,
Déborah Daich, Claudio Cholakian, Raúl Gustavo Ferreyra, Miguel Talento, María
del Carmen Bianchi, Ana Clement, Concepción Palumbo, María Cristina Alvite,
Raúl Salinas, Pao Legay, Graciela Guilis, Guillermo Izaguirre, Verónica
Devalle, Mónica Tarducci, Leandro Andrini, Pablo Valle, Joan Patrice Mc Sherry,
Beatriz Garrido, Mercedes Roffe, Francisco Figueroa, Roberto Manuel Carlés,
Silvia Renee Horne, Aída Loya, Adrián Martín, Patricia Sadovsky, Horacio
Gárgano, Solange Novelle, Julia Risler, Gastón Bosio, Andrea Saidman, Alfredo
Pérez Galimberti, Alejandro Hener, Alicia Azubel, Jorge Kors, Fernando Javier
Davis, Norma Lanciotti, Enrique Tenenbaum, Sergio Costigliolo, Noé Jitrik,
María Rosa Díaz, Josefina Ludmer, Roberto César Iglesias, Cecilia Trosman,
Luciano Anzelini, María Rosa Glasserman, Julián López, Pablo Turnes, Stella
Maris de Filpo, María Susana Garceron, María Lucrecia Rovaletti, Daniela Inés
Monje, Diana Laurencich, Pablo Lupich, Nadia Koziner, Gustavo Arballo, Daniel
Cholakian, Beatriz Sara Sedler, Juan Pegoraro, Mabel Manzanal, Oscar M. Blando,
Marta Fernández Patallo, Sandra Mutal, Matilde M. Bruera, Laura Golbert, Nélida
Alicia Barber, Stella Martini, Andrea Laura Costa, María Rosa Neufeld, Jens
Ariel Thisted, Hugo Rapaport, Manuel Balán, Susana Cohen, Carina V. Kaplan,
Silvia Wikinski, Mariana Wikinski, Matías Cerezo, Irene Konterllnk, Daniel
Slucki, Fernando Kron, Nora Schappapietra, María Iribarren, Ana Pérez
Luzuriaga, Alicia Pahn, Juan Sebastián Galarreta, Richard Trincheri, Azucena
Racosta, Hugo Urquijo, Alfredo Tagle, Gustavo Germano, Lydia Statile, Emilce
Moler, Raúl Courel, Julio Darío Burdman, Florencia Brescia, Celina Van
Dembroucke, Alberto Kornblit, Daniel Navarro, Cecilia Checha Merchan, Fernando
Gauna Alsina, Ana María Svampa, Jimena Néspolo, Rubén Schrott, Elizabeth Jelin,
Miguel Angel Rossi, Laura Fernández, Darío Rubinstein, Patricia Saltanovich,
Gabriel Pérsico, Francisco Gorostiaga, Norberto José Ferreyra, Susana
Margulies, Luciano Nosetto, Ursula Kirsch, Lyllan Silvana Luque, María Cristina
Cravino, Daniel Erbetta, Hugo Piotti, Irene Di Matteo, Soledad Gesteira,
Luciana Torres, María Florencia Gentile, Juan Carlos Perone, Débora Gorban,
Mariana Galvani.
Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
ANDHES, Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigación y
Acción Jurídica (CIAJ), Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de
Buenos Aires (CPM), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
(ILSED), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), Intercambios Asociación Civil, Programa Universidad y Cárcel
(Universidad Nacional de Córdoba), Xumek, Organización Barrial Tupac Amaru,
Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP), Yo No Fui
Asociación Política y Social, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona
Norte, Colectiva de Antropólogas Feministas, Asociación de Mujeres Meretrices
de la Argentina, Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho
Penal, El Piojo Comunicación Infantil, Asociación de Reducción de Daños de la
Argentina, Cladem Argentina - Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres, Casa de la Memoria y Resistencia Jorge
Nono Lizaso, Asociación Civil Radio La Cantora, Corriente Política y Social La
Colectiva, Atrapamuros - Colectivo de Educación Popular en Cárceles, El Agora,
Asociación Civil Madre Tierra.
Siguen las firmas…
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