La gobernadora Alicia
Kirchner enfrenta varios conflictos
y ya hay un ministerio tomado por
trabajadores.
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| Alicia Kirchner enfrenta varios conflictos por la falta de fondos en la provincia de Santa Cruz. |
Nacionales - La
gobernadora de Santa Cruz, Alicia
Kirchner, anunció que implementará por decreto un “reordenamiento” de la administración pública
y confirmó que los ingresos propios no alcanzan para pagar los salarios,
mientas avanzan los despidos y hay un ministerio
tomado desde antes de Navidad.
En simultáneo, el intendente opositor de Río Gallegos,
Roberto Giubetich, anunció la
declaración de emergencia económica para la
capital provincial debido a las necesidades financieras urgentes que no podrá afrontar con recursos propios.
Kirchner firmó un decreto que contempla la realización
de una auditoria de los trabajadores de
la Administración Pública provincial: “Hoy
no sabemos a ciencia cierta cuántos son”,
sostuvo la gobernadora.
Tanto Kirchner como el macrista Giubetich acusaron por la
crítica situación del fisco a sus antecesores, por mala administración del
erario público e ingreso indiscriminado de personal a la plantilla de
trabajadores.
Hasta el 10 de diciembre, con un Gobierno nacional afín, tanto
el gobierno provincial como los municipios que eran kirchneristas (ocho)
recibían asistencia financiera en forma directa por parte de Nación.
Hasta el momento no ha existido confirmación alguna por
parte de las autoridades nacionales que habrá asistencia para que Kirchner y
los intendentes puedan abonar los salarios de diciembre, a principios de enero.
Alicia Kirchner, en tanto, enfrenta por estos días varios
focos de conflicto, ante la decisión
política de no renovar contratos que se
vencían el próximo 31 de diciembre: afectará a unos 600 trabajadores del
Ministerio de Desarrollo Social.
Un grupo de trabajadores, apoyados por la Asociación de
Trabajadores Estatales (ATE) tomaron el edificio de la cartera social y
permanecen allí desde antes de Navidad: tras un corte de ruta el lunes, se
abrió una mesa de diálogo que aún no arrojó resultados positivos.
Alrededor de unos cien trabajadores se encontraron el lunes
con que se les impidió el acceso al Consejo Provincial de Educación cuando se
presentaron a cumplir con sus funciones: les notificaron del cese de su contrato.
Entre los afectados por las cesantías había mujeres
embarazadas y trabajadores que hace
cuatro años prestan servicios como
contratados, con renovaciones que se realizaban cada doce meses en forma casi automática.
Informe: EC
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