La mandataria
brasileña dijo que los pedidos de varios juristas y partidos opositores “son
inconsistentes”.
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| La presidenta Dilma Rousseff dijo que el pedido de juicio político en su contra es "inconsistente". |
Brasil - La
presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se declaró “indignada” frente a la
decisión del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, de promover un juicio
político en su contra y aseguró que no existe ninguna base jurídica para ello.
“Recibí con indignación la decisión del presidente de la
Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo
brasileño”, declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio
presidencial de Planalto.
La mandataria aseguró que las bases en que se apoyó Cunha
para dar lugar al pedido de varios juristas y partidos opositores “son
inconsistentes” y no se fundamentan en “ningún acto ilícito”.
“No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero
público, no tengo cuentas (ocultas) en el exterior y no presioné a
instituciones o personas”, dijo Rousseff en una clara alusión a Cunha,
implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras y acusado precisamente por
ese tipo de irregularidades.
También aludió a supuestas negociaciones que Cunha habría
hecho con miembros de la base parlamentaria oficialista para intentar evitar un
proceso que el Consejo de Ética de la Cámara baja se propone abrir en su
contra.
“Jamás aceptaría” negociaciones de esa naturaleza y “mucho
menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los
principios éticos que deben gobernar la vida pública”, declaró.
Rousseff dio estar “tranquila” y convencida de “la
improcedencia” de esa iniciativa en su contra, de la cual afirmó que será
archivada por el Congreso.
“No podemos dejar que se sacuda a la democracia”, declaró la
jefa de Estado, y apuntó que los brasileños deben confiar “en nuestro Estado
democrático de derecho”.
Cunha aceptó un pedido de juicio político con fines de
destitución presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición
que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo
para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según
fiscales de organismos de contraloría del Estado.
Esas maniobras, según sostiene la oposición, suponen un
“delito de responsabilidad fiscal”, que la Constitución contempla como una de
las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
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