Los fiscales
federales consideraron que existe el riesgo de que el suspendido magistrado se
fugue ante una eventual destitución.
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| Fiscales federales pidieron que el juez Raúl Reynoso no pueda salir del país ante la posibilidad de que se fugue. |
Salta - Los
fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias reclamaron que se le
prohíba la salida del país al juez de Orán, en Salta, Raúl Reynoso, procesado
por beneficiar a narcotraficantes a cambio de sobornos y a quien la semana
pasada el Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendió en su cargo y
envió a juicio político por presunto mal desempeño para que sea destituido.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los fiscales le hicieron el pedido al juez federal de
Salta Julio Bavio al considerar que existe riesgo de que Reynoso se fugue del
país ante una eventual destitución del cargo que lo podría llevar a la cárcel.
Si bien Reynoso no perdió sus fueros tras la decisión del
Consejo, la Fiscalía entendió que una eventual salida del país del magistrado
por su función de juez quedó perdida con la suspensión en su cargo.
Bavio procesó a Reynoso a fines de noviembre por los delitos
de asociación ilícita, concusión y prevaricato al considerarlo jefe de una
organización que desde su juzgado liberaba y favorecía con resoluciones
judiciales a personas acusadas de narcotráfico a cambio del pago de coimas.
También fueron procesadas otras personas, entre abogados y
un empleado del juzgado federal de Orán que participaban de las maniobras.
El procesamiento de Reynoso fue dictado con prisión
preventiva, por lo que quedará detenido en caso que sea destituido de su cargo,
y un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes.
Villalba, fiscal federal de Salta, e Iglesias, titular de la
Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), investigaron y pidieron el
procesamiento de Reynoso porque en una docena de causas detectaron beneficios
procesales, como libertades, exenciones de prisión y faltas de méritos, a
personas detenidas por narcotráfico en Orán, en la frontera con Bolivia y uno
de los lugares más calientes del país del paso de drogas.
Una de las acusaciones contra el juez es por recibir un
campo de 700 hectáreas, que fue puesto a nombre de un empleado de su juzgado,
de parte de un hombre acusado del tráfico de una tonelada de cocaína que luego
fue sobreseído y liberado.
El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió
a juicio político a Reynoso por mal desempeño de sus funciones por otra causa.
El Consejo lo acusó de detener a un abogado que había
amenazado a Reynoso, cuando el juez debió hacer la denuncia para que intervenga
otro magistrado.
El abogado fue detenido el 24 de diciembre del año pasado y
pasó más de 20 días detenido sin que Reynoso le diera intervención al fiscal y
demorara la tramitación de la causa.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene 180 días
para realizar el juicio político a Reynoso y decidir si lo destituye o rechaza
la acusación y lo confirma en el cargo.
El envío a juicio político fue aprobado por los abogados
Miguel Piedecasas y Adriana Donato; los jueces Luis María Cabral y Leonidas
Moldes; y los radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés; mientras que el
representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, se abstuvo de votar para
evitar una posible nulidad ya que no integraba el organismo cuando se inició la
causa en el Consejo contra Reynoso.
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