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| Por Gabriel Profiti |
Lo contó el propio Mauricio Macri en una reunión con
colaboradores del gabinete económico: Cristina Kirchner sigue llamando a
diputados y senadores para endurecer el perfil opositor de las bancadas del
Frente para la Victoria.
Tanto para Macri como para sus interlocutores lo llamativo
es que haya legisladores que sigan acatando las órdenes de la expresidenta, más
allá del núcleo de ultras que ella misma ubicó estratégicamente en las listas
del FPV.
Tal como dio cuenta NA, uno de las últimas intervenciones de
Cristina desde El Calafate fue en la Comisión Bicameral del Congreso encargada
de dictaminar sobre los DNU presidenciales, cuerpo para el que pidió con éxito
que la camporista Anabel Fernández Sagasti reemplazara a Pedro Guastavino.
Esa comisión está repartida en ocho legisladores por el
nuevo oficialismo y ocho por la oposición y todavía no pudo acordar su
conducción. Los del Frente para la Victoria, camporistas o de provincias no
gobernadas por el PJ, responden a Cristina Kirchner.
Precisamente, la dama de hierro argentina se afirma en el
estado de virtual acefalía del PJ, donde aquellos legisladores que no tienen a
un jefe político al que responder siguen acatando sus directivas por las dudas
de que termine conduciendo al peronismo fuera del poder o para evitar una
fractura anticipada.
En el partido fundado por Juan Domingo Perón no todos están
dispuestos a seguir bajo la conducción férrea de Cristina y ya se prevén
divisiones como ocurrió en el Senado bonaerense.
El más claro en esa oposición es el gobernador de Salta,
Juan Manuel Urtubey, quien advirtió que si la exmandataria quiere continuar
liderando al partido deberá ir a internas.
En principio, el PJ convocó a un congreso partidario en
febrero para definir la fecha de elecciones -sería a mediados de abril- en las
que podrían votar todos los afiliados.
Con la duda sobre qué hará la ex jefa de Estado, Urtubey y
Jorge Capitanich -ahora intendente de Resistencia- aparecen como aspirantes al
cetro. Daniel Scioli, como Cristina, tampoco está dispuesto a aceptar una
jubilación política anticipada.
Muchos dirigentes plantearon la necesidad de que el nuevo PJ
integre a todas las vertientes, incluyendo a José Manuel de la Sota, Sergio
Massa y los gobernadores Mario Das Neves (Chubut) y Carlos Verna (La Pampa),
enemistados con el kirchnerismo.
Macri satura la
agenda
Macri mira con atención este proceso, sabiendo que la
oposición del PJ puede ser más dura o más dialoguista de acuerdo con quien se
erija en conductor. Mientras tanto antagoniza todo lo que puede con la etapa
precedente.
La cruzada económica, especialmente la salida del cepo
cambiario, salió inicialmente como esperaba. Todavía hay una pulseada en
ciernes para evitar que la devaluación se traslade lo menos posible a precios y
que luego las paritarias no terminen por moldear una caída del poder
adquisitivo de los salarios.
Los gremios están en guardia. No se vislumbra un escenario
de conflictividad manifiesta, pero tampoco parece sencillo el acuerdo social
entre empresarios y sindicalistas al que el Gobierno apuesta para controlar la
inflación y lograr cierta estabilidad económica en su primer año en el poder.
El conflicto con los trabajadores de la avícola Cresta Roja
puso a prueba al nuevo elenco gubernamental. Por un lado intervino para dar
contención a los 3.200 empleados que quedaron sin paraguas, pero por otro
liberó con represión el acceso al Aeropuerto de Ezeiza que los manifestantes
mantenían cortado.
Cresta Roja es el reflejo de la peor herencia K. Creció al
calor de acuerdos opacos con Venezuela y luego se mantuvo con subsidios
oficiales sin control.
Ahora, la solución pasa por la absorción de la marca
declarada en quiebra por parte de otra empresa del sector. El Gobierno de
Cambiemos ya dijo que no habrá más financiamiento público.
Mientras, la nueva administración busca hacer pie en una
cuestión sensible: la de los cortes de ruta. La ministra Patricia Bullrich dijo
que trabaja en un protocolo para que un derecho a la protesta no colisione con
el de circulación. Es un reclamo histórico de un sector importante de la sociedad,
pero no deja de ser riesgoso sobre todo porque a la hora de reprimir suele
haber excesos por parte de las fuerzas encargadas de hacerlo.
La avanzada macrista contra el legado K alcanzó a la
autoridad de aplicación de la Ley de Medios, AFSCA, después de que su titular,
Martín Sabbatella, se negara a dejar el cargo, amparado en la ley que
descentralizó su funcionamiento del Ejecutivo.
La pelea configura el reino de la hipocresía. El cristinismo
se ampara en una ley que aplicó de manera arbitraria desde su sanción y Macri,
supuesto custodio de la institucionalidad perdida, actúa con un decreto para
intervenir el organismo por encima de una norma votada por el Congreso.
El ariete para avanzar judicialmente sobre la AFSCA fue el
fiscal federal Carlos Stornelli, quien tiene una relación con el macrismo por
haber sido jefe de Seguridad de Boca Juniors e imputó a Sabbatella por
"abuso de autoridad".
Stornelli, además, pidió esta misma semana al juez Daniel
Rafecas una serie de medidas para reactivar la causa Hotesur, que involucra
seriamente a la ex familia presidencial.
A partir de estos movimientos, el kirchnerismo le cuestiona
a Stornelli lo mismo por lo que el macrismo pide la renuncia de su jefa, la
procuradora Alejandra Gils Carbó: falta de imparcialidad.
© NA
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