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| Por Luis Alberto Romero |
El nuevo gobierno está enfrascado en lo urgente y riesgoso.
Su prioridad es acomodar una economía trastocada con el menor costo social
posible y organizar el apoyo político para lanzar y sostener el programa de
reconstrucción institucional. A falta de un buen acuerdo previo, deberán
construirlo día a día, en el Congreso y con los gobernadores, combinando los
métodos republicanos predicados en la campaña con algo de la vieja manera.
Los grupos de interés ya están mandando advertencias. Los
cortes de calles se intensifican y recuerdan la capacidad de protesta de un
vasto universo social. Los sindicatos reclaman aumentos de emergencia. A los
empresarios se los ve más contentos, pero cada uno sigue defendiendo su
franquicia o privilegio. La mismísima Corte Suprema recordó que, como en 2002,
una decisión suya, hostil o simplemente errónea, puede desencadenar una crisis.
La lista crecerá cuando muchos prebendados del antiguo régimen sean apartados
del maná presupuestario. Pero sobre todo el "cristinismo" ha
declarado la guerra a muerte, defendiendo cada posición como los japoneses las
islas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial.
El Gobierno viene siguiendo el camino de la apertura, la
conciliación y los acuerdos racionales. Pero a la vez ha dado muestras de
firmeza para zanjar situaciones potencialmente complicadas. Hay que ser San
Francisco para domesticar al lobo sólo con palabras de paz. Nuestros
gobernantes necesitan, al menos al principio, puño de hierro en el guante de
seda.
El Gobierno viene usando su puño con prudencia, eligiendo
las cuestiones donde es necesario el tajo que corte el nudo gordiano. No ignora
la oposición de una parte de la opinión pública que, sin la responsabilidad de
decidir, puede ser fiel a sus principios. Pero tiene el crédito de los
"cien días iniciales", y lo invierte, apostando a incrementarlo, en
decisiones cruciales, como la designación de nuevos miembros de la Corte. Lo
importante es que los gobernados controlen que estos golpes de efecto sean
excepcionales.
El nuevo gobierno ha recibido un mandato, más amplio que el
indicado por los votos, para una tarea que arranca con el restablecimiento de
las instituciones y el Estado de Derecho, una tarea en la que, sorpresivamente,
colaborará el cristinismo. También se esperan de él otras cosas tan básicas
como difíciles: reordenar la macroeconomía, reconstruir el Estado y comenzar a
avanzar hacia la "pobreza cero". En eso se concentrarán por ahora los
gobernantes, las partes interesadas y quienes los vigilan y controlan.
Sería un grave error limitarse a eso. Queda otra tarea, que
no es urgente sino muy importante: iniciar y mantener vivo el debate sobre las
cuestiones más generales del país que habrá que resolver cuando se haya
alcanzado un cierto grado de normalidad. El temario general ya ha sido
planteado antes de las elecciones en los diversos ámbitos de discusión pública
y fue aceptado por las principales fuerzas políticas, con excepción del FPV.
Pero son enunciados generales, tras los cuales hay discrepancias y alternativas
que hacen al rumbo futuro, que deben comenzar a discutirse.
Un punto prioritario es poner en pie el Estado: la
institucionalidad, el funcionariado, la transparencia, el control de gestión y
la rendición de cuentas. Esto es lo básico. Luego comienzan las cuestiones que
implican opciones, como por ejemplo el diseño institucional. ¿Cómo coordinar la
gestión del gobierno nacional, de los provinciales y los locales, y en especial
el área metropolitana, que es un galimatías jurisdiccional? ¿Será el momento de
debatir sobre la actual división en provincias?
Una vez que el Estado se libere de sus oscuras vinculaciones
con empresarios prebendados habrá que discutir, como en cualquier país normal,
sobre las relaciones entre el Estado y el mercado. ¿Cuánto de regulación
estatal es deseable y en qué áreas? ¿Cuánto de promoción sectorial y para qué?
¿Conviene que haya empresas estatales? En cuanto a la inversión pública, las
urgencias son tantas que habrá que sopesar las prioridades: por ejemplo
construir viviendas o centrales eléctricas.
Una discusión similar se refiere al compromiso del Estado
con la equidad social, para compensar los desniveles, hoy abrumadores, que
genera el mercado. ¿Cómo reemplazar el actual sistema de subsidios
clientelares? Las opciones van desde el retorno a las antiguas políticas
universales, justas pero difíciles de sostener, hasta la mejora del actual
sistema de intervenciones focalizadas, limitado y propenso al clientelismo,
pero más acorde con las escasas capacidades del Estado.
En cada caso, hay que partir de que los recursos son finitos
y de que, en definitiva, alguien paga con sus impuestos lo que el Estado gasta
o invierte. Pensar en esos términos sería un avance extraordinario hacia la
ciudadanía fiscal, hoy endeble. Pero los impuestos plantean dos preguntas
difíciles sobre cómo se distribuye la carga impositiva y cómo se reparte lo
recaudado entre las provincias y la Nación. Ambas son cuestiones tan urgentes
como difíciles de resolver en términos de un interés general que vaya más allá
de las legítimos reclamos de las partes.
La variada agenda social tiene su expresión más aguda en el
mundo de la pobreza. Hay coincidencia en que la educación es una variable
estratégica, pero hay poco acuerdo sobre cómo mejorarla. ¿Cómo combinar la
calidad educativa con la inclusión escolar? ¿Lo prioritario es manejar una
computadora o aprender matemática? Más dramáticos son los dilemas en el área de
la seguridad, donde las opiniones oscilan entre la "mano dura" y el
"garantismo". ¿Por dónde pasará la línea intermedia?
Bastan estos ejemplos para mostrar que en cada caso, más
allá de las tareas urgentes, en las que el acuerdo es fácil, hay otras
controversiales, que hacen al futuro. Hay que promover un debate público
amplio, en el que participen todos los interesados. Es posible que los
gobernantes, funcionarios estatales y políticos estén por ahora absorbidos por
lo urgente, de modo que al principio habrá que arreglárselas sin ellos. En
cambio, se puede contar con las iglesias, universidades, academias, Fuerzas
Armadas, colegios profesionales y otros grupos de interés. Los empresarios ya
dan el ejemplo de opinar sobre cuestiones generales, algo que debería ser
imitado por los sindicatos.
El que no puede faltar es el mundo del asociacionismo voluntario,
extenso y fragmentado, que hoy busca articular sus voces. Hay allí capacidad de
gestión focal -que el Estado debe aprovechar, dados sus escasos recursos- y
sobre todo muchísimo saber acumulado sobre cada una de las cuestiones de la
agenda social y la agenda ciudadana. Su voz es indispensable para enriquecer y
darle carnadura al debate. Finalmente están quienes opinan a título personal, a
partir de algún conocimiento específico o de una visión general de los
problemas. Suelen ser el grano de sal de las discusiones. Sería bueno no
llamarlos "intelectuales": no son una casta cerrada de pensadores
esclarecidos, sino simples ciudadanos comprometidos.
¿Cómo se debate? La forma es esencial para el resultado. No
se trata de buscar rápidos consensos. Por el contrario, lo útil está en el
choque de ideas y en la confrontación, dura y agria, siempre que quienes hablan
también escuchen y esperen aprender, de modo que al final quien imponga sus
puntos de vista haya incorporado los del otro. Los consensos surgirán sin que
nadie se lo proponga, pero también importarán los disensos y las opciones.
Es posible que, cuando se llegue a este punto de
esclarecimiento y definición de las opciones, el gobierno -éste o el que le
siga-habrá concluido la tarea de reconstrucción y ordenamiento. Entonces,
gobernantes, funcionarios y políticos pondrán en marcha los mecanismos de la
democracia para tomar las decisiones del caso. Falta mucho para eso, pero no
tanto. Hoy es responsabilidad de la sociedad civil, sus organizaciones y sus
actores organizar la agenda, los temas y las grandes opciones. Ésa es nuestra
tarea.
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