Es el que
desfinanciaba a la ANSeS y fue una cautelar solicitada por un grupo de
jubilados.
Judiciales - La
justicia dictó este miércoles una medida cautelar contra el Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) que desfinanciaba a la ANSeS y condicionaba
financieramente al nuevo Gobierno.
El mismo fue impulsado por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
La acción judicial fue requerida por un grupo de jubilados,
y patrocinada por el abogado especialista en derecho administrativo Ezequiel
Cassagne. La jueza en lo contencioso administrativo Nº 10, Liliana Heiland,
hizo lugar al planteo cautelar y ordenó suspender el referido decreto.
La jefa de Estado decidió unilateralmente y de manera
sorpresiva, a pocos días de dejar el gobierno, extender a todas las provincias
los alcances de un fallo de la Corte que sólo se aplicaba a las Provincias de
Córdoba, Santa Fe y San Luis, por el cual se reconocía el derecho de esas tres
provincias a que se les deje de retener el 15% de la coparticipación federal de
impuestos que era utilizado por los gobiernos para financiar la ANSeS.
De este modo, la generalización efectuada por medio de un
decreto de necesidad y urgencia le quitaba al nuevo gobierno la posibilidad de
negociar con las restantes provincias, algunas de las cuales incluso habían
renunciado a efectuar reclamos similares.
“El decreto de
necesidad y urgencia es a todas luces inconstitucional, pues no están dadas las
circunstancias excepcionales que habilitan el dictado de tales decretos, mucho
menos a escasos días de un cambio de gobierno” afirmó Cassagne, quien además
aclaró que “los mismos funcionarios del gobierno saliente, como Diego Bossio,
manifestaron públicamente que una medida como el DNU cuestionado perjudicaría a
la ANSeS, pero ciertamente con las elecciones ya definidas algo cambio y
decidieron que la bomba le estalle al nuevo Gobierno”.
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