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| Por Román Lejtman |
Mauricio Macri no reniega de la negociación política y
pretende gobernar a través de acuerdos institucionales que impliquen respetar
sus promesas de campaña electoral. Por eso decidió nombrar en comisión a dos
jueces de la Corte Suprema, cuando se hartó de las ofertas de bazar que
distintos senadores justicialistas le hacían a cambio de los votos necesarios
en la cámara Alta.
Macri quiere a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el
cuarto piso de Tribunales y decidió que estas designaciones no se someterán al
típico regateo parlamentario, donde se trocan dos juristas de nota por cuatro
kilómetros de asfalto, un embajador en Europa y diez contratos administrativos.
El Presidente no violó la Constitución Nacional, basta con
leer en profundidad su artículo 99, inciso 19; habilitará el sistema de
audiencias públicas establecidas a través del decreto 222/03, y defenderá en
todos los foros públicos a Rosatti y Rosenkrantz, que llegan a la Corte para
terminar con un manejo de poder que Ricardo Lorenzetti ejecuta en soledad.
Macri observa con atención sus movimientos políticos y jurídicos, aún no se
traga la inesperada acordada que significó reconocer derechos coparticipables a
tres provincias de la oposición y escucha en silencio a la diputada Elisa
Carrió, que hace años que sueña con un juicio político al inasible presidente
del alto tribunal.
Con la decisión de aguardar hasta las próximas sesiones
ordinarias, que inician el primero de marzo de 2016, Macri arrancó una sigilosa
negociación con los gobernadores para obtener los votos necesarios que aseguren
las designaciones de Rosatti y Rosenkrantz. El Presidente entró en un laberinto
peligroso y oscuro: necesita las 2/3 partes de los miembros presentes del
Senado y cree que los gobernadores pueden conducir a los representantes de las
provincias en el Parlamento.
Las 2/3 partes de una cámara con 72 senadores, es un número
flexible que se abre o cierra acorde a una negociación política. Pero esa
negociación implica pactar con el peronismo, que es insaciable y está fracturado
en tres partes. La minoría de Cristina afila su lengua para ofrecer un discurso
republicano que jamás aplicó en ocho años de mandato. La bancada interbloque,
que lidera Adolfo Rodríguez Saá, se opone a las designaciones, propone ampliar
la Corte, busca colar a sus propios candidatos y pretende regresar al sinuoso
clientelismo. El senador Miguel Ángel Pichetto, líder de la bancada
justicialista, espera que llamen desde Balcarce 50 para poner sus votos a
cambio de un enorme beneficio político. Pichetto es inoxidable, ya vio pasar a
ocho presidentes, y juega con las cartas marcadas.
Macri no quiere entregar a ninguno de los candidatos a la
Corte y optó por abrir una negociación con los gobernadores. Se trata de una
táctica peligrosa y con final incierto: no todos los senadores responden a los
mandatarios provinciales. Omar Perotti, justicialista y santafesino, enfrenta
al gobernador Roberto Lifschitz, y lo mismo sucede con Lucila Crexxel, que
desde su banca en la cámara Alta tiene a maltraer a Omar Gutiérrez, gobernador
de Neuquén. Estos dos casos son paradigmáticos y exhiben las dificultades que
enfrenta Balcarce 50 para formar una mayoría parlamentaria que le permita
gobernar con escasos sobresaltos.
En este punto, pierde fuerza el gesto político de Macri. No
dudó en usar una herramienta constitucional, rechazó las presiones del
justicialismo, dio una señal clara al juez Lorenzetti y aceptó sin cadenas
nacionales, censuras o cancelación de pautas publicitarias, las críticas que se
hicieron en todos los medios de comunicación y las redes sociales.
Pero al final del día, o para ser más precisos a comienzos
de marzo, el Presidente necesitará los votos en la cámara Alta para evitar que
Rosatti y Rosenkrantz sean masticados por la voracidad justicialista. A ciertos
senadores de la oposición, acostumbrados a hablar en voz baja en despachos
oscuros, no les importará la imagen pública de Macri o los niveles de
aceptación de su gobierno. Ellos van por la suya y tienen el control del
Senado.
Raúl Alfonsín intentó quebrar a la patria sindical y los
senadores justicialistas voltearon su ley Mucci. Fernando de la Rúa pidió una
tregua y se fue en helicóptero. El peronismo sólo respeta a los suyos. Macri
tiene que estar atento. En la cámara Alta ya saben que apenas tararea la
Marchita.
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