Por Román Lejtman |
Mauricio Macri apurará la derogación del Memo con Irán
cuando conozca oficialmente las razones secretas que sedujeron a Cristina para
que intente enterrar la investigación de la AMIA. El presidente electo debe
tener cuidado: un puñado de bandoleros pretende colar en la secretaría de
Transporte (nacional y provincial) a ciertos operadores del actual oficialismo
que son investigados en Estados Unidos por su relación con un intento fallido
de transportar uranio enriquecido desde Buenos Aires a Teherán.
Macri también deberá pedir los contratos secretos que firmó
Miguel Galuccio como director ejecutivo de YPF. El presidente electo podría
encontrarse con acuerdos que suscribió Galuccio con sus exempleadores que
implicaron millonarias erogaciones sin beneficios netos para YPF.
El 11 de diciembre, cuando termine de leer la cobertura
periodística de su asunción presidencial, Macri debería pedir los acuerdos
internacionales firmados con China. Cristina nunca explicó si había una
vinculación geopolítica o de simples intereses económicos entre la base
espacial en Neuquén y los u$s 4770 millones que prometió Pekín para construir
las represas Néstor Kirchner -Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz.
La base espacial está eximida del IVA, los derechos aduaneros,
los impuestos internos, sus empleados se rigen por la legislación china y su
instalación causó malestar y desconfianza en Washington. En tanto que las
represas Kirchner-Cepernic son construidas por empresarios amigos de Cristina y
Carlos Zannini y repudiadas por grupos ecologistas que alertan sobre su impacto
definitivo en el medio ambiente. Aunque CFK nunca lo explicitó, el presidente
podrá comprobar que los créditos por u$s 4770 millones otorgados por China
estaban atados a la habilitación de la base espacial.
Durante sus ocho años en el gobierno, Cristina dedicó su
tiempo en leer los informes ilegales que le acercaba la SIDE sobre los
personajes más influyentes de la Argentina. Esa persecución ilegal, financiada
con fondos secretos, implica una responsabilidad jurídica que no se extingue
con la salida de CFK de Balcarce 50. Cada expediente irregular abierto, con las
escuchas telefónicas, los informes escritos y las fotografías pueden ser
evidencia para una eventual causa sobre abuso de poder.
Asimismo, esa persecución ilegal utilizó partidas destinadas
a fines legales o fueron embolsadas a través de la falsificación de expedientes
o pistas que sólo servían para la apropiación ilegítima de los fondos públicos.
Macri aún no designó al secretario de la Agencia Federal de Inteligencia
(exSide), pero cuando lo haga tendría que pedir un informe de situación y sacar
sus propias conclusiones. O, si quiere comprobar cómo funcionó un estado dentro
del Estado, pedir su expediente. Si es que no fue destruido por Oscar Parrilli,
muy atareado en borrar huellas y camuflar doce años de operaciones ilegales.
Por último, en esta lista apretada de causas pendientes que
excluye la crisis económica, las relaciones mundiales y las futuras
nominaciones en la Corte, Macri debería prestar atención al fuero federal
porteño. No habrá justicia y castigo a la impunidad si no actúa en los
tribunales de Py. La impunidad de Menem y la ausencia de persecución penal a
los actos de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se construyeron en la
relación dolosa de ciertos jueces federales y Balcarce 50.
Macri debe actuar allí, adonde el poder y las leyes se
acomodaban por un cargo, una sugerencia en el Consejo de la Magistratura o una
transferencia electrónica a dos bandas. Se trata de enfrentar una maquinaria
poderosa que no tiene límites y puede condicionar o terminar a cualquier gobierno.
El presidente electo enfrenta una lista infinita de causas
pendientes. Es una batalla perpetua, con escasos recursos y poderosos
adversarios. Puede hacer historia. Depende de él y del apoyo que logre
construir adentro y afuera de la Argentina.
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