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| Por Gabriel Profiti |
Mauricio Macri decidió abordar todas las asignaturas
pendientes de la Argentina y resolverlas de golpe, a su criterio, como un
jarabe con mal gusto que se traga rápido.
Curiosamente pareció haber superado
la difícil prueba económica inicial pero tuvo contratiempos políticos.
La controversia entre gradualismo o shock se saldó rápido y
al término de la primera semana un grupo de importantes funcionarios se reunió
a celebrar en un restorán de Recoleta el saldo del volantazo gubernamental.
Para ellos, el balance fue positivo pese a que las consecuencias del drástico
cambio de rumbo todavía no están claras.
El principal desafío fue y es la unificación del tipo de
cambio. Para los patrones culturales dolarizados argentinos el hecho de que no
se hayan formado filas en los bancos ni sensación de caos permitió mostrar que
el primer paso salió bien.
Luego de dos días de operaciones en su nueva versión
"con flotación sucia" -administrado por el Banco Central-, el dólar
cerró por debajo de 14 pesos, es decir con una devaluación significativa
respecto de su valor oficial previo, pero sin alcanzar el nivel del
"contado con liquidación" que había puesto como referencia el
ministro Alfonso Prat Gay al hacer el anuncio.
El gobierno, que ya anunció un crédito del BID de U$S 5.000
millones para apuntalar las reservas, negoció acuerdos con distintas fuentes
por un piso de U$S 15.000 millones para administrar el nuevo tipo de cambio con
más poder de fuego.
Queda lo más importante: que no haya presión sobre el
billete verde cuando el sistema esté plenamente en marcha; que la devaluación
incida lo menos posible en los precios y que no signifique poda de salarios.
Después de una reacción dura al anuncio, los gremios más
cercanos y más distantes del gobierno evitaron declaraciones de guerra.
Mientras las distintas vertientes de las CGT negocian un reunificación, sus
referentes coincidieron en pedir un bono navideño.
Pero la conflictividad es uno de los grandes desafíos por
delante y diciembre suele ser combustible en la Argentina. En ese marco, el
Gobierno sostiene reuniones con formadores de precios y supermercadistas para
evitar una escalada inflacionaria en medio de las fiestas.
Por ahora, logró que los laboratorios nacionales anunciaran
una rebaja promedio de medicamentos del 7% y que algunas empresas importantes
se mantuvieran en el Plan Precios Cuidados. La apuesta más ambiciosa será el
llamado a un acuerdo "social" con empresarios y gremios a partir de
enero.
En paralelo, se declararon las emergencias energética -por
posibles cortes de luz- y en Seguridad, así como la instrumentación de un
protocolo para "regular" la protesta social.
Agenda saturada
La batería de anuncios de Macri comenzó con la rebaja de
retenciones al agro y a la industria, sectores que se convirtieron en
principales sostenes de su gobierno y el economista Jorge Todesca se hizo cargo
de recuperar la credibilidad del INDEC.
También oficializó una limitada exención del impuesto a las
Ganancias en el aguinaldo y anunció que lo hará permanente para ese nivel de
asalariados que perciben hasta 30.000 pesos mensuales en bruto.
Paralelamente, el ministro de Energía y Minería, Juan José
Aranguren, anticipó que a partir de enero comenzará una más drástica que
gradual reducción de subsidios a las tarifas energéticas, cuya instrumentación
podría golpear doble con la inflación post devaluación.
Buitres
El próximo paso, señalaron fuentes oficiales a este
columnista, será avanzar en un acuerdo con los holdouts para desbloquear
inversiones internacionales. Si la decisión es negociar duramente como aseguró
Prat Gay la solución no será rápida, pero se desconocen los pormenores de las
tratativas que maneja el secretario de Finanzas, Luis Caputo, con el negociador
nombrado por el juez Thomas Griesa, Dan Pollack.
En caso de avanzar rápido, Macri requeriría al Congreso la
derogación de la Ley Cerrojo que impide negociar con holdouts condiciones más
ventajosas que las obtenidas por los acreedores que reestructuraron su deuda en
los dos canjes realizados por la Argentina.
Este tema entraría tangencialmente en una negociación más
amplia que se abrió en las últimas horas entre oficialistas y opositores, luego
de los cortocircuitos surgidos por la designación de dos abogados para la Corte
Suprema de Justicia, sin aval del Senado.
De estas cuestiones se habló durante un encuentro público
entre el presidente y senadores del Interbloque Federal, pero hay múltiples
reuniones privadas. En caso de que avancen, el Presidente convocaría a sesiones
extraordinarias.
La agenda inicial incluiría la aprobación del pliego de
embajadores y militares para que los primeros puedan iniciar su misión de
manera regular, con el aval del Senado, y no por decreto.
El controvertido ingreso de Horacio Rosatti y Carlos
Rosenkrantz a la Corte quedaría en cambio para febrero o marzo. El nombramiento
"en comisión" de ambos fue una jugada legal, pero políticamente
incorrecta y retrotrajo los avances que había logrado Macri con el diálogo
político durante el primer fin de semana en el poder. Es más, logró que un
kirchnerismo dividido después de la derrota electoral reunificara su voz en
contra de la imposición.
Macri también encontró resistencia en la propia Corte y
debió dar marcha atrás. Después de reunirse con el presidente del tribunal,
Ricardo Lorenzetti, postergó la jura de Rosatti y Rosenkrantz para febrero y
activó el decreto 222/2003, por el cual el Ejecutivo debe dar una serie de
pasos formales para la postulación de los candidatos a la Corte.
Este procedimiento lleva un mes y luego el trámite pasaría
al Senado. Posiblemente en ese momento sí haya sesiones extraordinarias para
avanzar ordenadamente con esos pliegos. El Frente para la Victoria ya anticipó
que si juran antes, no avalará su designación.
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