Por J. Valeriano Colque (*) |
La herencia económica que recibirá el próximo gobierno
nacional será una pesada carga. La nueva administración se encontrará con
escasas reservas reales en el Banco Central, un déficit fiscal cercano a los
300 mil millones de pesos y una enorme distorsión en los precios relativos,
implícita en la sobrevaluación del peso en relación con el dólar.
Pese al optimismo de los candidatos presidenciales, la
recuperación no será rápida, lo que podría afectar aún más la falta de creación
de empleo privado formal. Las terminales automotrices pondrán en marcha desde
mediados de diciembre un prolongado esquema de vacaciones que golpeará aún más
a la producción metalmecánica.
A esos desafíos se suman las irresponsabilidades de la
administración nacional y del Banco Central, que, en su intento por disimular
los graves problemas económicos y financieros, tomaron medidas que harán aún
más difíciles los primeros pasos de la futura administración.
Desde hace tiempo, las distintas oficinas del Estado
nacional y las empresas públicas se están poblando de técnicos y profesionales
que exhiben como mejor antecedente su militancia oficialista, más que
cualidades y aptitudes adecuadas para los altos puestos–con sus
correspondientes honorarios–en los que son designados.
La última irreverencia es la constitución de un Instituto de
Presupuesto y Finanzas en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. El
organismo sería presidido desde diciembre por el actual ministro de Economía de
la Nación y diputado nacional electo, Axel Kicillof. Tendrá 36 empleados.
La lista de nominaciones por parte de militantes
oficialistas en la Cancillería, en las embajadas y en otros cargos públicos es
incontable.
Los desaciertos incluyen la creación de un organismo para
promocionar el deporte amateur, pese a la decena de entidades que trabajan con
igual objetivo y que carecen de apoyo presupuestario. También se dispuso que el
lanzamiento de cualquier nuevo producto por parte de las empresas debe tener
autorización previa de la Secretaría de Comercio, que antes que alentar la
competencia apunta a cerrar más el mercado.
La última carga sumada a la herencia es la venta de dólares
a futuro por parte del Banco Central, con valores que oscilan en una franja de
10 a 12 pesos, según los plazos. Esta operatoria constituye un negocio fabuloso
para grandes grupos económicos y anticipa una elevada emisión de pesos para la
administración que deberá aportar esos recursos en el primer semestre de 2016.
Los daños de estas acciones deberán ser denunciados, como ya
sucedió con las operaciones del Banco Central, para que la Justicia sancione a
los funcionarios que están atentando no contra un partido opositor, sino contra
el bienestar de los argentinos.
Elevado déficit
fiscal
Una de las variables económicas imposibles de sostener para
la próxima gestión presidencial es el déficit fiscal, consecuencia de un
crecimiento del gasto por encima de los ingresos. El rojo de las cuentas
públicas ha sido uno de los motores de la emisión y de la inflación (no el
único) de los últimos años.
La contracara del déficit es el endeudamiento (interno o
externo), como lo evidencia el comportamiento de la deuda pública nacional.
Según los datos del Ministerio de Economía, entre 2005 y 2010 (entre el primero
y el segundo canje), la deuda del sector público nacional bajó del 60,7 al 36,1
% del producto interno bruto (PIB). En cambio, desde 2011 hasta 2014 aumentó
del 33,3 al 43 %, al pasar de 164.330 millones de dólares a fin de 2010 a
221.748 millones el último día de 2014.
El nivel de gasto público viene aumentando en Argentina por
encima de la inflación y del crecimiento económico. Esto no es bueno ni malo en
sí mismo. La cuestión es qué estamos comprando con ese gasto. Cuando los fondos
se gastan en forma ineficiente, nunca alcanzan, siempre hace falta más.
Y en esa ineficiencia, el papel de los subsidios económicos
es clave. A diferencia del gasto social, estos son aquellos que se destinan a
abaratar la electricidad, el gas, el transporte urbano, los viajes en avión o
en tren, o a empresas del Estado y sectores productivos.
Durante los primeros ocho meses de 2015, el déficit fiscal
del Tesoro nacional sumó 102.700 millones de pesos (si se suma el
financiamiento del Banco Central y la Anses, se eleva a 174.100 millones). En
igual período, los subsidios económicos fueron de 135.983 millones de pesos, un
32 % más, según la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap). De estos, el
62,5 % (85.037,8 millones de pesos) financia los problemas que surgieron en el
sector energético (electricidad y gas) y otros 30.100 millones fueron al transporte
(incluidos 3.300 millones para Aerolíneas).
La ineficiencia tiene que ver con problemas de objetivos y
con cuestiones de diseño. Como están hoy, están pensados para hacer más baratas
las tarifas de cualquier persona, sin reparar si puede pagarlas o no. Además,
las bajas tarifas desincentivan un uso responsable de la electricidad, el agua
o el gas.
Y, como son los sectores de más altos recursos quienes más
gastan, también son quienes más subsidios reciben (más allá de las inequidades
regionales que los concentran en el Gran Buenos Aires).
Por eso, la mayoría de las miradas para reducir el déficit
apuntan a reducir estas distorsiones, manteniendo sólo las transferencias a
personas de menores recursos, con menores rebajas para quienes más poder adquisitivo
tienen, aunque esto no sea demasiado agradable para estos.
El diagnóstico
desborda optimismo. Pero cruzar el desierto demandará más de 100 días
Los taxistas suelen reflejar el cambio de humor. “Después
del Día de la Madre, la actividad se cayó. Muchos están esperando a ver qué
sucede con el balotaje”, confesó un conductor con años en el servicio.
El simple diagnóstico de los trabajadores del volante es
compartido en otras actividades. Hasta el dueño de un local donde se realizan
habitualmente bailes de cuartetos lo admite: “Viene menos gente”.
De las sensaciones a los números: el comercio minorista
vendió 3,1 % más en unidades en octubre (“el mejor mes del año”), para algunos
comerciantes.
La venta de productos electrónicos y electrodomésticos se paralizó
en los locales, pero se movilizó vía Internet en el Cyber Monday y en los
supermercados, por el Black Friday.
La sensación de los comerciantes es que se detuvo el envión
tras la primera vuelta presidencial, que–para los encuestadores–debía decantar
con claridad al sucesor de Cristina Kirchner. Eso no sucedió y ahora la
incógnita sobre qué hará el futuro presidente recién se resolverá después del
10 de diciembre.
La compra de bienes durables y de automóviles tiene que ver
con la intención de los consumidores de ganarle a la inflación, además,
presumen que van aumentar el 10 de diciembre por la devaluación inevitable del
tipo de cambio.
El patentamiento de automóviles creció 8 % en octubre. Desde
luego, la comparación es con un pésimo mes de 2014. Las fábricas, por
contrapartida, tuvieron un mes para el olvido: la producción cayó 25,6 % y las
exportaciones 48,7 % (“efecto Brasil”), apuntó la asociación de fabricantes,
Adefa.
Las terminales ya nos notificaron que las vacaciones serán
por 45 días o más. A partir del feriado del 7 y 8 de diciembre, la actividad se
paralizará hasta fines de enero.
En varias fábricas se han producido “despidos hormiga” y el
panorama podría agravarse hasta que la economía vuelva a arrancar. El empuje
recién llegaría en marzo o abril.
Más optimistas, en la industria de alimentos creen que el
sector puede salir rápidamente. “Si se efectúan correcciones macro (el tipo de
cambio, obvio); se facilita el ingreso de bienes de capital para mejorar la
productividad; aparece financiamiento y se agilizan los trámites en Aduana”,
afirman desde el sector.
El agro y la industria de alimentos generan el 32,9 % del
Producto Bruto Geográfico (PBG), el 29 % del empleo (por encima de la
construcción y del complejo automotriz y autopartistas) y es el que más divisas
aporta: 7 de cada 10 dólares que ingresan llegan por esa ventanilla.
El diagnóstico desborda optimismo. Pero cruzar el desierto
demandará más de 100 días.
(*) Economista
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