Las modificaciones no
evitaron la falta de conocimiento de las propuestas
de los candidatos ni el
sistema de votación susceptible al fraude.
Por Pablo Riveros
Dos elecciones internas en frentes políticos distintos. La
primera, a principios de año. Una precandidata denunció “campaña sucia” por
parte de su rival partidario: advirtió “recortes presupuestarios” y
desplazamiento de personal en los ministerios que conducen sus aliados, y debió
pactar con partidos ajenos para asegurarse fiscales capaces de evitar maniobras
fraudulentas.
La segunda, en las PASO de agosto: “robo” de boletas,
fiscales “comprados” y “manipulación” de las actas de escrutinio siguieron a la
escalada de enfrentamientos verbales entre los contrincantes partidarios.
Aunque la cantidad de votos “perdidos” -según el derrotado, un número que
alcanzó nada menos que seis cifras- no hubiera alcanzado para cambiar el
resultado.
Dos denuncias que no llegaron a concretarse. ¿La razón? La
fortísima crisis que hubieran desatado al interior de sus partidos y las
consecuencias electorales. Como decía Perón, “primero la Patria, después el movimiento,
luego los hombres”. El altruismo naturalizó la ignominia.
“En política no hay buenos ni malos”, se suele decir.
Tucumán aporta otro ejemplo: aunque acusa al peronismo por “fraude” y
“clientelismo”, ni siquiera el radical José Cano descartó a la prensa que “un
sector vinculado al Acuerdo (por el Bicentenario)”, su frente político, haya
repartido “bolsones de mercaderías” a cambio de votos.
25 años de reformas
Los representantes surgen de elecciones libres y
obligatorias, pero luego adquieren altos grados de enajenación respecto de los
representados. No son delegados que replican las decisiones de sus votantes.
Por el contrario, la democracia es un régimen de dominación donde una minoría
gobierna legítimamente a una mayoría, que en grandes proporciones no suele
tener tiempo ni ganas de participar en política.
Sirve de ejemplo lo que sucede con la fijación de impuestos
y penas, pero sobre todo con las reglas electorales. “Precisamente porque los
sistemas electorales tienen importantes consecuencias sobre la formación del
sistema de partidos, cabe suponer que son elegidos por actos políticos (…) en
su propio interés”, señaló el politólogo Josep Colomer.
Es por ello que gran parte de las reformas políticas durante
el retorno de la democracia fueron impulsadas por y para la propia dirigencia
política. A saber:
Pacto de Olivos:
el peronismo acordó con el radicalismo la incorporación de un tercer senador
por la minoría. Nuevo mandato: la aspiración de Carlos Menem a continuar en el
Gobierno lo llevó a impulsar la incorporación de la reelección y años más tarde
a forzar el texto constitucional para intentar acceder a un tercer período.
Unificación de las elecciones legislativas: sirvió al kirchnerismo para
encolumnar a los jefes políticos provinciales del peronismo y sanear el déficit
de legitimidad derivado del 22 por ciento de votos obtenidos en 2003. Elección
popular de los consejeros de la Magistratura el mismo día de los comicios
presidenciales: impulsada por el oficialismo para obtener mayoría en el órgano
judicial.
Con todo, ninguno de los cambios electorales de los últimos
25 años fue considerado un retroceso para la democracia argentina; todo lo
contrario. Incluso aquellos que más polémica generaron -como el cupo femenino,
el voto joven o la ley que incluyó las PASO y la publicidad en medios- se
ganaron la adhesión de sus otrora opositores.
Sucedió con la reforma de 2009: al día de hoy, el
anti-kirchnerismo usó más veces las PASO que el kirchnerismo; el Frente de
Izquierda obtuvo más publicidad en los medios y logró instalar la imagen de
candidatos más jóvenes. Y hasta el Pro, que rechazó el voto optativo a los 16 a
nivel nacional, sancionó la ley en Capital Federal.
…un mismo sistema
Pero 32 años de democracia interrumpida y casi 25 años de
reformas políticas no fueron suficientes para reformar dos de los aspectos más
cuestionados de la cultura política argentina.
Uno es la “despolitización” de la política o el “vaciamiento
de contenido” del discurso de los políticos, una tendencia advertida a nivel
mundial asociada a la globalización, al neoliberalismo y al impacto de los
medios de comunicación.
Parte de este cuestionamiento es la falta de conocimiento de
las propuestas concretas de los candidatos. Que importe más la imagen del
postulante que las políticas públicas que propone en caso de ejercer la función
pública.
El establecimiento de los debates obligatorios es impulsado
por figuras de todo el arco político y sectores sociales para contribuir a
enmendar esta crisis en la relación de representación.
Sucede, como advirtió la diputada nacional Carla Carrizo
(Suma +), que en Argentina “los dirigentes tienen todos los derechos, y los
ciudadanos, todas las obligaciones (…) [que] en una elección presidencial los
ciudadanos están obligados a preseleccionar y elegir a los candidatos, pero
además, a financiarla. [Y] ni siquiera la dirigencia les concede el derecho a
la información electoral”.
Otro es el sistema de votación, tildado de susceptible al
fraude. Un clásico de todos los años electorales aunque los denunciantes hayan
sido electos bajo el mismo modo de sufragio…
Kirchneristas y anti-kirchneristas, oficialistas y
opositores, peronistas y radicales dijeron haber sido perjudicados por el uso
de la boleta tradicional. Lo que sucedió en Tucumán y en la provincia de Buenos
Aires -con infinidad de boletas que confunden al electorado, el “robo” de
papeletas y la “manipulación” de las actas- fueron ejemplos exacerbados de los
vicios de este sistema.
Pero la quema de urnas, la “compra” y falta de fiscales, el
“clientelismo” y la “campaña sucia” -incluso entre candidatos de un mismo
partido-, son prácticas políticas que no se terminan al cambiar el modo de
votar.
Las reformas
políticas de los últimos años
1991
Cupo femenino. La
Ley 24.012 estableció un piso mínimo del 30 por ciento de participación
femenina en las listas electorales, lo que convirtió a Argentina en el primer
país de América Latina en aplicar un sistema de cuotas para garantizar la
participación de las mujeres en el Congreso.
1994
Elección
presidencial. La reforma constitucional estableció la elección del
presidente de manera directa e incorporó la posibilidad de una segunda vuelta
en caso de que ningún candidato superara el 45 por ciento de los votos
positivos o el 40 por ciento con una diferencia de diez puntos sobre el
segundo. Se acortó el mandato presidencial de seis a cuatro años pero se
habilitó la posibilidad de la reelección.
Senadores. Por la
misma reforma, los integrantes de la Cámara alta dejaron de ser electos por las
legislaturas provinciales, para serlo a través del voto directo de la
ciudadanía. Pasaron a ser de dos a tres por distrito, dos por el partido más
votado y uno por el segundo.
Derechos y deberes de
los partidos políticos. El artículo 38 de la nueva Constitución estableció
la contribución estatal al sostenimiento económico de las actividades
partidarias y de la capacitación de los dirigentes. También obligó a los
partidos a dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.
2002
Internas abiertas.
Ley 25.611 obligó a los partidos a elegir a sus candidatos mediante elecciones
internas abiertas (en las que votarían los afiliados al partido que hiciera la
elección, y también los independientes) y simultáneas (todos los partidos harían
las elecciones internas el mismo día). Fue suspendida por la Justicia, anulada
por un decreto presidencial en 2003 y finalmente derogada por otra ley en 2006.
La norma había salido con votos de peronistas y radicales.
El entonces diputado nacional Juan Manuel Urtubey defendió la postura del
oficialismo y consideró que buscaba “garantizar la mayor participación de la
ciudadanía”
2005
Unificación de las
elecciones legislativas. Se trata de una de las pocas reformas electorales
apoyadas por todo el arco político durante la era kirchnerista. Hasta su
sanción, los gobernadores supieron valerse de la facultad de convocar y definir
la fecha de las elecciones legislativas nacionales de tal modo que los
legisladores electos fueran “sus” diputados y senadores, evitando así la
injerencia del Ejecutivo nacional.
2006
Financiamiento de los
partidos. El mismo día en el que la mayoría de los argentinos recordó la
rebelión que terminó con el Gobierno de Fernando de la Rúa al compás del grito
que “se vayan todos”, el Senado convirtió en ley la iniciativa que aumentó el
50 por ciento el presupuesto de las campañas electorales. Además unificó las
cuentas bancarias de cada partido político y prohibió la contratación de
terceros, sin su consentimiento.
Apoyada por casi todo el arco político, la Ley 26.215
modificó la Ley de Financiamiento de los Partidos y de las Campañas Electorales
(25.600) sancionada en 2002.
2009
Reforma política.
Fue la más integral de las reformas implementadas durante la democracia
recuperada. Poco después de la derrota oficialista en los comicios
legislativos, el Frente para la Victoria y fuerzas aliadas lograron la
aprobación de una ley destinada a reducir la fragmentación del sistema
partidario -elevando los umbrales para constituir partidos-, lograr una mayor
apertura de los partidos en la selección de candidatos -mediante las primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)- y una mayor transparencia y
equidad en las campañas electorales -garantizando a todos los partidos espacios
de publicidad en los medios y prohibiendo el financiamiento de empresas-.
La reforma se sancionó luego de 19 reuniones entre el Poder
Ejecutivo, fuerzas parlamentarias, ONGs y expertos académicos. Aunque
estuvieron en contra, los partidos opositores fueron los que más utilizaron las
PASO para dirimir a sus candidatos.
2012
Nuevo DNI. La ley
impulsada por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, reemplazó el DNI
tipo libreta por una tarjeta “más segura” como único registro de identidad,
actualizó las multas para quienes no justifiquen su ausencia en las elecciones
y prohibió a las autoridades admitir el voto de un ciudadano que no figura
inscripto en el padrón electoral.
La oposición votó en contra esgrimiendo la negativa del
oficialismo a debatir el sistema de votación y la reforma que obliga a las
autoridades de mesa a figurar en el padrón de la mesa para la cual sean
designados.
Voto joven. El
kirchnerismo logró sancionar la reforma electoral que habilitó el voto optativo
a los 16 tras un fuerte escándalo que puso en riesgo la votación. Sectores de
la UCR y el FAP se prestaban a votar a favor del proyecto pero el discurso del
diputado camporista Andrés Larroque, quien tildó de “narcos” a los socialistas
por el conflicto con el ex jefe de la Policía santafesina, levantó la polvareda
y todos los bloques opositores se retiraron del recinto. El debate contó con
varias audiencias con participación juvenil.
2013
Consejo de la
Magistratura. Tras los fallos adversos al Gobierno en distintas causas
judiciales, como la Ley de Medios, Cristina Kirchner impulsó en el Congreso una
reforma judicial cuya ley principal establecía la elección popular de los
integrantes del órgano encargado de seleccionar, sancionar y remover jueces, el
mismo día de la elección presidencial.
La reforma fue rechazada por todo el arco opositor, contó
con manifestaciones ciudadanas en contra y finalmente fue declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
2014
Parlamentario del Mercosur. Estableció la elección popular de
los 43 representantes ante el Parlamento del Mercosur, 19 por el territorio
nacional y 24 por cada uno de los distritos. Se trata de una reforma pendiente
desde 2005 que el kirchnerismo impulsó de manera sorpresiva a fines de 2014,
con grandes expectativas sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner,
finalmente no concretada.
La oposición en pleno estuvo en contra, aunque había impulsado
iniciativas similares.
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