Por J. Valeriano Colque (*) |
Las elecciones primarias (Paso) despejaron algunas
incógnitas pero aportaron, al mismo tiempo, nuevos interrogantes. Si bien este
resultado ha sido más bien neutro para las expectativas, los problemas de la
economía tienen vida propia, por lo que será creciente el interés por el
diagnóstico y la receta de cada uno de los candidatos que quedan en carrera.
La recurrente pérdida de reservas por parte del Banco
Central, junto con el atropellado incursionar del Tesoro en el mercado de
capitales, buscando colocar cada vez más deuda pública, advierten sobre lo
lejos que está todavía el 10 de diciembre.
Al mismo tiempo, las inundaciones en el corazón de la pampa
húmeda subrayan el déficit de infraestructura que forma parte de la herencia. Y
las turbulencias externas desatadas por la devaluación del yuan chino nos
recuerdan lo precario del tinglado en el que podríamos guarecernos.
Déficit en ascenso.
El ascendente déficit fiscal, que este año apunta a superar los seis puntos del
PIB (producto interno bruto), tendría un consuelo si, por lo menos, la
infraestructura del país hubiera dado un salto de calidad. Pero,
lamentablemente, no es ese el escenario y las recientes lluvias se han ocupado
de ponerlo de relieve.
En una década, el gasto público consolidado (Nación más
provincias) se ha incrementado en nada menos que 15 puntos del PIB, pero este
movimiento fue dominado por las erogaciones corrientes. Cada 10 puntos del PIB
que aumentó el gasto público, sólo 1,5 puntos correspondieron a inversión.
Así, cuando se mide el peso del Estado en la economía,
nuestro país trepó al podio, pero quedó junto con el pelotón cuando se focaliza
la inversión en infraestructura: esta es del orden de 3,2 puntos del PIB en la
Argentina y de 3,3 del PIB en América latina, según un trabajo de la Cepal. Una
de las razones es que, dentro de ese total, nuestro país computa un aporte de
0,6 % del PIB del sector privado, cuando este es de 1,2 % del PIB en el resto
de la región.
Infraestructura.
De acuerdo con la experiencia de otros países y lo que surge de distintos
trabajos académicos, la Argentina debería aspirar a una inversión en
infraestructura (pública más privada) cercana a los 6 puntos del PIB, en un
esfuerzo sostenido, para tener una plataforma adecuada a una economía creciendo
a un ritmo de 5 anual.
Estamos muy lejos de eso, tanto porque, sin reglas de juego,
el sector privado seguirá alejado de esta esfera, como por el hecho de que el
Estado no aprovechó el “boom” de las commodities, se gastó en subsidios todo lo
que recaudó por retenciones y ahora ostenta un muy elevado riesgo país que le
impide endeudarse.
Más allá de la dimensión financiera, la forma en que se
asignan prioridades para la obra pública está en debate, así como la eficacia
con la que los proyectos se llevan adelante. Según el ranking de competitividad
del World Economic Forum, en infraestructura actualmente la Argentina ocupa el
puesto 89 y Chile el 49 entre 144 países. Peor aún, en “eficiencia del
gobierno” la Argentina está 142 y Chile 21.
Con el tremendo costo de vidas humanas y la desolación de
decenas de miles de familias y productores, las inundaciones de Buenos Aires y
Santa Fe de estos días agigantan los desafíos a los que se habrá de enfrentar
la administración que asuma el 10 de diciembre.
La infraestructura se impone como prioridad, pero ¿podrá
serlo? Para que esto ocurra, es necesario que la próxima gestión pueda dominar
las urgencias con una buena política macroeconómica, y que los principales
partidos políticos logren acordar políticas de estado.
A propósito de las urgencias, hay que consignar que se está
tejiendo una fenomenal paradoja: la gestión saliente, que ha hecho centro en su
discurso de la pulseada con los llamados “fondos buitre”, en realidad está
agigantando día a día el poder negociador de estos acreedores, por la
fragilidad financiera con la que habrá de entregar el Banco Central y el Tesoro
a la próxima administración. Durante las últimas semanas, el Banco Central ha
tenido que resignar divisas día a día, porque las compras de dólar oficial por parte
del sector privado exceden lo que es vendido a la autoridad monetaria.
¿Y las reservas? Las reservas brutas, que son las que se
informan, permanecen relativamente estables en torno de los 33,8 mil millones
de dólares, pero lo que varía es la composición interna ya que se está
computando como activo un préstamo que debe ser devuelto en plazos
relativamente cortos, el “swap” acordado con el Banco Central de China.
Pues bien, es posible estimar que el uso de ese crédito se
ha ampliado en unos 4,5 mil millones de dólares desde principios de año, por lo
que, sin ese recurso, las reservas brutas ya habrían perforado el piso de los
30 mil millones de dólares.
Hay, además, unos 13,5 mil millones de dólares que no tienen
“libre disponibilidad” por parte del Central (encajes y demás) y de aquí a
octubre hay vencimientos de deuda pública (Boden) por unos 6,5 mil millones de
dólares.
Es por esta razón que el próximo gobierno deberá buscar
rápidamente un acuerdo con el auspicio de Griesa, cancelando la deuda con los
holdouts con la emisión de bonos a largo plazo (como se hizo con YPF) y
apostando a que la normalización financiera permita obtener fondos frescos en
el mercado a una tasa de interés razonable.
Desequilibrio. En
el frente fiscal, por su parte, es posible que no sólo no queden reservas, sino
muchas cuentas a pagar después del 10 diciembre. Con un gasto público que sólo
respeta objetivos políticos, este año el desequilibrio del Estado nacional
habrá de superar largamente los 300 mil millones de pesos. Pero sucede que
legalmente el Banco Central podrá cubrir, con emisión monetaria, menos de la
mitad de ese rojo.
Es por eso que desde marzo comenzaron a colocarse en el
mercado los Bonac, que son títulos que pagan tasa de interés en pesos, y más
recientemente se anunció el lanzamiento del Bonad 17, ajustable por tipo de
cambio oficial. A esto hay que agregar el aumento del stock de Lebacs, títulos
emitidos por el Banco Central. Considerando todas estas vertientes, no habría
que extrañarse que la deuda de corto plazo en pesos del Banco Central y del
Tesoro (incluidas las cuentas a pagar) esté aumentando este año más de 150 mil
millones de pesos, con vencimiento concentrado en 2016.
Turbulencias
externas. Bajo estas condiciones internas, las turbulencias externas se
potencian cuando se trata de imaginar su impacto sobre la próxima gestión
presidencial. La devaluación del yuan chino, inicialmente del 4,65 %,
difícilmente sea la última, pese a los tranquilizadores mensajes de las
autoridades del gigante asiático.
Ocurre que China sufre presiones deflacionarias que, en caso
que se impusieran, harían impagable una fracción significativa del
endeudamiento de compañías y familias. Por ende, cualquiera de los escenarios
conlleva riesgos para los países exportadores de materias primas, como es el
caso de la Argentina. El tipo de cambio local, a 9,25 pesos por dólar en el
mercado oficial, luce cada vez más desfasado con la evolución de monedas como
el peso chileno y el real brasileño.
Las devaluaciones y
su impacto sobre los precios
Las devaluaciones siempre impactan sobre los precios
internos pero, dependiendo del contexto, varía la magnitud y la velocidad de
ese impacto.
En un contexto de estabilidad de precios, una devaluación
aumenta rápidamente los precios internos de los bienes importados, de los
bienes nacionales que compiten con importaciones y de los bienes exportables, y
aumenta en menor medida los precios de los bienes que utilicen como insumos a
algunos de los anteriores. Pero no aumenta el resto de los precios, cuyos
niveles están dados por la interacción entre la oferta y la demanda interna de
cada bien.
De esta forma, en un contexto de estabilidad de precios, el
traslado de la devaluación a los precios internos suele ser bajo, y por lo
tanto es posible salir de un atraso cambiario devaluando, ya que la inflación
resultante no alcanza a compensar la suba del tipo de cambio. Habrá subido así
el tipo de cambio real.
En un contexto de alta inflación, una devaluación suele
trasladarse también a los precios de bienes no vinculados al comercio exterior,
porque cuando la inflación es elevada, el valor del dólar suele tomarse como
referencia para la fijación de precios. Esto implica que en un contexto de alta
inflación, el traslado de la devaluación a los precios internos suele ser alto,
y por lo tanto resulta difícil salir de un atraso cambiario sólo mediante una
devaluación, ya que la inflación resultante puede compensar rápidamente la suba
del tipo de cambio, regenerando así el problema de atraso cambiario.
(*) Economista
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