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| Por J. Valeriano Colque (*) |
Si la expresión “el que se enoja pierde” tiene un fiel
devoto en la política argentina, ese es Daniel Scioli, ganador de las
elecciones primarias y aspirante a suceder a Cristina Fernández desde el Frente
para la Victoria.
Con esa “filosofía” de cabecera, atravesó el campo minado
que dentro de su mismo espacio le sembró el kirchnerismo puro, para hacerle más
tortuoso el camino hacia la postulación.
Sostenido por su ambición política, el hombre no se enojó y
resistió agravios, descalificaciones, maltratos y desprecios por parte de
Cristina Fernández de Kirchner, y de allí para abajo de gran parte de los
sectores internos que no abrevan en el peronismo tradicional.
A la hora de pensar en el relevo, a Cristina no le quedó
otra opción válida que convertirlo en su candidato. Eso mostró a la vez una
fortaleza de Scioli y una debilidad del kirchnerismo que, a desgano y obligado
por las circunstancias, ahora debe apoyarlo.
Las tensiones internas en el oficialismo que presagiaban
estas circunstancias alcanzaron niveles no conocidos. Ya no se trata de
visiones diferentes sobre determinados temas, ni de actitudes más
contemplativas de Scioli frente a quienes la militancia y hasta la propia
Presidente consideran enemigos del modelo.
La desconfianza.
Lo que ha comenzado a visualizarse con claridad en el Frente para la Victoria
desde que se conocieron los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias (Paso), es una abierta lucha por el poder y por la manera en que
lo ejercerá Scioli si es consagrado presidente.
El frustrado viaje de descanso a Italia, la crisis de las
inundaciones en la provincia de Buenos Aires y el escándalo con denuncias de
fraude y represión policial en Tucumán son tres episodios que han resultado
negativos para la campaña del bonaerense. Lo singular es que en el propio
sciolismo están convencidos de que hubo participación kirchnerista en el
fogoneo mediático que se hizo de esos temas.
“Daniel no puede decir en público que Cristina le está
haciendo la vida imposible, pero eso sucede”, afirma un conocido integrante del
comando de campaña de Scioli. La queja, de todos modos, llegó en estos días a
los medios por boca del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien decidió
abandonar el off the record ante el
cariz que tomaron los acontecimientos.
“El dueño de las decisiones y quien ejerza el poder en
plenitud será Daniel”, sostuvo el salteño, luego de deslizar fuertes críticas a
la política económica que mantiene casi en estado de quebranto a las
producciones regionales; reconocer que hay pobreza, que hay inflación, que hay
inseguridad, etc., etc. Pareciera ser que desde el 10 de Diciembre de 2007,
fecha en que asumieron Cristina de Kirchner como Presidente y Juan Manuel
Urtubey como Gobernador de Salta, hasta mediados de Agosto de 2015 cuando el
mandatario salteño firmó la refinanciación de la deuda de la Provincia con la
Nación, no había crisis en las economías regionales, no había inflación, no
habían pobres, no había cepo cambiario, no había inseguridad, etc, etc. ¿Por
qué antes se defendía a capa y espada el modelo? En el Congreso, todos los proyectos enviados
por el Gobierno se aprobaron tal cual eran enviados, a libro cerrado, aplicando
las mayorías en Diputados y en Senadores.
El ministro del área, Axel Kicillof, venía de decir delante
de Scioli que “el candidato es el modelo y seguiremos así”. Urtubey y la
mayoría de los gobernadores peronistas consideran que el candidato debe
mostrarse, desde ahora, más autónomo del esquema que encabeza Cristina.
Sin embargo, cuando el Gobernador de Córdoba, Juan
Schiaretti y su continuador Juan Manuel de la Sota solicitaron a todos los
gobernadores, fundamentalmente a los Justicialistas, hacer una presentación
conjunta ante el gobierno nacional a los fines de solicitar el reintegro del
aporte del 15% con destino a las AFJP, porcentaje surgido en virtud de la firma
del Pacto Fiscal suscripto entre las Provincias y la Nación durante la presidencia
de Menem, habida cuenta que al estatizarse el sistema previsional no tenía
sentido dicho aporte. Por supuesto, salvo el gobernador de Santa Fé, Hermes
Binner, el resto se negó a acompañar al Gobernador de Córdoba, porque
consideraron que era “petición fuera de lugar”, no querían enfrentarse con
Cristina.
Allí está quizás el núcleo de esa confrontación interna.
La
Presidente quiere conservar su poder intacto hasta el último
día y eso resulta contradictorio para la
campaña de Scioli, que necesita votos moderados
que ya dan por concluido el ciclo de dureza kirchnerista.
Aludiendo al “síndrome del pato rengo”, o sea el
debilitamiento que sufre hasta el fin del mandato la persona que va a ser
reemplazada, varios gobernadores observan que Cristina ya ha comenzado a
renguear, y que si el peronismo quiere mantenerse en el Gobierno, Scioli debe
tomar distancia.
La oportunidad.
Con el oficialismo preocupado por esa oscura disputa interna, Mauricio Macri y
Sergio Massa confían en fortalecer la opción opositora y ganar terreno en el
electorado no kirchnerista.
Ambos manejan encuestas en las que el escenario de balotaje
es inevitable y han comenzado a mostrarse cerca. Por ahora, en la necesidad de
modificar el vetusto sistema electoral que desencadenó el escándalo en Tucumán,
pero esas coincidencias podrían no terminar allí.
Para muchos, se acordaron tarde de buscar miradas comunes,
porque ya no es posible una ingeniería electoral conjunta para el 25 de
octubre. Pero ese acercamiento es por sí solo un mensaje al 61 % del electorado
que prefirió no votar en las primarias al candidato del kirchnerismo.
La ofensiva contra las inaceptables prácticas clientelares
que siguen vigentes en la mayoría de los distritos es una música que los
sectores moderados quieren escuchar y la oposición no se privó de ejecutarla
para lograr beneficios.
A menos de dos meses de la elección, y aunque a Scioli le
falten sólo 6 puntos para llegar al 45 % que lo consagraría como presidente, el
grado de dificultad para alcanzar ese objetivo parece haber aumentado. Pero
sigue siendo una historia con final abierto.
Lo único que importa
es conseguir o defender el cobijo rentado
Con el escándalo de las elecciones tucumanas, nadie se privó
de catalogar al gobierno de José Alperovich como "feudal".
Si el calificativo refiere a la dependencia de una amplia
franja de tucumanos obligados a comer de la mano de un gobernador, es difícil
confirmarlo: la opacidad de las cuentas públicas (no sólo tucumanas) es
proverbial. Ni siquiera la Anses (a la que aportan los empleados públicos
provinciales y municipales tucumanos) publica esos datos desagregados por
provincia.
Pero hay una estadística que puede dar una idea. Según la
Anses, en Tucumán había, en el primer trimestre de este año, 159.151 empleados
privados en blanco, aportantes al sistema. Es apenas el 15,5 % del 1,02 millón
de tucumanos que hoy tienen entre 15 y 65 años de edad (*).
La cifra está bien por debajo del promedio del país, donde
el 23,3 % de la población (del mismo grupo de edad), aporta al sistema de
seguridad social por el sector privado.
Esto implica que en Tucumán una enorme porción de la
población depende para sobrevivir de algún puesto en oficinas nacionales,
provinciales o municipales. O de un subsidio. O debe sumergirse en la
marginalidad del empleo en negro.
A defender la ciudadela. Lejos de los parámetros una
sociedad moderna y productiva, en estas condiciones resulta obvia la
desesperación por el control del aparato estatal: son cientos de miles de
personas pujando por entrar a la ciudad amurallada del señor feudal. No hacerlo
significa quedar a la intemperie. Fuera del presupuesto público.
Tal vez eso también explique que en la última elección se
presentara un candidato a puestos electivos por cada 44 electores.
Y explique la violencia, los escasos valores democráticos y
la aparente ausencia de toda orientación ideológica puesta de manifiesto por
quienes disputaron la elección.
Es que nada de eso importa. Lo único que importa es
conseguir o defender el cobijo rentado. Fuera de las ciudadelas fortificadas de
Tucumán sólo sobrevive a duras penas un sector privado de cañaverales,
ingenios, papeleras y plantaciones de limoneros, castigado por el desequilibrio
cambiario y la presión impositiva en que incurrieron los señores feudales de
todo el país para mantener su costoso sistema de poder. Que consiste,
justamente, en amontonar cada vez más clientes en sus aparatos estatales.
(*) Proyecciones de población de Indec para el año 2015. La
edad legal para trabajar es a partir de los 16 años de edad. Pero los grupos
etáreos que publica Indec sólo permiten el cálculo de la población a partir de
los 15.
(*) Economista
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