El “modelo” se está destartalando

Por J. Valeriano Colque (*)

Hace algo más de un año, en agosto de 2014, al Banco Central le había quedado un saldo comercial de 958 millones de dólares. La cifra alcanzaba a cubrir casi cuatro veces la demanda del dólar ahorro.

En efecto, ese mismo mes los empleados en blanco se llevaron del Banco Central 260 millones de dólares-ahorro al precio subsidiado que les habilita el Gobierno.

En agosto de este año, después de haber enviado al exterior todas las divisas necesarias para pagar las importaciones y de haber recibido todas las que ingresaban por las exportaciones, el saldo que le quedó al Banco Central fue de unos miserables 51 millones de dólares. Y los empleados se llevaron 680 millones. Fue la coronación de un proceso de degradación constante.

A ese ritmo, el dólar ahorro se consume el saldo comercial de más de un año.

El dato es sólo uno de los que marcan, cada día, que el “modelo” se está destartalando mientras desciende a velocidad creciente.

Los conductores han comenzado a comportarse como si viajaran en un globo aerostático pinchado. Ya no les queda nada por tirar por la borda para alivianar el canasto. Y han empezado a autorrebanarse partes del propio cuerpo. Cada semana, arrojan un brazo o una pierna al vacío.

El lunes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, creyó frotar su propio genio cuando ordenó una medida que, en última instancia, consistió en provocar el hundimiento del propio valor de los títulos de deuda pública que él mismo firma. Es un daño autoinfligido a conciencia que tal vez no tenga antecedentes. En general, la función de los ministros de un país normal es que el valor de sus bonos suban: eso significa que el país tiene que pagar para endeudarse una tasa de retorno efectiva menor.

Kicillof forzó a los Fondos Comunes de Inversión a valorar los bonos estatales que esas entidades tienen en cartera con la cotización del dólar oficial y no con la del dólar “contado con liquidación”.

El resultado–buscado–fue una caída en las cotizaciones de los bonos. Cristian Girard, subordinado de Kicillof en la Comisión Nacional de Valores, dijo que fue para evitarles “sorpresas” a quienes invierten en esos fondos. Pero no se las evitó. Se las adelantó. “Compraron ‘contado con liqui’ y tienen dólar Banco Nación”, podría decir Eduardo Duhalde.

Así, Economía logró abaratar en un peso el dólar que usa a los bonos como vehículo y al que acceden los inversores más sofisticados con cuentas en el exterior. Todo fue para tentarlos y evitar que quemen sus pesos en el blue, ese lugar donde el modelo arde.

Lástima que en el camino Kicillof haya torpedeado, entre otras cosas, el ahorro previsional de los argentinos: el 66 % de toda la cartera de la Anses está en bonos estatales como los que en estos días perdieron alrededor del 8 % de su valor.

Nadie quiere asumirlo. Los candidatos presidenciales no quieren ni oír hablar del tema. Pero el globo aerostático se precipita y ya no queda casi nada sin tirar por la borda.

Medidas que parecen un despropósito

Una de las medidas cuya persistencia más cuesta entender en un contexto de atraso cambiario y devaluación en otros países es la aplicación de retenciones a un sinnúmero de productos del agro y la industria.

El Gobierno está empeñado en mantener el peso apreciado, con minidevaluaciones que van muy por detrás de la inflación. Y, con el fortalecimiento del dólar en el mundo y la devaluación (superior al 50 % en términos reales) en nuestros competidores comerciales, esto implica una acelerada pérdida de competitividad.

Al atraso cambiario se le suma la presión fiscal récord (se acerca al 40 % del producto en los tres niveles del Estado) y, así, las empresas cada vez son menos rentables para vender al exterior.

Con este escenario, la caída de las exportaciones es abrupta y también la caída del ingreso de divisas a través del comercio internacional. Pese a la inacción del Gobierno nacional, hay algunas medidas que se podrían tomar para generar algún alivio inmediato, sin una devaluación (en términos reales, es decir, superior a la inflación).

Esto es, la eliminación de los derechos de exportación de una gran cantidad de rubros que hoy no aportan nada a la recaudación pero que cobran el dólar mucho menos que la cotización oficial, debido a este impuesto aduanero. De hecho, todos los candidatos apuntan a esta cuestión.

Hoy, los productos industriales tienen retenciones del 5 % (cobran sus ventas externas a 8,90 pesos por dólar), al igual que frutas del sur, vinos, carnes de pollo y cerdo, y otros agroalimentos.

La carne bovina (que se exporta poco porque no hay saldo para vender) afronta el 15 % y la harina de trigo, el 13 %. El maíz, el 20 %; el trigo, el 23 %; el sorgo, el 20 %, y el girasol, el 32 %.

Todos estos rubros aportan menos del 35 % de la recaudación total de derechos de exportaciones y equivalen a 1,9 % de los recursos tributarios totales de la Nación. Son menos de 30 mil millones de pesos al año.

Dos de cada tres pesos de los ingresos por retenciones provienen de exportaciones de soja y sus derivados. Si no se tocan estas tasas (de entre 32 y 35 %) pero se eliminan todas las demás, se produce una mejora en la competitividad de los productos agropecuarios, agroindustriales e industriales con un pequeño costo fiscal. Los impuestos al comercio exterior pueden tener, como en el caso de la oleaginosa, una intención de cambiar precios relativos (para hacer más atractivos otros productos, maíz, trigo, carne). Pero el peso en la recaudación es cada vez menor, debido a la fuerte caída del comercio internacional: en el acumulado de enero a agosto de 2015, se recaudaron 57.380 millones de pesos de derechos a la exportación, lo que equivale al 5,2 % de la recaudación total de la Nación. En 2012, había llegado al 8,3 %.

Mantener las retenciones, sobre todo para productos con valor agregado, parece un despropósito y su eliminación será, muy probablemente, una de las medidas que tomará la próxima gestión presidencial.

Proceso que distorsiona el mundo del trabajo

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no dejan dudas sobre cómo los partidos incrementaron los planteles de los distintos niveles del ámbito público.

El informe de Evolución de Puestos de Trabajo y Promedios de Remuneraciones y Costo Salarial de los Asalariados Registrados, elaborado por el Indec entre el segundo semestre de 2014 y el prime¬ro de este año, muestra el ingreso de 64.676 nuevos empleados públicos, con un total de 1.678.426 agentes en el ámbito nacional.

De acuerdo con el relevamiento oficial, en el sector público de las provincias se desempeñaban 836.630 agentes, con un aumento de la plantilla de 32 mil nuevos trabajadores. En el ámbito de los municipios, se contabilizaban 119.862 puestos.

Como ese cálculo se realiza sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), esas cifras no contemplan a los empleados públicos que dependen de las administraciones provinciales y municipales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras, ya que esos distritos no traspasaron sus cajas de jubilados y pensionados a la órbita nacional. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) calcula que a fin de año se habrán incorporado al Estado nacional unos 25 mil nuevos dependientes. El total de trabajadores públicos en el país llegaría a 3.487.027 al cierre de 2015.

El aumento del plantel oficial en 4 % parece insignificante respecto al incremento en empresas públicas y bancos oficiales, en los que la incorporación trepó 15 %, con 39.131 empleos nuevos.

En el sector privado, en cambio, la expansión fue mínima: 2,76 %, al totalizar 6.490.746. En ciertos sectores–automotor, carrocerías y autopartes–el número de empleados en relación de dependencia se redujo. Por contrapartida, el ingreso de miles de trabajadores al sector público, a las empresas y bancos estatales y organismos de control originó un enorme aparato burocrático.

Esta es otra de las pesadas herencias que el Gobierno nacional y las administraciones provinciales y municipales dejarán en manos de quienes las sucederán el 10 de diciembre.

Habrá que esperar, con todo, que las nuevas autoridades lleven a las administraciones otros cuadros técnicos y personas de confianza para afrontar el desafío de gobernar.

Este proceso distorsiona el mundo del trabajo, al ampliar y crear nuevas estructuras burocráticas, que demandan cada vez mayores recursos económicos al Estado. Sin embargo, conviene insistir en la necesidad de adecuar el enorme aparato de los distintos niveles a las reales necesidades de contribuyentes, con una organización eficiente y controles para evitar la expansión de la corrupción, además de que se cumpla la promesa de los candidatos de incorporar los concursos de antecedentes para nuevos ingresos.

(*) Economista

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