La situación afecta a
más de 1.000 niños
que “son víctimas de ruptura familiar”.
Colombia y Venezuela
- La Defensoría del Pueblo de Colombia dijo este lunes estar preocupada por la
situación de más de 1.000 niños que "son víctimas de ruptura
familiar" por la actual crisis fronteriza con Venezuela.
"Hay una cifra que nos preocupa, que supera los 1.000
niños que hoy en día son víctimas de la ruptura familiar, es decir que el padre
se quedó del lado venezolano y la madre en el lado colombiano o al contrario, o
que los dividen siendo varios hermanitos", declaró a periodistas el
defensor del pueblo colombiano, Jorge Otálora.
"Es un tema humanitario que hemos venido tratado con
los homólogos de Venezuela a ver cómo se soluciona", dijo el encargado del
ente que vela por los derechos humanos en Colombia.
La crisis fronteriza con Venezuela comenzó hace unas dos
semanas, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de pasos
fronterizos y decretó un estado de excepción en varios municipios limítrofes,
tras lo cual han sido deportados más de un millar de colombianos.
La decisión fue tomada tras un ataque a militares
venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando en
el estado venezolano de Táchira, que el mandatario atribuyó a
"paramilitares colombianos".
Desde la emisión del decreto, otros varios centenares de
colombianos han huido de Venezuela por amenazas, según dicen, y temor a las
deportaciones.
De acuerdo con Otálora, en medio de esta situación, la
Defensoría del Pueblo de Colombia ha recibido "1.242 quejas formales"
relacionadas principalmente con abusos de autoridades venezolanas a la hora de
ejecutar las expulsiones.
"Al día de hoy se han recepcionado 1.242 quejas
formales por los deportados y por quienes han voluntariamente retornado al
país", aseguró.
La crisis bilateral se profundizó el pasado jueves, cuando
ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de
violaciones de derechos humanos a los damnificados.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219
km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con
el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el
gobierno venezolano.
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