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| Por J. Valeriano Colque (*) |
Miente, miente, que algo quedará”. La famosa y perversa
frase fue usada por el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, durante la
Segunda Guerra Mundial. Aunque desprovista de toda ética y moral, fue un
instrumento para prolongar un falso triunfalismo bélico hasta los últimos días,
cuando la debacle militar ya era irreversible.
En nuestro caso, las señales de tensión y de agotamiento que
viene demostrando la economía argentina son cada vez más preocupantes, a pesar
de que el Gobierno nacional haya logrado cambiar esa imagen con un manejo
arbitrario de la información.
Con rigurosa obsesión, se ha adoptado una estrategia para
evitar que la realidad aflore con crudeza, en el intento de que la población no
perciba las deformaciones ni los desequilibrios que subyacen en la estructura
económica.
No sólo se han adulterado las cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec), sino que se difunden guarismos y situaciones
alentadores que realmente no lo son, con el propósito de convertir defectos en
virtudes.
La sociedad observó con estupor el desafortunado comentario
que realizó Cristina Fernández al aseverar en la FAO, el organismo de las
Naciones Unidas que se ocupa de la pobreza y de la alimentación: “La pobreza en
Argentina no supera el 5 % y la indigencia no llega al 1,27 %, si mal no
recuerdo”.
Una actitud sorprendente, cuando múltiples instituciones
especializadas–entre ellas, la Fundación Libertad y Progreso–ubican a la
pobreza en una cifra cercana al 30 % de la población. Aunque es suficiente la
simple observación y percepción de la sociedad para despejar cualquier duda, la
proliferación de villas y asentamientos precarios en los grandes centros
urbanos es un dato contundente para responder a la afirmación de la Presidente.
Consecuencias lógicas.
El aumento de la pobreza y de la marginalidad refleja de manera elocuente los
magros resultados económicos.
El incremento que el Gobierno aplicó a los montos de
asistencia social es uno de los síntomas que así lo confirma. En los últimos
dos años, debió duplicar la cifra, pues pasó de 74 mil millones de pesos en
2013 a 120 mil millones un año después. Este año, se asignaron 157 mil millones
en el Presupuesto, cifra que–se descuenta–se aproximará a 200 mil millones en
un período electoral.
Para distribuir esa suma, se otorgan 18 millones de
distintos planes sociales entre los sectores marginados. Todo ello representa
el 3,7 % del producto interno bruto (PIB), el 13,1 % del Presupuesto nacional.
Ello contribuye a generar un déficit fiscal que supera el 5 % del PIB.
Hace una década, estos montos de asistencia social eran
impensados. Sin embargo, hoy, después de brillantes años de comercio
internacional, como una paradoja inexplicable, son necesarios para compensar
las falencias de una política económica que no pudo resolver las demandas de
bienestar de la población.
Esta política de subsidios está lejos de ser una
demostración de sensibilidad social por parte de la Presidente y de su
gobierno, cualidad que se empeñan en asignarse. Es, por el contrario, la expresión
más contundente del fracaso del modelo kirchnerista.
Imperio del relato.
Sin embargo, el Gobierno tapa esta cruda realidad con un relato sobre los
hechos de tono optimista y tergiversado, pero, también, estimulando el consumo
de la sociedad, con un irresponsable despilfarro de los recursos públicos.
El imperioso objetivo es llegar a las elecciones aunque sea
con “muletas y marcapasos”. Una estrategia que lleva implícito no sólo arribar
con los menores contratiempos al cambio de gobierno, sino incluida la sutileza
de endosar ajustes inevitables y hacer responsables, con total desparpajo, a
las próximas autoridades.
El costo que demandará restablecer los desequilibrios
económicos para recuperar la confianza y poder comenzar un proceso realmente
virtuoso de progreso y desarrollo no será simple ni fácil.
Quedará por afrontar un gran déficit fiscal y energético, un
enorme despliegue de subsidios sociales, que habrá que sostener hasta que el
progreso comience a incorporar a los sectores sociales marginados.
Además, persistirán severas restricciones para la compra de
divisas, un colosal déficit en Aerolíneas Argentinas y un comprometido default
financiero internacional. Pero aún falta mucho, incluso para saber si el
Gobierno logra llegar sin graves contratiempos económicos.
En lo político, existe una clara polarización electoral; dos
opciones diferentes se ofrecen al electorado. Recién en la contienda
presidencial, la sociedad demostrará si tiene una verdadera vocación de cambio
o de continuidad.
La actual política es cada vez más inviable e insostenible
en lo económico. El gobierno que asuma deberá restablecer la libertad económica
y el respeto por las instituciones de la República para recuperar la confianza
y con ello las inversiones, sin las cuales el progreso, el desarrollo y el
bienestar de los sectores postergados de la sociedad seguirán esperando.
Aunque el cambio sea inexorable, es imprescindible que el
próximo presidente lo realice con convicción y no presionado o forzado por las
circunstancias. Con dudas y vacilaciones, será más traumático y doloroso para
el conjunto de la sociedad. De nosotros depende evitarlo, y también el futuro
del país.
Zannini, un vicepresidente tal vez con más control del
Estado que el propio presidente
Parte de los votantes de Daniel Scioli tenía la expectativa
de que, en caso de ganar la elección presidencial, terminara dándole la espalda
al proyecto kirchnerista, encarando un rumbo propio.
Luego de la nominación de Carlos Zannini como compañero de
fórmula hay quienes creen que eso todavía es posible.
A fin de cuentas, Gabriel Mariotto fue designado compañero
de fórmula para la reelección en la provincia de Buenos Aires con un rol
aparentemente similar al que se habría asignado ahora a Zannini, y Scioli
terminó anulándolo. Pero ocurre que hay una diferencia importante entre Zannini
y Mariotto.
Mariotto se sumó, en la segunda gestión de Scioli en la
provincia de Buenos Aires, a un gobierno que ya venía funcionando. Un cargo de
vicegobernador en esas condiciones implica apenas presidir el Senado
provincial. Poco para condicionar seriamente una gestión de gobierno.
Pero Zannini no se sumaría a una gestión controlada por
Scioli, quedando su función acotada a presidir las sesiones del Senado de la
Nación. Ocurre más bien lo contrario: todos los resortes del Estado nacional ya
son controlados desde hace 12 años por Zannini. Podría decirse entonces que tal
vez es Scioli quien se sumaría a un gobierno que ya viene funcionando al mando
de Zannini.
Concretamente, si alguien pensaba que Scioli como presidente
podría eventualmente, por ejemplo, desplazar a Gils Carbó de la Procuraduría
General de la Nación, tal vez debería repensarlo. Con Zannini de vicepresidente
es probable que Gils Carbó continúe en su cargo y le reporte directamente. Lo
mismo si alguien pensaba que Scioli podría eventualmente desplazar o aislar a
funcionarios de La Cámpora repartidos por casi todos los rincones del Estado
nacional. Gran parte del Estado podría seguir reportando a Zannini. No es
descabellado pensar que Alejandro Vanolli, presidente del Banco Central,
continúe en funciones y le reporte directamente a Zannini.
Cuesta pensar hoy en qué área Scioli podría tener más
control del Estado que Zannini sin generar un conflicto político de magnitud
con su propio vicepresidente. Zannini no tendría entonces un rol secundario,
casi marginal, como han tenido históricamente los vicepresidentes en Argentina.
Sería un vicepresidente tal vez con más control del Estado
que el propio presidente. Y con la posibilidad de desestabilizarlo y sucederlo
en algún momento (la hipótesis Jozami), condicionándolo así desde el comienzo.
Las implicancias son múltiples.
Recuperar fondos que sirvan para financiar obras públicas, o
conseguir avales de la Nación para ciertos créditos, tampoco está garantizado
en un Estado controlado por Zannini.
A fin de cuentas, ¿por qué habría de cambiar demasiado la
relación fiscal y financiera de la Provincia con el Estado nacional en caso de
que Zannini continuara teniendo la misma incidencia en las decisiones del
gobierno nacional que ha tenido durante los últimos 12 años?
(*) Economista
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