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| Por J. Valeriano Colque (*) |
Los argentinos son muy propensos a convertir sus ahorros en
dólares, en un claro signo de desconfianza hacia el valor de la moneda
nacional.
En los últimos días, pese a los controles de las fuerzas de
seguridad, esos movimientos volvieron a ser notables. El dólar blue o paralelo
acusa una tendencia al alza que refleja los graves problemas económicos del
país.
El primero es el déficit del Estado nacional, financiado a
través de las utilidades ficticias del Banco Central y de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (Anses), en lo que se denomina “rentas de la
propiedad” y que constituyen virtuales emisiones de dinero. Desde enero hasta
mayo, Kicillof necesitó endeudarse (con el Banco Central, la Anses o el
mercado) por 822 millones de pesos ¡por cada día hábil! para cerrar sus
cuentas.
El exceso de pesos termina en una mayor compra de bienes
para preservar el dinero ante la suba constante de los precios, o bien conduce
al poseedor de pesos a refugiarse en una moneda que conserve su valor, como el
dólar. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco
Central, Alejandro Vanoli, juntos empapelan de pesos la economía para sostener
un gasto público desbocado.
Para evitar los efectos nocivos del exceso de circulante, el
Banco Central retira una parte de esos pesos con la colocación de títulos de
deuda, lo que constituirá de por sí otra pesada herencia para la próxima
administración. Hay que recordar que estas colocaciones se realizan pagando una
tasa de interés por encima del 27 % anual, lo que marca una importante brecha
con el cálculo oficial de inflación, estimado en un 18 %.
Además, se registra una caída de las exportaciones durante
19 meses consecutivos. En mayo, las ventas al exterior cayeron un 26 % respecto
de igual mes del año anterior. Si bien influyó una baja en los precios
internacionales de los productos primarios, medidas en unidades registraron una
baja de siete por ciento. Una balanza comercial y una cuenta de capital
negativas complican aún más las reservas del Banco Central, por lo que el ente
monetario restringe, a su vez, las ventas de divisas a particulares en
operaciones que se conocen como “dólar ahorro” o bien autoriza en cuentagotas
las importaciones. Esto alienta la compra marginal del billete norteamericano.
La pérdida de competitividad queda reflejada en el saldo
comercial de los cinco primeros meses del año, que se limitó a 776 millones de
dólares, casi 66 % menos que en igual período de 2014.
A la combinación de los factores mencionados, se suma la
virtual inexistencia de inversiones extranjeras directas. Por último, la
proclamación de la fórmula oficial fue interpretada en el mundo empresario como
una señal de que no habría grandes cambios en la política económica, de
triunfar ese binomio.
Todos estos elementos configuran un escenario preocupante
para los próximos meses, al tiempo que se convierten en una pesada herencia;
por ende, en un enorme desafío, para las autoridades que asumirán el 10 de
diciembre.
Deuda pública: una pesada herencia
En la Argentina, se ha instalado una equívoca idea de “fin
de ciclo”, cuando en realidad no estamos asistiendo a un cambio sino, por el
contrario, a un proceso preparatorio de continuidad en las políticas de
gobierno en materia de deuda pública.
En este campo, la administración K no ha realizado una
verdadera ruptura con el sistema de endeudamiento perpetuo vigente, sino sólo
una etapa más o un eslabón funcional para su mantenimiento. Los datos de la
deuda pública están atrasados un año: la última información
oficial–correspondiente al 30 de junio de 2014–computaba como deuda del Estado
central unos 210 mil millones de dólares: 199 mil millones de deuda
regularizada vía refinanciaciones y 12 mil millones de deuda en manos de los
holdouts (los bonistas que no entraron en el megacanje de 2005-2010).
Este total es incompleto, ya que el Gobierno nacional no
computa como deuda en firme los cupones asociados al producto interno bruto
(PIB) por más de 10 mil millones de dólares; no toma en cuenta las sumas
adicionales a pagar por los juicios de los fondos buitre (por una suma similar
a la anterior) ni por los reclamos contra la Argentina en el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)–unos
8.000 millones–y no contempla las nuevas deudas contraídas desde entonces hasta
hoy (que sumarían otros 10 mil millones). Esto da que la deuda pública total se
acercaría a los 240 mil millones de dólares, sin contar intereses.
Al momento de asumir el poder en 2003, el kirchnerismo
heredó un stock de deuda de unos 175 mil millones de dólares, cifra que en lo
básico se mantuvo después del megacanje 2005 (150 mil millones), ya que la
quita fue compensada con cupones PIB y quedaron fuera del arreglo unos 20 mil
millones de bonos en manos de los holdouts.
La presidente Cristina Fernández dijo que la Argentina
pagó–durante la década que va desde 2003 a 2013–un total de 190 mil millones de
dólares por servicios de deuda pública, pero el stock de la deuda no bajó sino
que, por el contrario, aumentó a un ritmo de 10 mil millones promedio por
ejercicio. En este último año de gestión, el Presupuesto 2015 prevé un aumento
de 18 mil millones de dólares por nuevas deudas–además de la refinanciación de
todos los vencimientos de capital–, con lo que no sólo aumenta el saldo del
capital sino también el gasto anual por intereses.
Pesada herencia. Las nuevas deudas que se están contrayendo
son, casi en su totalidad, refinanciaciones a corto y/o muy mediano plazo,
pagan intereses altísimos en dólares (del orden del 9 % anual) y en pesos (del
27 al 30 %), y empeoran, por consiguiente, el perfil de vencimientos de la
deuda total. De modo que la herencia de deuda que la administración K le deja
al nuevo gobierno combina las peores variables de manejo financiero:
Fuerte aumento del stock de una deuda pública para la que no
se cuenta con solvencia ni liquidez. Insolvencia, por falta de capacidad de repago
demostrada; iliquidez, por falta de divisas para atender las obligaciones.
Peso muerto de una enorme deuda intra Estado, también
impagable–el 58 % de la deuda regularizada vía refinanciaciones (115 mil
millones sobre 200 mil millones de dólares)–, cuyo resultado es la
descapitalización del Banco Central, el desfinanciamiento de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (Anses), el uso del Banco Nación como ente de
financiación del Gobierno y el desvío de fondos de toda una serie de organismos
nacionales de sus destinos específicos para atender los pagos de la deuda con
terceros.
Nuevos compromisos de corto plazo, con agravamiento del
perfil de vencimientos y a tasas de interés elevadísimas y de régimen variable
(en un momento en que se prevé la próxima suba de tasas internacionales en
función de los aumentos esperados de la Reserva Federal de los Estados Unidos).
Aumento del pago de intereses, por mayores tasas y por
mayores volúmenes de deuda.
Concentración del grueso de los pagos al Club de París, de
los que el Gobierno abonó 1.300 millones sobre 9.700 millones de dólares
reconocidos en total.
Retrasos en el desembolso de servicios a los bonistas que
entraron en el megacanje 2005-2010, cuyos pagos están bloqueados por el juez
Thomas Griesa, pero que acumulan imprevisibles consecuencias financieras y
legales, con merma de las reservas del Banco Central.
Esta combinación financiera explosiva lleva a la Argentina
al dilema de blanqueo de un nuevo default o–para diferirlo, como siempre–a una
nueva reestructuración generalizada de deuda, que es lo que el Gobierno
nacional quiere eludir para no reconocer el fracaso del megacanje, lo cual
implica traspasarle la responsabilidad a la nueva administración.
En síntesis, no es cierto que la Argentina se esté desendeudando:
la deuda pública sigue subiendo por capital y por intereses.
El Gobierno nacional está al límite de la deuda intra Estado
(el pasaje de deuda externa con terceros a deuda interna con organismos del
propio sector público), y sus esfuerzos para aguantar esta situación hasta el
fin del presente mandato están puestos hoy en preparar las condiciones, no para
evitar, sino para volver a endeudarse en el mercado internacional de capitales.
(*) Economista
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