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| Por Román Lejtman |
Si la fiscal Viviana Fein quiere saber sobre la sistemática
irrupción a las computadoras de Alberto Nisman, antes y después de su muerte,
debería ordenar el allanamiento a todas las oficinas de inteligencia que
manejan Oscar Parrilli y César Milani. Sólo en esas terminales del poder, que
cumplen instrucciones directas de Balcarce 50, hay suficiente volumen
tecnológico para manipular los secretos que el fiscal de la AMIA guardaba en
todos sus dispositivos tecnológicos.
Pero Fein ya asumió que Nisman se suicidó y los suicidas no
tienen información reservada que complican al gobierno y sus socios en Medio
Oriente y América Latina. Al contrario, si la inofensiva fiscal pensara que a
Nisman lo asesinaron por sus secretos estratégicos, ya hubiera irrumpido en las
cuevas de inteligencia de Parrilli y Milani para ratificar que existía una
poderosa operación ilegal de servicios civiles y militares destinada a proteger
el memorándum que CFK firmó con Irán.
El gobierno sostiene a Fein porque es una pieza clave para
determinar que Nisman se suicidó. Si la fiscal exhibiera otra perspectiva del
caso, su protagonismo en la causa ya hubiera terminado. Germán Moldes, fiscal
de Cámara y ex funcionario de Carlos Menem, sabe cómo funciona el poder y la
justicia: aseguró con semanas de anticipación que la denuncia de Nisman iba al
cadalso, porque el fiscal de AMIA era un blanco político que había que
ejecutar.
La Casa Rosada apretó a jueces de primera instancia,
camaristas e integrantes del tribunal de Casación para cerrar la denuncia del
fiscal contra CFK y Héctor Timerman. La Procuración y los agentes de Parrilli
entregaron a periodistas de medios paraoficiales información reservada sobre la
vida privada de Nisman para demoler su imagen pública. Y la Presidente aseguró
que había una conspiración entre los Fondos Buitres y la comunidad judía de la
Argentina para perjudicar al gobierno.
Estos tres hechos integran un plan sistemático orientado a
transformar al fiscal Nisman en un victimario que se disparó en la sien para
pagar con su vida una acusación política/judicial delirante y antojadiza. Si
fuera cierto este discurso oficial, cómo se explica el hackeo de sus
computadoras, la presión silenciosa de los Estados Unidos y la acción reservada
que Balcarce 50 ha desplegado en Casación para lograr que el memo con Irán sea
declarado constitucional.
Hasta que Fein no entienda que está siendo manipulada por el
gobierno, la causa en sus manos sólo será un instrumento jurídico destinado a
probar que Nisman se suicido para pagar una acusación aberrante sin pruebas ni
evidencias firmes. La fiscal podría saltar el cerco que han levantado a su
alrededor y disponer los allanamientos a las oficinas de inteligencia que
manejan Parrilli y Milani. Esos dos funcionarios, cada uno con sus instrucciones
presidenciales, tienen más información que los 40 cuerpos de expediente que
Fein acumula sin perspectiva en su despojado despacho judicial.
Se trata de abrir un nuevo camino en la investigación penal,
una posibilidad distinta para encontrar la solución a un caso que tiene
muchísimos interrogantes y que desvela por igual a poderosos y simples
mortales.
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