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| Por J. Valeriano Colque (*) |
En la Argentina, se ha instalado una equívoca idea de “fin de
ciclo”, cuando en realidad no estamos asistiendo a un cambio sino, por el
contrario, a un proceso preparatorio de continuidad en las políticas de
gobierno en materia de deuda pública.
En este campo, la administración K no ha realizado una verdadera
ruptura con el sistema de endeudamiento perpetuo vigente, sino sólo una etapa
más o un eslabón funcional para su mantenimiento.
Los datos de la deuda pública están atrasados un año: la última
información oficial –correspondiente al 30 de junio de 2014–computaba como
deuda del Estado central unos 210 mil millones de dólares: 199 mil millones de
deuda regularizada vía refinanciaciones y 12 mil millones de deuda en manos de
los holdouts (los bonistas que no entraron en el megacanje de 2005-2010).
Este total es incompleto, ya que el Gobierno nacional no computa
como deuda en firme los cupones asociados al producto interno bruto (PIB) por
más de 10 mil millones de dólares; no toma en cuenta las sumas adicionales a
pagar por los juicios de los fondos buitre (por una suma similar a la anterior)
ni por los reclamos contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)–unos 8.000 millones–y no
contempla las nuevas deudas contraídas desde entonces hasta hoy (que sumarían
otros 10 mil millones).
Esto da que la deuda pública total se acercaría a los 240 mil
millones de dólares, sin contar intereses.
Al momento de asumir el poder en 2003, el kirchnerismo heredó un
stock de deuda de unos 175 mil millones de dólares, cifra que en lo básico se
mantuvo después del megacanje 2005 (150 mil millones), ya que la quita fue
compensada con cupones PIB y quedaron fuera del arreglo unos 20 mil millones de
bonos en manos de los holdouts.
La presidente Cristina Fernández dijo que la Argentina
pagó–durante la década que va desde 2003 a 1013–un total de 190 mil millones de
dólares por servicios de deuda pública, pero el stock de la deuda no bajó sino
que, por el contrario, aumentó a un ritmo de 10 mil millones promedio por
ejercicio.
En este último año de gestión, el Presupuesto 2015 prevé un
aumento de 18 mil millones de dólares por nuevas deudas–además de la
refinanciación de todos los vencimientos de capital–, con lo que no sólo aumenta
el saldo del capital sino también el gasto anual por intereses.
Pesada
herencia
Las nuevas deudas que se están contrayendo son, casi en su
totalidad, refinanciaciones a corto y/o muy mediano plazo, pagan intereses
altísimos en dólares (del orden del 9 % anual) y en pesos (del 27 al 30 %), y
empeoran, por consiguiente, el perfil de vencimientos de la deuda total. De
modo que la herencia de deuda que la administración K le deja al nuevo gobierno
combina las peores variables de manejo financiero:
Fuerte aumento del stock
de una deuda pública para la que no se cuenta con solvencia ni liquidez.
Insolvencia, por falta de capacidad de repago demostrada; iliquidez, por falta
de divisas para atender las obligaciones.
Peso
muerto de una enorme deuda intra Estado, también impagable–el 58 % de la
deuda regularizada vía refinanciaciones (115 mil millones sobre 200 mil
millones de dólares)–, cuyo resultado es la descapitalización del Banco
Central, el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(Anses), el uso del Banco Nación como ente de financiación del Gobierno y el
desvío de fondos de toda una serie de organismos nacionales de sus destinos
específicos para atender los pagos de la deuda con terceros.
Nuevos
compromisos de corto plazo, con agravamiento del perfil de vencimientos y a
tasas de interés elevadísimas y de régimen variable (en un momento en que se
prevé la próxima suba de tasas internacionales en función de los aumentos
esperados de la Reserva Federal de los Estados Unidos).
Aumento
del pago de intereses, por mayores tasas y por mayores volúmenes de deuda.
Concentración del grueso de los pagos al Club de París, de los que
el Gobierno abonó 1.300 millones sobre 9.700 millones de dólares reconocidos en
total.
Retrasos en el desembolso de servicios a los bonistas que entraron
en el megacanje 2005-2010, cuyos pagos están bloqueados por el juez Thomas
Griesa, pero que acumulan imprevisibles consecuencias financieras y legales,
con merma de las reservas del Banco Central.
Esta combinación financiera explosiva lleva a la Argentina al
dilema de blanqueo de un nuevo default o–para diferirlo, como siempre–a una
nueva reestructuración generalizada de deuda, que es lo que el Gobierno
nacional quiere eludir para no reconocer el fracaso del megacanje, lo cual
implica traspasarle la responsabilidad a la nueva administración.
En síntesis, no es cierto que la Argentina se esté desendeudando:
la deuda pública sigue subiendo por capital y por intereses.
El Gobierno nacional está al límite de la deuda intra Estado (el
pasaje de deuda externa con terceros a deuda interna con organismos del propio
sector público), y sus esfuerzos para aguantar esta situación hasta el fin del
presente mandato están puestos hoy en preparar las condiciones, no para evitar,
sino para volver a endeudarse en el mercado internacional de capitales.
El dólar
blue genera preocupación
Los argentinos son muy propensos a convertir sus ahorros en
dólares, en un claro signo de desconfianza hacia el valor de la moneda
nacional.
En los últimos días, pese a los controles de las fuerzas de
seguridad, esos movimientos volvieron a ser notables. El dólar blue o paralelo
acusa una tendencia al alza que refleja los graves problemas económicos del
país.
El primero es el déficit del Estado nacional, financiado a través
de las utilidades ficticias del Banco Central y de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (Anses), en lo que se denomina “rentas de la propiedad”
y que constituyen virtuales emisiones de dinero.
El exceso de pesos termina en una mayor compra de bienes para
preservar el dinero ante la suba constante de los precios, o bien conduce al
poseedor de pesos a refugiarse en una moneda que conserve su valor, como el
dólar.
Para evitar los efectos nocivos del exceso de circulante, el Banco
Central retira una parte de esos pesos con la colocación de títulos de deuda,
lo que constituirá de por sí otra pesada herencia para la próxima
administración.
Hay que recordar que estas colocaciones se realizan pagando una
tasa de interés por encima del 27 % anual, lo que marca una importante brecha
con el cálculo oficial de inflación, estimado en un 18 %.
Además, se registra una caída de las exportaciones durante 19
meses consecutivos. En mayo, las ventas al exterior cayeron un 26 % respecto de
igual mes del año anterior. Si bien influyó una baja en los precios
internacionales de los productos primarios, medidas en unidades registraron una
baja de siete por ciento.
Una balanza comercial y una cuenta de capital negativas complican
aún más las reservas del Banco Central, por lo que el ente monetario restringe,
a su vez, las ventas de divisas a particulares en operaciones que se conocen
como “dólar ahorro” o bien autoriza en cuentagotas las importaciones. Esto
alienta la compra marginal del billete norteamericano.
La pérdida de competitividad queda reflejada en el saldo comercial
de los cinco primeros meses del año, que se limitó a 776 millones de dólares,
casi 66 % menos que en igual período
de 2014.
A la combinación de los factores mencionados, se suma la virtual
inexistencia de inversiones extranjeras directas. Por último, la proclamación
de la fórmula oficial fue interpretada en el mundo empresario como una señal de
que no habría grandes cambios en la política económica, de triunfar ese
binomio.
Todos estos elementos configuran un escenario preocupante para los
próximos meses, al tiempo que se convierten en una pesada herencia; por ende,
en un enorme desafío, para las autoridades que asumirán el 10 de diciembre.
(*)
Economista
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