Asociaciones de
derechos civiles y organizaciones de derechos humanos
interpusieron un amparo
colectivo contra el Ministerio de Educación de la Nación.
Nacionales - La
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia (ACIJ), la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina
(ASDRA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)(*)
interpusieron un amparo colectivo contra el Ministerio de Educación de la
Nación.
Por medio de la misma solicitan que se ordene a la cartera educativa la
producción de información básica y adecuada respecto de la trayectoria
educativa de quienes asisten a escuelas especiales y sobre las personas con
discapacidad que asisten a escuelas comunes.
Actualmente la Dirección Nacional de Información y Evaluación
de la Calidad Educativa (DiNIECE), encargada de los relevamientos anuales, no produce la misma información para escuelas
comunes que para escuelas especiales, a
las que asisten mayoritariamente estudiantes con discapacidad. Algunos de los
datos básicos que no se producen refieren a deserción escolar, repitiencia,
egresados según título y plan de estudios de nivel, asistencia a jornada
completa y no asistencia a sala de 4. A su vez,
el organismo desconoce la cantidad de niños y niñas con discapacidad que
asisten a escuelas comunes. La misma DINIECE reconoce falencias en la
recolección de esta última información, por errores metodológicos que ofrecen
datos no fiables.
La omisión de producción de estos datos básicos sobre la
situación de personas con discapacidad en el sistema educativo es violatoria
del derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la educación y a buscar y
recibir información.
El derecho a la educación inclusiva está expresamente
reconocido en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su art. 24, con jerarquía
constitucional desde el 2014. Las escuelas especiales son espacios segregados
destinados mayormente a personas con discapacidad. Esta situación viola su
derecho a la educación inclusiva porque sostiene un sistema que separa a las
personas con discapacidad de los demás estudiantes. La información es esencial
para la implementación de cambios en el sistema educativo, indispensables para
revertir esta situación.
De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales del
Ministerio de Educación para el año 2013, en Argentina unos 99.341 estudiantes
están matriculados en escuelas especiales, para los niveles inicial, primario y
secundario (gestión estatal y privada). Por lo tanto, no contar con datos básicos sobre los alumnos
que asisten a escuelas especiales afecta a casi 100 mil estudiantes y los
relega a una situación de invisibilización. La educación que reciben no es
evaluada, y la falta de datos también impide generar e implementar políticas
inclusivas.
Además, la falta de datos vulnera el art. 31 de la CDPD, que
obliga expresamente al Estado a recopilar información adecuada que le permita
formular y aplicar políticas. En este sentido,
los organismos internacionales de derechos humanos que monitorean
tratados refuerzan esa obligación estatal, en particular para grupos
históricamente vulnerados. También se insta a Argentina a tomar medidas
efectivas para que las personas con discapacidad se incorporen a escuelas
comunes inclusivas. Esto significa que de no cumplir con esta obligación
Argentina podría ser juzgada y condenada internacionalmente.
(*) Las organizaciones firmantes forman parte del Grupo Art. 24 por la
Educación Inclusiva, una coalición de 130 organizaciones de y para personas con
discapacidad de todo el país que impulsan acciones de incidencia para que se
garantice que las personas con discapacidad accedan a un sistema educativo
inclusivo.
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