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| Por J. Valeriano Colque |
Cristina Fernández inauguró el Centro Cultural Kirchner, en
el remodelado Palacio de Correos y Telecomunicaciones, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La obra, que aún no está concluida, comenzó en 2009 y ha
insumido hasta aquí un presupuesto de alrededor de 2.500 millones de pesos.
En
sus casi 120 mil metros cuadrados, se destacan, entre otros elementos, una sala
sinfónica para unos 1.700 espectadores, una sala de cámara para 600 personas,
dos grandes pisos con múltiples salas de exposiciones, varias salas de ensayo,
otros importantes espacios para distintas actividades culturales, una plaza
seca y un restaurante.
La Presidente programó el acto como parte de los festejos
por la Semana de Mayo y utilizó la cadena nacional para que todo el país viera
por televisión las instalaciones y supiera que muchas de esas reformas fueron
pergeñadas por ella misma, que hace tiempo confesó su vocación por la
arquitectura.
Esa adicción a la autorreferencialidad está plasmada, por
supuesto, en el nombre dado al centro cultural, que ha sufrido, a último
momento, un cambio no menor.
A poco de iniciado el proyecto, se dijo que se llamaría
“Néstor Kirchner”, lo que no sorprendía a nadie, si se tenían en cuenta los
innumerables homenajes que se le tributaron al expresidente a partir de su
fallecimiento, en octubre de 2010. Pero ahora, al llamarse simplemente
“Kirchner”, el homenaje incluye a la propia Presidente y a su descendencia.
No es ese el único punto crítico de la iniciativa. Hay que
resaltar, además, que Cristina Fernández lo ha presentado como una
“intervención” del Gobierno nacional en un distrito que le resulta adverso
electoralmente.
Una segunda intervención, para ser exactos, de una serie
iniciada con el Museo del Bicentenario, en lo que fuera la Aduana, y que podría
continuar con una tercera obra: un gran parque, “grande, grande, verde, verde”,
al estilo del Central Park de Nueva York o el Bois de Boulogne de París.
“Alguna vez también vamos a poder construir nuestros sueños
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se construyeron en el país. Y si no
me toca a mí, le tocará a alguno de los miles de jóvenes que quieren patria”,
señaló.
Presentadas así, vale concluir que las obras que emprende el
Gobierno nacional, con los dineros de todos los argentinos, sólo son ejecutadas
si pueden redituarle beneficios electorales al oficialismo en los distritos que
anhela gobernar.
Las necesidades de distintas poblaciones, o una mirada
estratégica del país que justifique realizar ciertas inversiones en lugares
específicos, no cuentan. Por el contrario, lo uno y lo otro son instrumentos al
servicio del deseo del kirchnerismo de eternizarse en el poder.
Con el presupuesto de
todos
André Malraux cuando visitó el país en 1964 expresó: “Buenos
Aires es la capital de un imperio que nunca existió”. Las residencias
señoriales, los palacios públicos, los paseos y avenidas construidos en las
primeras décadas del siglo pasado lo más cerca posible del Atlántico deben
haber sorprendido a un extranjero, aun si provenía de la muy unitaria Francia.
Sobre todo por el brutal contraste con el vasto territorio
semidesierto que había financiado la acomplejada belle époque criolla y debía
subsistir con el pedazo que sobraba.
Para la conciencia del argentino medio construida desde la
hegemonía portuaria, en cambio, la exacción perpetua resulta invisible. No es
política. Es tan natural como los ventarrones que serruchan los caminos sin
pavimento de la pampa seca; como que la sede de YPF siga estando a dos cuadras
del río y no en Neuquén.
Después de 51 años de Malraux, los desmedrados argentinos
del interior financian más que nunca el agua potable, las cloacas, todas las
modalidades de transporte, la luz y el gas de un Gran Buenos Aires con obesidad
mórbida. Buenos Aires es el único lugar del país donde el Estado nacional
brinda servicios directos ambientales, de salud, seguridad y justicia
ordinaria. Con el presupuesto de todos.
Recientemente se renovó esa condena. A la ciudad a la que ya
una vez le pagamos el Colón, le financiamos una obra que costó el triple que el
Guggenheim de Bilbao, como bancaremos por décadas su burocracia y los eventos
asombrosos a los que nunca asistiremos.
Haciendo historia, es un exponente clásico de la
arquitectura del academicismo francés. La obra comenzó a gestarse en 1888,
cuando el presidente Miguel Juárez Celman aprobó el proyecto para la
construcción del edificio, que fue diseñado, en principio, por el arquitecto
francés Norbert Maillart. Pero la iniciativa se reformuló en 1908 y la inauguró
el presidente Marcelo Torcuato de Alvear antes de que finalizará su mandato.
Contiene esculturas de M. Fiot y M. Chirico, pinturas de Bernaldo de Quirós y
Lola Frexas y refinados cerramientos de vitral.
Mide unos 60 metros de altura, posee nueve pisos, subsuelo,
planta baja, y siete pisos altos. El edificio fue declarado Monumento Histórico
Nacional en 1997. En 2003 dejó de utilizarse como Correo.
Alberga la sala sinfónica Ballena Azul, la sala de cámara
Argentina, 44 salas de exposiciones, 8 auditorios, 14 salas de ensayo, 3
restaurantes y una cúpula de usos múltiples.
Su costó alcanzó los 280 millones de dólares, más del triple
que los 84 millones de dólares del Guggenheim de Bilbao, construido en titanio.
Uso abusivo e
indebido” de la cadena nacional con fines de “propaganda política”
Las transmisiones en cadena nacional, con las que el Poder
Ejecutivo puede monopolizar el uso de las televisoras y las radios, podrían
llegar a 45 en este año electoral si se mantiene el ritmo de los primeros cinco
meses del año.
Así surge de la denuncia presentada hace una semana por
parte del jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, que recopiló el
uso del recurso desde 2009, cuando se sancionó la llamada “ley de medios”.
En menos de cinco meses, la Presidente ya superó la cantidad
total de cadenas nacionales utilizadas en cuatro de los seis años previos. Y si
sigue así, quebrará todos los récords. Hasta ahora, el año en que más apeló a
las transmisiones en cadena fue 2014. La estadística nunca dejó de crecer, a
excepción de 2013.
Otros legisladores opositores sumaron una nueva denuncia
penal contra la Presidente para cuestionar el “uso abusivo e indebido” de la
cadena nacional con fines de “propaganda política”.
La titular de la Fundación LED, la exdiputada radical
Silvana Giudici, y el director por la oposición en la Afsca, Gerardo Milman,
denunciaron a la Presidente porque “viola la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual”.
El massista Adrián Pérez, que presentó un amparo y una
medida cautelar, acusó a la Presidente de convertir las cadenas “en algo
genérico para ser utilizado como propaganda política”.
Martín Sabbatella, titular de la Afsca, afirmó que la
Presidente es quien resuelve qué actos son trascendentes y, por ende, ameritan
el uso de la cadena, pese a que ese recurso está regulado.
(*) Economista
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