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| Por Román Lejtman |
CFK pretende colonizar a la Corte para tener dos votos
propios cuando se traten todos los casos de corrupción que involucran a sus
empresas, familiares y testaferros. La Presidente no está a la caza de Carlos
Fayt preocupada por la calidad institucional de la Corte y su presunta
incapacidad para discernir los actos que asume como magistrado. Cristina le
tiró los perros al decano del alto tribunal para forzar una crisis política y
colocar a dos soldados oficialistas que tengan pasado en los tribunales y en la
cátedra del derecho.
La situación creada por Balcarce 50 es patética: un jefe de
Gabinete, un exjuez de la Corte y un operador mediático exhiben más
preocupación por Fayt que por la anómala situación política de Amado Boudou,
que flota como vicepresidente con dos procesamientos por haber violado ciertos
capítulos del Código Penal. El gobierno busca la caída de Fayt, que no tiene
causas abiertas ni pedidos de juicio político, y sostiene a Boudou que es
Presidente cada vez que Cristina viaja al exterior.
El juez federal Luis Rodríguez, nombrado por CFK, sobreseyó
a Carlos Liuzzi y Norberto Oyarbide, en la causa que investigaba un posible
encubrimiento cometido por estos funcionarios que responden a Carlos Zannini,
secretario Legal de la Presidencia. Liuzzi es subsecretario y le pidió a
Oyarbide, que es juez federal, que parara un allanamiento en una cueva de un
financista que tiene acceso directo a la Casa Rosada. Oyarbide reconoció que lo
llamó Liuzzi y aceptó que, por su indicación, frenó el allanamiento que había
ordenado a la financiera. Para Rodríguez no hubo delito, y ninguna mascota de
la quinta de Olivos propuso su juicio político.
La conclusión es simple y trágica: al gobierno no le importa
la calidad institucional de los tribunales, sólo pretenden cobijar a Cristina y
su familia ante la probable sucesión de causas penales que terminaran en la
Corte Suprema. Los operadores del gobierno sospechan de la capacidad
cognoscitiva de Fayt y proponen su ejecución pública, mientras jugaron todas
sus fichas en cerrar la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que tenía más
asidero jurídico que la eventual ausencia de lucidez de un magistrado que
siempre enfrentó el pensamiento hegemónico del peronismo.
CFK ha dicho que la Corte Suprema no puede limitar al
gobierno. Siempre pensé que ella sabía de derecho y conocía la jurisprudencia
del alto tribunal. La democracia se refresca con el voto popular, pero necesita
al Poder Judicial para limitar los abusos del poder. El control de
constitucionalidad está en manos de los jueces y también la investigación de
los casos de corrupción. Así funciona el sistema, aunque la perspectiva
populista asigne a la movilización social más valor que una sentencia fundada
que limita el acto del príncipe.
Cristina va por la Corte Suprema. Primero desea terminar con
Fayt y después poner a dos soldados que responderán a sus órdenes personales,
aunque haya terminado su mandato presidencial. Si pasa, CFK será Menem. Y lo
que fue tragedia, mutará a farsa. Para siempre.
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