La senadora
kirchnerista presentó un proyecto para que los candidatos de todos
los partidos
pasen por esa instancia.
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| Cristina Fiore presentó un proyecto sobre debates presidenciales. |
Salta - En un año
electoral donde se hace generalizado este reclamo, la senadora nacional del
Frente para la Victoria Cristina Fiore Viñuales presentó un proyecto de ley
para hacer obligatorios los debates públicos entre candidatos a presidente y
vicepresidente de la Nación cinco días antes de los comicios.
Así, la legisladora se sumó a la cantidad de proyectos de
diversos bloques para obligar a los candidatos a pasar por esta instancia.
Mientras un grupo de organizaciones de la sociedad civil promueve la iniciativa
Argentina Debate, para concretar por primera vez en la historia del país un
debate presidencial.
La propuesta de Fiore se distingue por definir a la Cámara
Nacional Electoral como autoridad de aplicación, “lo que le brinda
imparcialidad e independencia al momento de la realización del encuentro”,
explicó la senadora.
Además, su proyecto determina la difusión del debate a
través del servicio de medios públicos de radio y televisión, con un “moderador
imparcial”.
Por otra parte, establece la realización de una encuesta
nacional, veinte días antes del debate, destinada a determinar los temas de
política pública que el electorado considere prioritarios para tal discusión.
Otro elemento distintivo respecto de anteriores proyectos
presentados es la obligatoriedad de debatir para candidatos a vicepresidente,
“figura que ha dejado de ser un mero acompañamiento en las últimas gestiones y
que también precisa ser conocida por la ciudadanía”, se indica en los
fundamentos.
Sobre el final el proyecto, se establece que la Cámara
Nacional Electoral sancionará a aquellos candidatos y al partido político al
que representan, que no participen en el debate.
La senadora destacó la importancia del debate público, “el
cual permite conocer y comparar las propuestas de los distintos candidatos, en
pos de un ejercicio más pleno del sufragio”.
“Al poder contar con un conocimiento más amplio de las ideas
y proyectos que el que ofrecen la propaganda y los medios de comunicación, se
otorga la posibilidad de ejercer un control ciudadano sobre el cumplimiento de
las promesas electorales efectuadas por el candidato que resulte electo”,
explicó la salteña.
Y finalizó: “nuestra propuesta procura institucionalizar una
práctica política que permita un acercamiento entre el ciudadano y los
candidatos a alcanzar la más alta investidura y dotar al sistema democrático de
una herramienta esencial, que sin duda aportará legitimidad al sistema
eleccionario”.
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