Por Andrés Fernández
¿Juventud o
juventudes?
Desde una posición democrática y progresista, es importante
entender a la juventud desde una perspectiva de construcción sociocultural, que
contemple a su vez la visión biográfica del sujeto. Esto nos permite reconocer
las singularidades que adquiere el término en distintos momentos y espacios.
Surgen entonces varias cuestiones a tener en cuenta: en primer lugar, que la
edad como criterio biológico no alcanza para definir a “la juventud” ya que
asume valencias distintas en diferentes sociedades, como así también al
interior de una misma sociedad. En segundo término, que la juventud es también
una concepción relacional, es decir “se define en relación a” y que puede
encubrir una relación asimétrica en favor de los adultos, quienes se establecen
como punto de referencia del “deber ser” que los jóvenes deben alcanzar. Por
último, la juventud se fija de acuerdo a otras relaciones en las que se
involucran los sujetos, como ser las territoriales, las de clase, las de
género, las étnicas, etc. Esto genera que la condición juvenil sea vivida y
expresada de diferentes formas, lo que nos lleva a identificar que no existe
una única forma de ser joven, sino muchas. Por esta razón, es imprescindible
hablar de “las juventudes” antes que de “la juventud”.
Atendiendo a la creciente complejidad que implican los
cambios tecnológicos y la aceleración de las transformaciones sociales, es
fundamental que los gobiernos implementen planes integrales de juventud como
vía hacia la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Es un camino con
numerosas dificultades, pero necesario y urgente.
Juventudes y
políticas públicas
En relación a las políticas implementadas por los diferentes
niveles del Estado, salvo algunos temas muy puntuales, parece una obviedad
remarcar que existe una descoordinación y hasta una competencia en la relación
con su “población – objetivo”. Esto genera una clara ineficacia en la
aplicación de las políticas y una ineficiencia en la ejecución de recursos
públicos.
La necesidad de una coordinación o articulación entre Nación
y Provincias y entre éstas y los gobiernos locales, radica justamente en la
cada vez mayor complejidad que atraviesa a las relaciones sociales y a los
efectos inequitativos del mercado.
Más allá de los esfuerzos (importantes) dedicados por los
municipios, es imprescindible una acción conjunta con los otros niveles del
Estado que considere a las y los jóvenes como grupo estratégico del desarrollo
de sus comunidades; ya que nos encontramos con numerosas deudas pendientes, que
deben ser atendidas para evitar la profunda desigualdad y vulnerabilidad que
genera el sistema económico – político imperante.
Deudas pendientes
Las y los jóvenes deben ser considerados como sujetos de
derecho y en este sentido, el Estado debe garantizar las políticas que los
contemplen como ciudadanos. Parece contradictorio entonces con el Estado de
Derecho, la vigencia de mecanismos autoritarios de control social que priorizan
la primacía de un discurso inexpugnable sobre la seguridad.
De igual manera, es prioritario pensar una reforma del
sistema educativo que contemple los aspectos formales e informales de una
verdadera herramienta emancipadora. Que la educación sea realmente un camino
hacia una mayor igualdad. De la misma forma, es vital pugnar por la vigencia de
un sistema integral de salud.
El acceso al trabajo es otra de las deudas pendientes. Si
bien son conocidas y abundantes las iniciativas que buscan capacitar o formar a
las y los jóvenes (como paso previo al empleo), no es del todo claro que esas
políticas sean tan efectivas como se las presenta. La escasez de estadísticas,
por ejemplo, no permite trazar horizontes claros en políticas que debieran
trascender a los períodos de gobierno para convertirse en claras políticas de
Estado y que sin embargo son utilizadas como estrategias de marketing en una
visión privatista y paternalista de la cosa pública.
La permanencia en el territorio y el acceso al hábitat son
dos cuestiones que se entrelazan y se alimentan mutuamente, pero que no figuran
en la agenda. Es conocido el proceso de destierro que sufren muchos jóvenes de
comunidades alejadas (en lo general, de comunidades rurales) que no encuentran
posibilidades y deben alejarse de sus lugares de origen con todas las
consecuencias que ello acarrea; como así también las dificultades de acceso al
hábitat que los jóvenes de comunidades urbanas padecen como un elemento más de
su vida cotidiana. El no acceso a servicios básicos como así también la
creciente dificultad en lograr la vivienda propia son temas que debieran ser
prioritarios.
Claves para una
política pública
En la búsqueda de políticas públicas que transiten el camino
para superar las deudas pendientes y desde una perspectiva progresista,
podríamos establecer algunas claves tentativas.
En primer lugar la igualdad de oportunidades: que significa
considerar a las políticas públicas de juventud como una herramienta de
generación de igualdad y la garantía de los derechos respetando la diversidad
de realidades de las juventudes. También considerar una visión de integralidad
que implica analizar en toda su complejidad las situaciones que atraviesan a
las juventudes.
Es importante la participación de los jóvenes; ya que participar
implica estar en movimiento, ponerle voz y cuerpo a los cambios. Es llevar
adelante las ideas, de forma conjunta y para el bien común, buscando
transformaciones a través de la acción colectiva. Es entonces necesaria una
participación real de los protagonistas, es decir, de las y los jóvenes. Por su
parte, no debe faltar el diálogo intergeneracional pero considerando que para
dialogar entre generaciones es necesario superar las concepciones tradicionales
que sectorizan a los jóvenes, el enfoque adultocéntrico, la conformación de
micro–grupos de jóvenes que se excluyen del resto de la sociedad y la
deficiente visualización de la juventud como “el futuro”.
Por último es imprescindible la transversalidad y la
búsqueda de sinergias. Esto redunda en una mayor y mejor comprensión de las
diversas dimensiones de la realidad como así también exige la coordinación
entre los diferentes niveles del Estado y la participación de la sociedad tanto
en la formulación como en la implementación de las políticas públicas de
juventudes.
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