Por Lucio Geller
Desde sus orígenes, el peronismo ha tenido una visión de la
economía (y de la sociedad) ajustada a las encíclicas Quadragesimo Anno y Rerum
Novarum. Por cierto, sus voceros reconocen contradicciones y tensiones entre
capital y trabajo, pero las soluciones e iniciativas no debieran desbordar el
marco de las relaciones capitalistas. Igual que las encíclicas papales.
Un gurú de esa correspondencia entre ideología peronista y
encíclicas es el diputado laboralista Héctor Recalde. Debe reconocerse que
Recalde siempre procura ventajas para los trabajadores con sus propuestas
legislativas, pero su afinidad ideológica con el capitalismo, su conocimiento
incompleto de las leyes de su funcionamiento, y su empecinamiento (no puede ser
una convicción fundada) en pretender que la ideología peronista conviene más a
los trabajadores que el socialismo, le impide reconocer los inconvenientes de
sus propuestas legislativas.
Un par de iniciativas suyas circulan por la legislatura
nacional. Una de ellas es la reducción de la jornada de trabajo; otra es la
participación de los trabajadores en las ganancias. Cada una de ellas es mala
por sí misma. En esta oportunidad, me limitaré a un análisis de la primera. En
otra oportunidad, abordaré la segunda.
A pesar de las múltiples consideraciones para justificar su
iniciativa, la propuesta de Recalde es edulcorante, apenas reduce la jornada
legal de 48 a 45 horas sin disminución de salarios (han habido iniciativas más
atrevidas que las de Recalde, incluso en Argentina).
Para justificar esa tímida iniciativa, Recalde apela a un
ejemplo sin pies ni cabeza: “Pongamos un ejemplo claro: hay dos trabajadores
sobreocupados porque los hacen trabajar (sic) doce horas a cada uno. Esas 24
horas hay que (sic) dividirlas por tres, no por dos. Si nosotros (explica
Recalde) reducimos (sic) la jornada de 48 a 45 horas, podríamos redistribuir
empleo con destino hacia 200 mil trabajadores que hoy no lo tienen” (nótese,
primero, que el ejemplo está referido a una jornada efectiva de 12 horas, que
no es la legal, y, segundo, que el resultado sobre el empleo resulta de apelar
a alguna cábala encriptada en los textos papales que escapa a mi escrutinio).
Una forma de interpretar la propuesta de Recalde, que él no
puede verbalizar por su militancia, es que la propuesta equivaldría a organizar
varias situaciones productivas alrededor del Sábado Inglés, esto es, jornadas
de ocho horas de lunes a viernes, y medio día de trabajo el sábado. No estaría
nada de mal, pero es muy objetable el efecto final sobre el empleo.
Como el trabajo está organizado de distintas maneras en las
empresas industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios, no puedo
entretenerme con el ejemplo tan particular de Recalde, ni con todas las
dificultades que conlleva su aplicación a las distintas formas de organización
del trabajo. Debo afirmar inicialmente que no es posible esperar aportes
significativos al empleo reduciendo la jornada de trabajo 48 a 45 horas.
1 - Si la reducción de la jornada de trabajo viniese acompañada
del mismo nivel de remuneraciones, es obvio que la reducción significaría un
aumento del bienestar para los trabajadores por las horas de ocio a su
disposición. (¡Ojo!, en ningún momento nadie debería preguntarse “¿qué harían
los trabajadores con el ocio”? Harían lo mismo que aquellos que formulan la
pregunta, o algo distinto pero igualmente gratificante).
2 - La reducción de la jornada de 48 a 45 horas traería
aparejado un bajón de la producción de hasta 6% en la empresa que lo aplica, o
un aumento de los costos laborales si la empresa recurriese a pagar horas extraordinarias
por esa diferencia de tres horas para sostener el nivel de producción o ventas.
3 - El efecto siguiente de reducir por ley la jornada de
trabajo, si bajase la producción o apelasen las empresas a las horas
extraordinarias, es un inevitable aumento en los costos unitarios de producción
y, según los porcentajes de marcación sobre costos en cada empresa, un aumento
generalizado de precios.
4 - El aumento de costos y precios pone en tensión a otras
variables económicas: por supuesto, pone en tensión al tipo de cambio en una
economía con grado importante de apertura. Pero aún más importante, la
reducción de la jornada generaría un incordio entre los sectores de la
burguesía porque cada empresa, en cada sector, tiene diferentes dotaciones de
trabajadores por unidad de capital. Cada empresa y sector evaluará
diferentemente la propuesta de Recalde porque los impactos sobre costos serían
diferentes. Podríamos permanecer ajenos a los conflictos interburgueses, pero
indicarlos nos da una pista sobre el destino probable de la propuesta que
comentamos.
5 - Pensemos de otro modo: hagamos un ejercicio más
significativo de reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Evidentemente, en
este caso no se podría sostener la premisa de trabajar menos horas por el mismo
salario. ¿Aceptarían los trabajadores trabajar menos horas con una baja en sus
remuneraciones? Tiempo atrás, una declaración de los obispos de Montreal
planteaba la siguiente pregunta, ¿tendrán los trabajadores en actividad
disposición a ceder horas de trabajo a sus hermanos desocupados? La respuesta
trasciende a la ciencia económica.
6 - Una consideración importante que Recalde ignora, que hace
dificultosa la propuesta que nos entretiene, resulta de dar por supuesto que el
trabajo es homogéneo. No es así: hay empresas que trabajan con una alta
dotación de mano de obra calificada. Estas empresas encontrarían difícil las
contrataciones de trabajadores adicionales (si hubiera lugar a un aumento del
empleo en la empresa) porque es escasa la mano de obra calificada en Argentina.
Las dificultades de contratar mano de obra calificada están desigualmente
distribuidas entre sectores (como hoy día está demostrado en las búsquedas de
personal). Siempre resulta más fácil hoy encontrar changarines que torneros o
fresadores, apenas dos ejemplos.
Sin embargo, reducir paulatinamente la jornada de trabajo no
es una quimera. De manera inmediata, aún con el actual desarrollo de las
fuerzas productivas, habría otra forma de reducir estadísticamente las horas
trabajadas sin afectar la jornada legal, esto es, el número promedio de horas
trabajadas en una economía por cada trabajador ocupado. Sería necesario
introducir nuevas instituciones laborales en la negociación colectiva o en la
gestión de recursos humanos de las empresas. Esas instituciones son el trabajo
a tiempo parcial (una función de ocho horas es rediseñada en dos funciones de
cuatro horas que permitirían la ocupación diaria de dos personas), y el trabajo
a tiempo compartido (una función que requiere un trabajo continuo de ocho horas
se cumple alternativamente en la jornada semanal, de lunes a sábado, por dos
personas).
Debe quedar claro que estas instituciones no requieren de
una nueva ley ya que son admisibles en el marco laboral actual. Su aplicación
depende de la acción de sindicatos y empresas, y de la colaboración que el
gobierno ofrezca para resolver las dificultades de su implementación en las
empresas.
Estas instituciones laborales han sido probadas en países
europeos con resultados positivos. Su aporte al bienestar podría ser
considerable: hoy día el indicador importante para que una familia se eleve por
sobre el nivel de pobreza es el número de miembros que trabajan (mujeres
dispuestas a trabajar por menos de ocho horas, jóvenes que necesitan trabajar
sin dejar de estudiar, adultos mayores a quiénes resulta exhaustiva una jornada
de ocho horas). El efecto sobre el empleo sobre algunos grupos poblacionales se
apreciaría a la larga a medida que van produciéndose las vacantes en las
empresas por la rotación de la mano de obra.
¿Es posible reducir la jornada de otras maneras? Por
supuesto, pero no por atajos legales, sino por una intención consciente de la
sociedad de cómo gestionar el progreso técnico y distribuir sus frutos.
Alcanzar aquella meta depende principalmente de que los trabajadores, a través
de sus organizaciones de base y de grados superiores, incorporen los temas de
organización del trabajo y de la producción a sus arsenales ideológicos y de
acción. Será un proceso paulatino, inicialmente sostenido en aquellas empresas
donde la gestión combine progreso técnico, capacitación del personal y aumentos
de productividad. Como una mancha de aceite, esa reducción se extendería a
otras unidades productivas hasta que su difusión amerite una ley para su
adopción general.
En el estado actual del desarrollo de las fuerzas
productivas en Argentina, una ley que redujese la jornada laboral de manera
simultánea y universal en todos los sectores productivos, sería ineficiente e
ineficaz. Generaría más problemas que aportes al bienestar de los trabajadores.
Si el aumento del empleo es el objetivo, es de Perogrullo promover las
inversiones, fortalecer la formación profesional e introducir nuevas formas de
trabajo en los procesos productivos.
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