Menos “industrialista” que “mercantilista”

Por J. Valeriano Colque (*)

El Gobierno Nacional ha enfatizado siempre su vocación industrialista. Entre otras cosas, destaca de manera recurrente el fuerte crecimiento de la producción industrial en los últimos 10 años, aunque tal crecimiento no es evidencia de industrialización en el marco de un crecimiento semejante del resto de la economía.

En su reciente discurso por Cadena Nacional, la Presidente insistió en la industrialización durante su gestión, contraponiéndola a la destrucción de la industria causada por el neoliberalismo.

Son discursos que contrastan con varias políticas económicas que han tenido efectos negativos sobre la industria. Una de ellas es el conjunto de políticas macroeconómicas que ha llevado al actual problema de atraso cambiario, muy perjudicial para la industria, como lo sabe cualquier industrial que haya tratado de salvar su empresa en medio del atraso cambiario del final de la gestión de Martínez de Hoz o del atraso cambiario del final de la Convertibilidad. Una política industrial en medio del atraso cambiario es una contradicción.

Otro caso es el de las fuertes restricciones a las importaciones, a través de distintos instrumentos, muchos de ellos discrecionales y hasta arbitrarios, como la opacidad en los criterios para aprobar Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) o en los criterios del Banco Central para habilitar la compra de dólares para pagos de importaciones ya realizadas.

Podría pensarse que tales restricciones son parte de una política industrial proteccionista, en cuyo caso sería discutible en qué medida el proteccionismo es la mejor política para promover la industrialización, luego de muchos fracasos en la historia económica argentina y latinoamericana.

Pero a esta altura debería ser claro que todo el esquema vigente de restricciones a las importaciones ha estado menos pensado para favorecer a la industria que para administrar las reservas del Banco Central. Menos “industrialista” que “mercantilista”. De lo contrario no podría haber tantas empresas industriales con serios problemas para abastecerse de insumos por las dificultades para importar, ni podría haber tantas dificultades para importar bienes de capital necesarios justamente para proyectos de inversión para sustitución de importaciones.

Y el caso más reciente es el del convenio de cooperación firmado con China, actualmente a la espera de su aprobación por parte de la Cámara de Diputados, luego de su aprobación por parte del Senado. Tal convenio contempla la posibilidad de que las obras públicas argentinas con financiamiento chino puedan realizar adjudicaciones directas a proveedores chinos.

Nadie del Gobierno Nacional ha respondido a las críticas, provenientes de distintos sectores, sobre este punto. La única respuesta fueron cuestionamientos políticos, como si en lugar de tratarse de una cuestión económica concreta, objetiva, se tratara simplemente de posiciones políticas, oficialistas versus opositoras. Que dentro de la Unión Industrial Argentina haya dirigentes militando en la oposición política, como José Ignacio de Mendiguren, o explícitamente oficialistas, como Juan Carlos Lascurain, puede favorecer una visión tan maniquea por parte del Gobierno.

Pero la cuestión de fondo, que el Gobierno no responde, es que aquella cláusula del convenio con China es incoherente con su discurso industrialista.

Como muchas de las políticas ejecutadas en los últimos años en nombre de la industrialización.

El “modelo” está agotado

El modelo económico de argentina está agotado desde 2012. En promedio, en período 2012-2014, el PIB no creció nada, las exportaciones cayeron 5 % anual (y 18 % en enero 2015).

La inversión bajó 1 % anual y el consumo masivo (ventas en supermercados) subió apenas 0,3 % anual, aunque tuvo una caída del 1,5 % en 2014. Detrás de ese comportamiento del consumo está el salario, cuyo poder adquisitivo bajó cinco puntos el año pasado.

En ese contexto, el Gobierno necesita que no se dispare la inflación para que los salarios no continúen perdiendo terreno y por ello mantiene controlado el tipo de cambio mientras intenta conseguir dólares por otras vías. Si ello no ocurre, hay que esperar más restricciones a las importaciones industriales.

Por su parte, en el empresariado en América Latina existe un marco de colaboración con los estados para mejorar la competitividad, como es el caso de Colombia y Brasil,. En ese plano, la situación del empresario argentino es desventajosa.

Los temas cruciales deberán seguir esperando otra cadena nacional para conocer posibles soluciones

La presidente Cristina Fernández dejó inaugurado el 133° período de sesiones ordinarias del Congreso con uno de los discursos más extensos que se recuerden ante la Asamblea Legislativa.

Volvió a enumerar realizaciones, planes y proyectos desarrollados durante 12 años de gestión. Después de más de una década, resulta inconcebible seguir comparándose con las cifras de la crisis de 2001 y 2002 o bien recordar el panorama socioeconómico que existía cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003.

La Presidente manifestó por primera vez su pesar por la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida hace 40 días, aunque volvió a denostarlo, lo que resulta inmoral por tratarse de una persona que no puede defenderse de acusaciones basadas en informes de inteligencia.

En forma injustificada, volvió a insistir en la existencia de un “partido judicial”, cuando los dos últimos fallos resonantes–sobre el caso Nisman y la prescripción de la causa de “la valija de Guido Antonini Wilson”–favorecieron la posición del Gobierno. ¿O lo que se pretende es una Justicia que lisa y llanamente se abstenga de investigar a los funcionarios?

Se enojó cuando legisladores de la oposición exhibieron carteles que pedían abrir los archivos de la causa Amia. Sin reconocer que fue un error el acuerdo con Irán, dijo que defiende este tema desde 1994 y pidió que las miradas se dirigieran hacia “otro sector”–estaba allí el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti–en relación con la investigación de ese atentado y al de la Embajada de Israel. Otra alusión indebida.

Aunque hubo anuncios en materia económica, como la estatización de la administración de los ferrocarriles concesionados a operadores privados, el impulso al uso del pagaré en operaciones bursátiles y el registro de patentes industriales, estos no estuvieron a la altura de las expectativas.

La gran deuda de la Presidenta fue no hacer una autocrítica sobre las urgencias económicas que aparecieron durante su gestión, las vinculadas con la inflación y la pérdida de empleos, en especial en 2014.

Tampoco hubo referencias destacadas a cómo superará la Argentina la inseguridad, que es la principal inquietud de la sociedad, y el avance del narcotráfico. Este tema mereció recientemente una reflexión del papa Francisco, quien advirtió el peligro de que ese delito se expanda, como sucede en otros países latinoamericanos.

Más allá de la extensión, fue otro discurso autorreferencial, con denuncias basadas en generalidades, que poco aportan a solucionar los problemas de la vida cotidiana de los argentinos. Todo indica que los temas cruciales deberán seguir esperando otra cadena nacional para conocer posibles soluciones.

(*) Economista

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