Es por la omisión
deliberada de información en los múltiples
niveles de responsabilidad.
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| Por J. Valeriano Colque (*) |
El derecho de acceso a la información pública es uno de los
pilares básicos del sistema republicano, aunque la vieja práctica de los
funcionarios de retacear datos y estadísticas de utilidad para los ciudadanos
rompe con aquel principio fundamental.
La omisión deliberada de información sobre la administración
del Estado no sólo interfiere el necesario conocimiento y evaluación de
situaciones de alta complejidad social (por caso, los índices de pobreza), sino
que pone en duda la transparencia de los actos de un gobierno en los múltiples
niveles de responsabilidad.
La administración nacional ha dado muestras fehacientes de
esa mala práctica, al cabo de casi 12 años en la conducción del país. Huelga
apuntar que las controversiales mediciones de diversa naturaleza operadas por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) encabezan la lista de
desvaríos. Esta obsesión por esconder lo que debe ser público sumó un nuevo
capítulo con la difusión de los sueldos que cobran la presidente Cristina
Fernández y sus ministros y secretarios.
A raíz de un pedido de información pública canalizado por el
diario La Nación, de Buenos Aires, la Casa Rosada había subido a su sitio web
una planilla con detalles de los haberes que perciben la Presidente y sus
funcionarios. No estaría en discusión en este caso el monto de los salarios
(Cristina tiene un haber bruto de 100 mil pesos), pero sí el hecho de que el
gesto de transparencia fue fugaz. No está claro por qué motivos, pero la
Secretaría General de la Presidencia, que conduce Wado de Pedro, ordenó borrar
del sitio la mayoría de los datos vinculados con los sueldos del Ejecutivo.
Una administración sacudida por las sospechas de corrupción
pública (con la propia Presidente y su vice, Amado Boudou, en problemas con la
ley) no cesa en tomar medidas arbitrarias, como negar o distorsionar la
realidad de sus actos.
Pero no se puede ocultar lo que es irrebatible: se sabe que
los índices de pobreza e indigencia en la Argentina vienen creciendo a valores
preocupantes, pese a que el Gobierno optó por cancelar la difusión de esos
parámetros. Se trata de datos indispensables para conocer la gravedad de dicho
fenómeno social. ¿Es necesario profundizar sobre la nula confianza que genera
el Indec luego de haber dibujado durante años los índices de inflación?
La credibilidad de un gobierno elegido por el voto popular
(no sólo el que administra el país) se sustenta en la franqueza de sus
acciones, una materia que pocos podrían aprobar a la hora de rendir cuentas
frente a una sociedad cada vez más madura. Por ello, ante el desafío de un año
electoral, esas y otras falencias seguramente se verán reflejadas en la
voluntad de las urnas.
Tanta cantidad de
políticas sociales y millonarias inversiones del estado no alcanzan para
reducir la cantidad de pobres
El gasto social es una obligación fundamental del Estado,
bajo cualquier perfil ideológico partidario. Pero lo que define el resultado no
es el volumen, sino su efectividad, aspecto a veces olvidado por la gestión.
Este año, el Estado nacional pondrá en el gasto social
734.155 millones de pesos, 25 % más que el año pasado, cifra que representa
casi 60 % del total del presupuesto, que este año llegará al récord de 1,2
billones de pesos. Casi 513 mil millones de pesos corresponderán a la seguridad
social, que además de las jubilaciones y pensiones de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (Anses), incluye los 8,4 millones de beneficios
distribuidos por asignaciones familiares (más de 53 mil millones de pesos), los
casi 1,5 millones de personas que gozan de las pensiones no contributivas (un
monto similar de casi 53 mil millones de pesos) y los casi 3,4 millones de
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Así, todo el sistema de seguridad social realizará este año
más de 20 millones de asistencias, lo que no quiere decir que sea igual la
cifra de beneficiarios, ya que algunas personas pueden participar de más de un
¬programa o cobrar más de una prestación.
Los datos se desprenden de la Ley de Presupuesto 2015, que
incluye cifras sorprendentes por su volumen en gasto social.
Por ejemplo, el plan Argentina Trabaja, del Ministerio de
Desarrollo Social, con el cual se forman cooperativas para obras de
infraestructura local, sumará este año 5,5 millones de puestos de trabajo. Es
un 80 % más que en 2014 de integrantes que están vinculados con otros planes
sociales. Cada beneficiario cobra 2.600 pesos mensuales desde noviembre del año
pasado además de 300 pesos por productividad y 250 pesos por concurrencia a las
actividades de capacitación y promoción del empleo.
Otro dato que llama la atención surge del rubro seguridad
alimentaria. En 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
destacó en su último informe sobre Pobreza e Indigencia, que en el primer
semestre de ese año había 189 mil hogares indigentes en el país (1,4 %). Para
2013, el programa de Asistencia Alimentaria para Hogares Indigentes preveía
14,1 millones de beneficiarios; para este año, esa cifra llegará a 17 millones.
En el marco de este tipo de programas, está el plan de
asistencia financiera a comedores, que en 2014 ayudó a 11.412 centros y que
este año pretende llegar a casi 15 mil.
En tanto, en el orden del programa Familias por la Inclusión
Social, el plan Manos a la Obra trabajará en microcréditos con 850
organizaciones sociales y asistirá a 800 consorcios de gestión de redes de
microcréditos. El registro de efectores de desarrollo social, los inscriptos en
el monotributo social, prevé reunir este año a casi un millón de personas, por
la incorporación de 200 mil beneficiarios.
Lo coyuntural, permanente. Los programas y las cifras se
multiplican y se superponen con regímenes similares de las provincias y los
municipios, generando una batería de planes sociales sobre los cuales no hay
datos acerca de su efectividad.
La incógnita es por qué tanta cantidad de políticas sociales
y millonarias inversiones del Estado en todos sus niveles no alcanzan para
reducir la cantidad de pobres, cuya cifra el Gobierno nacional dejó de informar
hace un año y medio. Peor aún, para algunas organizaciones dedicadas a temas
sociales, pobreza e indigencia vienen en aumento desde 2013.
Lo que está claro es que la economía no está generando la
cantidad de puestos de trabajo que la sociedad requiere, hay más desempleo, hay
más pobreza y hay segmentos de la población que reciben ingresos que les
permite paliar la situación, pero no sirven para dejar de ser pobres o
indigentes. La gran deuda de la política social es crear empleo para sacar a
los pobres de esa situación. No está generando una cultura del trabajo, la
economía no está creando fuentes de trabajo porque no está creciendo. El
subsidio es bueno para el momento en el que debe estar. El problema es cuando
lo temporal se convierte en permanente.
Los planes sociales son necesarios, no se puede dejar a los
niños sin comida. Pero hace falta trabajo genuino.
(*) Economista
© Agensur.info
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