Afirman que el
fallecido fiscal buscaba “un efecto desestabilizador”
por denunciar a la
Presidenta.
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| El fiscal Alberto Nisman volvió a ser cuestionado por el Gobierno. |
Nacionales - A un
mes y medio de la dudosa muerte de Alberto Nisman, el Gobierno nacional volvió
a cuestionar al fiscal, esta vez con polémica solicitada en la que lo acusó de
buscar "un efecto político desestabilizador" con su denuncia contra
Cristina Kirchner por encubrimiento.
La solicitada, titulada "Compromiso,
Verdad y Justicia", fue publicada a página entera en los principales
periódicos de circulación nacional.
Allí, el Gobierno alertó sobre "la
gravedad institucional y política de la denuncia" promovida por Nisman y
luego sostenida por Gerardo Pollicita, a la vez que defendió el memorándum de
entendimiento con Irán.
"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué
objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de
contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una
hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?",
se preguntó en el texto, donde reproduce los argumentos de Rafecas para
rechazar la imputación.
El artículo, firmado por el "Gobierno de la República
Argentina", hace hincapié en los "documentos hasta ahora
desconocidos" de Nisman que Rafecas citó en su fallo. "¿De qué
dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con el Poder Ejecutivo
ante las Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento? Las
respuestas a estas preguntas no tienen la virtud de buscar la verdad y menos
aún de garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares", indicó.
Asimismo, remarcó que "en este contexto, solo es
posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso
Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que
permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí,
llevar el caso hacia un juicio oral y público".
Al respecto, acotó que "esa situación pondría al Estado
argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para
exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral
en un tercer estado".
"Es menester hacer un llamado a la sociedad argentina y
a la comunidad internacional a escuchar a las víctimas del atentado y sus
familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente prestan
atención", sostuvo la nota.
En ese sentido, pidió "acompañar el juicio oral que se
llevará adelante por el verdadero encubrimiento del atentado, en el que están
acusados un ex presidente (por Carlos Menem), su jefe de la Secretaría de
Inteligencia (por Hugo Anzorreguy), el juez de la causa (por Juan José
Galeano), los fiscales, un alto jefe policial, entre otros funcionarios
públicos de alta jerarquía".
"Un juicio que no implica solamente a altos
funcionarios del Poder Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone
bajo la lupa al sistema de justicia penal federal", arremetió, al aludir
al proceso que tendrá lugar en la segunda mitad de 2015.
En el final de la solicitada, el Gobierno señaló que el
atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 con un resultado de 85
muertos y centenares de heridos, "constituye uno de los crímenes más
dolorosos de nuestra historia reciente". "Tal como ha quedado
plasmado en cada uno de los hechos y políticas impulsadas por el Estado
Nacional, se reafirma el compromiso del Gobierno en la búsqueda de verdad y
justicia", concluyó.
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