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| Por J. Valeriano Colque (*) |
Se hizo pública una interna dentro de la Unión Industrial
Argentina (UIA) por la postura institucional frente a los acuerdos firmados por
los gobiernos de Argentina y China.
En esa interna inciden factores políticos, como el histórico
alineamiento oficialista de dirigentes del sector metalúrgico (el caso de Juan
Carlos Lascurain) y la participación política en espacios opositores de otros
dirigentes de la UIA (el caso de José Ignacio De Mendiguren).
Esas cuestiones políticas forman parte del debate interno en
la UIA, pero no tienen nada que ver con la cuestión de fondo, que es si los
acuerdos firmados con China benefician o perjudican a la industria nacional.
Los acuerdos firmados días atrás en ocasión de la visita de
la Presidenta a China en realidad son varios. Incluyen acuerdos de cooperación
y memorándums de entendimiento en actividades espaciales, en uso pacífico de
tecnología nuclear, en información y comunicaciones, en salud, cultura,
asistencia jurídica, visas de turismo, financiación de operaciones de comercio
exterior, entre otros.
Pero todos ellos, junto con la financiación y construcción
de las represas Kirchner y Cepernic, están enmarcados en el “Convenio
marco de cooperación en materia económica y de inversiones entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China”,
firmado entre ambos gobiernos el 18 de julio de 2014 y actualmente en proceso
de aprobación parlamentaria en el Congreso de la Nación (ya tiene media sanción
del Senado).
El convenio con China con media sanción parlamentaria tiene
dos aspectos polémicos: la posibilidad de que obras públicas argentinas contraten
trabajadores de ese país y la habilitación para realizar contrataciones
públicas directas, con potencial perjuicio de industriales nacionales y del
presupuesto público.
Su artículo 5 establece: “Las Partes establecerán un Plan
Integrado de cinco años de duración. Los detalles de dicho Plan se consignarán
en un Convenio Complementario de Cooperación en materia de Infraestructura, el
cual se firmará en el marco del presente Convenio”. “Las adquisiciones en el
marco de los proyectos del sector público argentino, cuya ejecución se enmarca
dentro del alcance del Plan Integrado, podrán efectuarse a través de la
adjudicación directa siempre que estén sujetos a financiamiento concesional de
la parte china y que la adjudicación se realice en condiciones ventajosas de
calidad y precio”.
Y su artículo 6 establece: “Con sujeción a su legislación y
de conformidad con el derecho internacional aplicable, cada parte otorgará a
los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades
lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta
propia, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor,
siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo
necesarios para el ejercicio de dichas actividades. Las respectivas autoridades
garantizarán el efectivo goce de las facilidades mencionadas sobre la base del
principio de reciprocidad”.
Estos dos artículos contienen los dos principales puntos en
discusión, independientemente de los aspectos específicos de cada convenio o
memorándum de entendimiento.
El artículo 6 plantea una cuestión sensible: la
participación de trabajadores chinos en proyectos públicos de inversión en
infraestructura financiados por China.
Es razonable que en un proceso de cooperación económica se
incluya la posibilidad de trabajar en el otro país bajo la legislación del país
que recibe a los trabajadores extranjeros, pero es discutible si tal concesión
es apropiada en un contexto de necesidad de absorber mano de obra local para
reducir el desempleo. Y las discusiones pueden caer en el límite de la
xenofobia.
Más claros son los potenciales perjuicios del artículo 5.
Porque implica que en las obras públicas de infraestructura que Argentina
proponga a China, en el marco de este Convenio, y que China acepte financiar,
el Estado podrá elegir proveedores chinos con adjudicación directa, sin
necesidad de licitaciones u otros mecanismos de compulsa de precios,
eventualmente en perjuicio de proveedores locales y del presupuesto público.
Esto es lo importante que decidirá el Congreso, que tiene
que votar por aprobar o no el convenio ya firmado con China. El resultado
seguramente será su aprobación.
Por eso parte de los industriales de distintos puntos del
país plantean su preocupación por el sesgo anti-industrial del convenio.
Cuestión que no tiene que perderse de vista en medio de
intereses políticos de uno y otro lado del debate.
El relato de levantar gradualmente el cepo cambiario, se derrumbó ante
la realidad angustiante de la escasez de divisas
El escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman puso en
un segundo plano los graves problemas económicos de la Argentina. Sin embargo,
estos quedaron en evidencia cuando el Banco Central debió interrumpir la compra
de dólares por parte de importadores y de las agencias de turismo, para el
pago, en especial, de autopartes, insumos para electrodomésticos, drogas
básicas para medicamentos, reservas de hoteles y otros gastos destinados a los
viajes al exterior.
El confiado relato del presidente del Banco Central,
Alejandro Vanoli–quien llegó a especular con la posibilidad de levantar en
forma gradual el cepo cambiario–, se derrumbó ante la realidad angustiante de
la escasez de divisas.
En 2011, antes de su reelección, la presidente Cristina
Fernández logró el récord de atesorar unos 52 mil millones de dólares en el
ente monetario, que se redujeron en 20 mil millones como consecuencia de la
caída en las exportaciones por la menor competitividad de los bienes y
servicios del país, así como por el déficit creciente en la balanza energética,
moderado ahora con la baja del precio internacional del petróleo.
Las actuales reservas–poco más de 31 mil millones–son
puestas en tela de juicio por los analistas del sistema financiero, pues en ese
monto se estarían contabilizando más de 2.700 millones que forman parte del
swap (intercambio de monedas) con China, que suponen la disponibilidad de esos
recursos para operaciones comerciales entre ambos países, pero no el ingreso
real de divisas a las arcas del Banco Central.
Además, las automotrices deberían a sus casas matrices más
de 2.500 millones de dólares por la compra de vehículos y autopartes, en tanto
otros 2.500 millones de dólares se adeudarían por el pago de mercaderías
importadas, ya ingresadas al país, destinadas a la producción de distintos
bienes. Las alicaídas reservas del Banco Central desnudan, a la vez, graves
problemas en la estructura productiva de la Argentina, todos ellos con la raíz
común de la inflación.
En efecto, un informe del Instituto para el Desarrollo
Social Argentino (Idesa) advierte que el país se halla entre los de mayor
inflación en el mundo, luego de Venezuela y Ucrania, este último transitando un
clima bélico.
La inflación es un fenómeno muy perjudicial y una fuente
generadora de empobrecimiento. Por un lado, genera incertidumbre y desalienta
el ahorro. Esto trae asociado un clima adverso a la inversión, que limita la
expansión de la producción y los empleos de calidad.
La escasez de dólares para el pago de importaciones es sólo
la punta de un iceberg que muestra la persistencia de los graves problemas
económicos de la Argentina, los que, por su impacto, requieren tanta atención
como la investigación de la muerte del fiscal Nisman.
(*) Economista
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