El organismo pidió
que el Estado argentino "investigue y esclarezca
las circunstancias” en
las que murió el fiscal.
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| La CIDH reclamó que se "investigue y esclarezca" la muerte del fiscal Alberto Nisman. |
Nacionales - La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, reclamó este
jueves al Estado argentino que "investigue y esclarezca las circunstancias
en las que tuvo lugar" la muerte de Alberto Nisman, "así como su
posible relación con la causa sobre el atentado contra la AMIA".
Asimismo, la CIDH expresó su "preocupación por las
presuntas amenazas recibidas" por Damián Pachter, periodista del diario Buenos Aires Herald, quien habría sido
el primer reportero en informar sobre la muerte del fiscal, y exigió garantizar
el libre ejercicio periodístico.
En un comunicado, la CIDH -órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) que promueve "la observancia
de los derechos humanos" en la región- hizo público este jueves su pesar
por la muerte de Nisman y exigió al Estado argentino que lo esclarezca.
El texto completo del
documento de la CIDH es el siguiente:
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta la muerte del fiscal federal
Alberto Nisman y hace un llamado al Estado de Argentina para que investigue y
esclarezca las circunstancias en las que tuvo lugar, así como su posible
relación con la causa sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA). Asimismo, la CIDH expresa su preocupación por las presuntas
amenazas recibidas por Damián Pachter, periodista del diario Buenos Aires
Herald, quien habría sido el primer reportero en informar sobre la muerte del
fiscal.
De acuerdo a
información de público conocimiento, Alberto Nisman, quien se desempeñaba como
fiscal en la investigación del atentado perpetrado en 1994 contra la AMIA, fue
encontrado sin vida y con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015.
Alberto Nisman había sido convocado a comparecer al día siguiente ante el
Congreso de la Nación con relación a su denuncia en contra de altos
funcionarios de Gobierno por el presunto
encubrimiento de los supuestos responsables del atentado contra la AMIA.
La Comisión llama al
Estado a continuar con las investigaciones de oficio garantizando que sean
conducidas con debida diligencia y de manera exhaustiva e imparcial, y
siguiendo diversas líneas de investigación que tengan en cuenta si la muerte de
Alberto Nisman podría estar vinculada a
su labor como fiscal. En este contexto, la Comisión urge al Estado a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la
integridad y la seguridad de las defensoras y los defensores de derechos
humanos, incluyendo de los operadores de justicia.
Por otra parte, la
información disponible indica que el 24 de enero, tras haber sido el primero en
informar sobre la muerte del fiscal Nisman, el periodista Damián Pachter, del
diario Buenos Aires Herald, abandonó el territorio argentino aduciendo que
habría sido objeto de actos intimidatorios y que no se sentía seguro. Posteriormente,
en la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada, sede de la Presidencia
argentina, se difundió la información sobre los vuelos contratados por el
periodista, la cual fue proporcionada por la estatal Aerolíneas Argentinas a la
agencia oficial Télam. El Gobierno sostuvo que la divulgó para mayor seguridad
del periodista, cuyo paradero se desconocía hasta ese momento.
La Comisión exhorta al
Estado a adoptar medidas de protección efectivas destinadas a garantizar la
vida e integridad del periodista Damián Pachter, a investigar los hechos denunciados, y a
garantizar el trabajo de la prensa en el contexto de la cobertura de este caso
de tan alto interés público.
Tal como lo ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el ejercicio
periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo
realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o
morales u otros actos de hostigamiento”. En ese sentido, los funcionarios
estatales tienen la obligación de repudiar de manera clara, pública y firme los
ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de
expresión, y abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen
la vulnerabilidad de periodistas en situación especial de riesgo.
Los sobrevivientes y
los familiares del atentado contra la AMIA han impulsado la búsqueda de
justicia, primero en la jurisdicción interna y después ante el sistema
interamericano de derechos humanos. El 16 de junio de 1999, la CIDH recibió una
petición, que se tramita bajo el número 12.204. En una audiencia realizada ante
la CIDH el 4 de marzo de 2005, el Estado de Argentina realizó un reconocimiento
de su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la
integridad física, a las garantías judiciales y a la protección judicial en el
caso del atentado contra la AMIA. En dicha oportunidad, el Estado reconoció un
“incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado las medidas
idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado, teniendo en cuenta que dos
años antes se había producido un hecho terrorista contra la embajada de Israel
en Argentina”. Adicionalmente, el Estado
reconoció en dicha audiencia su “responsabilidad porque existió encubrimiento
de los hechos, porque medió un grave y deliberado incumplimiento de la función
de investigación del hecho ilícito[que] produjo una clara denegatoria de
justicia”. Esta petición continúa en trámite en la Comisión Interamericana.
Tras haber estado varios años en un proceso de solución amistosa entre las
partes que no fructificó, la Comisión aplicó el artículo 36.3 de su Reglamento
a pedido de las partes, acumulando admisibilidad y fondo del asunto para ser
estudiados simultáneamente.
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