Cómo confluyen las
masacres antiguas y las actuales
en la realidad argentina.
La siguiente, es una nota que recuerda la masacre de los
pilagás en Formosa en 1947 y la posición del Gobierno argentino en 2006, que se
negó a continuar la investigación de la matanza. La idéntica negación de la que
hace alarde hoy, el mismo gobierno, al desestimar los números del hambre y la
miseria en el país y considerar la muerte de un niño Qom por desnutrición, como
“un hecho aislado”.
La masacre de los pilagás fue una muestra de las políticas
que se llevaron a cabo contra los pueblos indígenas y que sigue sin detenerse
hoy con los Qom, masacrados a través de la hambruna por los gobiernos de
Formosa, Salta y Chaco, ante el silencio cómplice del Gobierno nacional.
En dos oportunidades anteriores, Agensur.info publicó esa
nota de Claudia Korol, escrita en 2006. Hoy, ante la muerte del niño Qom, es
importante reiterar, una vez más, la desidia de los gobernantes ante la
realidad del hambre, desvirtuando números y fantaseando con realidades
inexistentes. Por eso, la reiteración de la nota de Claudia Korol, a
continuación:
Derechos humanos:
¿para quiénes?
Por Claudia Korol
(2006)
Un comunicado —que prácticamente no fue difundido por los
medios de comunicación— informa en julio del 2006 que "el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina se negó a preservar docenas
de cadáveres de indígenas masacrados en la provincia de Formosa y a continuar
con la investigación de la matanza".
En estos mismos días, Argentina se abstuvo de votar el texto
de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quebrando la posición común
adoptada en este tema por el bloque de países de América Latina y el Caribe que
participan de dicha comisión, y defraudando la esperanza de los pueblos
originarios que habitan nuestros territorios ancestrales. Según el canciller
argentino Jorge Taiana, presente en la votación, el motivo de la abstención fue
"la falta de elementos que permitan poner al mismo nivel el derecho de
autodeterminación de los pueblos y el principio de unidad nacional". Para
el gobierno argentino, reconocer los derechos de los pueblos originarios,
significa una amenaza para el principio de unidad nacional.
Estas decisiones del gobierno que se hace llamar "de
los derechos humanos", nos permiten sospechar sobre a qué humanos abarcan
y a quiénes no el reconocimiento de derechos; y nos remiten también al debate
necesario sobre cómo se construyó la "Nación argentina" a partir del
genocidio de los pueblos originarios (y también de los africanos esclavizados
para reproducir el "desarrollo" capitalista" al menor costo), y
cómo la lógica de esa "unidad nacional" y de ese
"desarrollo", siguen sosteniéndose actualmente en la impunidad. Nos
permiten pensar sobre las marcas que la cultura de la conquista y sus políticas
de exterminio y saqueo, imprimen no sólo en los actos de gobierno, sino en la
percepción misma que la sociedad argentina tiene de sí misma y de su historia.
"Quien quiera
oír que oiga"
Éste que estamos contando, es un fragmento de la historia de
los vencidos. Sucedió en 1947, en Formosa —que en ese tiempo era Territorio
Nacional—. Entre el 10 de octubre y el 5 de noviembre fueron exterminados por
tropas de Gendarmería Nacional, más de mil mujeres, niños, ancianos y hombres
del pueblo pilagá, en el paraje llamado Rincón Bomba, en la localidad de Las
Lomitas.
Unos meses antes, en abril de 1947, miles de pilagás, tobas
y wichis, habían sido despedidos —sin indemnización alguna— por el Ingenio San
Martín de El Tabacal (que queda en el departamento de Orán, en Salta). Fueron
llevados hasta el ingenio desde Formosa para trabajar como braceros, caminando
cientos de kilómetros, con sus familias y sus pocas pertenencias al hombro, con
la promesa que se les pagaría $ 6.— por día. Al llegar al lugar les dijeron que
recibirían sólo $ 2,50—. Una nueva estafa en una larga lista.
En ese tiempo, en plena expansión de los ingenios azucareros
en el noroeste argentino (como el de San Martín de El Tabacal, Ledesma y La
Esperanza), la oligarquía azucarera que se iba constituyendo, se planteó la necesidad
de conseguir mano de obra más que barata.
Señala el investigador Ariel Ogando en uno de sus trabajos,
que se utilizaron diferentes estrategias para ello: "Uno de esos
mecanismos que forzaba al campesino a trabajar en los ingenios era el
endeudamiento en los almacenes de la zona, otro era el pago de arriendos.
Ante la falta de indígenas provenientes del Chaco, a causa
del crecimiento de la producción algodonera, fuerte consumidora de fuerza de
trabajo indígena, en los años que van de 1930 a 1949, los empresarios
azucareros comenzaron a utilizar estrategias de captación de campesinos
indígenas de las tierras altas de Salta y Jujuy. Así fueron compradas o
alquiladas por terratenientes vinculados a la industria azucarera, gran
cantidad de tierras. Éste es el caso de Robustiano Patrón Costas, que compró
las haciendas Rodero, Negra Muerta, Finca Santiago y San Andrés, a la vez que
alquiló las haciendas de Yavi y Santa Victoria, propiedad de Hortensia Campero
de Figueroa. Es decir, se establece una nueva forma de relación entre el
(nuevo) dueño de la tierra y el campesino, en la que media el pago en trabajo
de este último, por el control de una parcela de tierra" ("Una mirada
a la lucha por la tierra en el noroeste argentino". Ariel Ogando. Revista
Trabajadores).
En 1947 los dueños del Ingenio San Martín de El Tabacal eran
los Patrón Costa, integrantes de una familia que hizo su fortuna y su poder a
partir del despojo y la explotación salvaje de los pueblos originarios.
Paréntesis necesario Vale recordar aquí, como un paréntesis en el relato que
nos trae inmediatamente a la actualidad, que en 1996 este ingenio fue adquirido
a los Patrón Costa por el grupo norteamericano Seabord Corporation, que
continuó con los despojos de los pueblos originarios, contando siempre con el
apoyo, y la complicidad abierta o encubierta de los gobiernos provincial y
nacional. La Seabord Corporation, que hoy ocupa un millón de hectáreas, y es
productora en Argentina del azúcar Chango, sostiene hace ya varios años un
conflicto con la comunidad ava guaraní, por la posesión de alrededor de 5000 hectáreas
ubicadas en una región llamada La Loma, que pertenecían a ese pueblo. Aún hay
varios miembros de la comunidad procesados desde el último desalojo. También
fue denunciada la Seabord Corporation por haber quemado casas de campesinos en
la zona de Río Blanco, a 30 km. de la frontera con Bolivia, y por haber pasado
topadoras a plantíos de más de 50 años, además de haber robado tierras a las
comunidades incluso aquellas en las que se encuentran los cementerios de sus
antepasados. Para completar el control sobre el territorio saqueado, la empresa
instaló puestos de control, a cargo del grupo de seguridad privada Search,
también de capitales norteamericanos.
La masacre del pueblo
pilagá
Después de ser despedidos por el ingenio, los pilagás
comenzaron la larga caminata de regreso a Formosa. Al llegar a Las Lomitas,
tuvieron que mendigar alimentos entre la población local. Recibieron alguna
ayuda del gobierno, pero los alimentos estaban en mal estado y comenzaron a
enfermarse y a morir. Perón (entonces presidente), les envió para calmar la
situación tres vagones de alimentos y ropa, de los cuales sólo llegó uno a la
comunidad. Comenzó entonces a circular el rumor de un "levantamiento
indígena". Varios diarios de la época se hicieron eco de esta "información"
que anticipaba la masacre.
Relatan los abogados de la comunidad que reconstruyeron
históricamente estos hechos (Carlos Díaz y Julio García): "Gendarmería
Nacional forma un "cordón de seguridad" alrededor del campamento
aborigen. No se les permite traspasarlo ni ingresar al pueblo a los pilagás. Se
colocan ametralladoras en "nidos", en distintos sitios
"estratégicos". Ya son más de 100 los gendarmes, armados con pistolas
automáticas y fusiles a repetición que día y noche custodian el "ghetto".
Hasta que sucede lo inexorablemente esperado". En el atardecer del 10 de
octubre, mientras se desarrollaba una entrevista entre el Jefe del Escuadrón de
Gendarmería y el cacique Pablito, comenzó la masacre.
"Se lanzan bengalas para iluminar la dantesca escena y
determinar mejor los blancos a tirar. Cientos de mujeres con sus niños en
brazos, ancianos y hombres comienzan a huir hacia ninguna parte que los lleva
fatalmente a la muerte. Con las primeras luces del alba la imagen es dantesca.
Más de 300 cadáveres yacen. Los heridos son rematados. Niños de corta edad,
desnudos, caminan o gatean, sucios, entre los cadáveres, envueltos en llanto.
Luego del ametrallamiento "...pensando que al llegar la noche atacarían
avanzando sobre Las Lomitas, efectuamos tiros al aire desde todos lados para
dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en la oscuridad, debemos
recordarlo, impresiona bastante. Muchos huyeron escondiéndose en el monte, al
que obviamente conocían palmo a palmo..." (Comandante Mayor (R) Teófilo
Ramón Cruz). Pero allí no termina la matanza. Comienza la persecución de los
que pudieron escapar, "para que no queden testigos", contando la
Gendarmería Nacional con la "colaboración" de algunos civiles. Van en
dirección a Pozo del Tigre la mayoría, otros para Campo del Cielo, miles se
guarnecen en la espesura de los pocos montes que quedan. En los días
subsiguientes son rodeados por las partidas. Y allí nuevamente son masacrados
en distintos lugares (Campo del Cielo, Pozo del Tigre, etc.) más de 200
personas. Entre los represores ninguna víctima. Se hubiera podido seguir la
trayectoria de las tropas por las piras de cadáveres humanos que se quemaban,
porque "no había tiempo para enterrarlos", a medida que
avanzaban". ¿Derechos humanos "universales"? o el limitado
universo de los derechos humanos.
En marzo del año 2005, los descendientes de las víctimas,
junto a la Federación Pilagá, iniciaron una causa judicial, fundada en la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. A partir de ello se
inició la investigación, en búsqueda de cadáveres y pruebas. El 28 de diciembre
del 2005 se localizó la primera tumba, dentro del predio de la Gendarmería. En
marzo de este año, se ubicaron la segunda tumba, y luego las tumbas colectivas
3 y 4, cada una con docenas de restos humanos.
Ante la imposibilidad de recursos del Pueblo Pilagá para
afrontar la prosecución de la búsqueda y protección de los cadáveres de sus
antepasados, se solicitó al Juez Federal que intime al Estado Nacional a
facilitar los recursos. En la semana pasada, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación rechazó el pedido. (En su escrito, la abogada del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos niega que los indígenas puedan
hacerse acreedores de resarcimiento alguno diciendo textualmente que "..no
puede hablarse de etnia pilagá... por carecer de afinidades raciales,
lingüísticas, culturales, etc....", agregando que la situación
económica-social del Pueblo Pilagá no amerita ayuda alguna en tal sentido y que
el gasto con ese destino es "...meramente caprichoso, inocuo y no
funcional al esclarecimiento de la causa... haciendo cargar con desmesurados
costos al erario público)".
Los cuerpos de las docenas de víctimas ya encontradas,
quedan así sin resguardo perimetral ni aéreo, y quedan comprometidas la posibilidades
de ejercicio de derechos tan elementales, como el derecho a la verdad, el
derecho al duelo, el derecho a la justicia, el derecho a la identidad.
Esta historia en sí misma, denuncia una concepción de
derechos humanos, en la cual algunos seres humanos parecen tener más derechos
que otros. O para ser más clara, algunos pueblos no tienen ningún derecho.
La concepción queda más en evidencia, al constatar la
abstención argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
en la votación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas,
texto que será enviado para su adopción final a la Asamblea General de las
Naciones Unidas que se reunirá en unos meses.
Preguntamos entonces ¿qué concepción de derechos humanos es
ésta que jerarquiza entre los muertos que merecen homenajes y monumentos, y los
que quedan tirados en fosas comunes, abiertas a la intemperie, sin la menor
cobertura del estado de derecho? ¿Qué convenios internacionales de derechos
humanos se suscriben y cuáles se niegan? ¿De qué humanidad hablamos, cuando
defendemos derechos en el mundo del revés? ¿No debieran ser estos derechos, las
urgencias de los izquierdos?
© Claudia Korol
© Agensur.info
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