El país de las sombras largas

Por Carlos Gabetta (*)

Los “suicidios” de testigos importantes en casos importantísimos, y ahora el de un fiscal, se van convirtiendo en moneda corriente en Argentina. Basta recordar, entre otros, los de Marcelo Cattáneo (caso IBM-Banco Nación) y Alfredo Yabrán (caso presidencia de Carlos Menem, por llamarlo de algún modo) y, ahora, el “suicidio” de un fiscal que se ocupaba del caso AMIA-Presidencia Cristina Fernández.

Las comillas para “suicidio” son pertinentes aún si se hubiese determinado oficialmente que en efecto se trató de un acto voluntario, como en los casos Cattáneo-Yabrán, y lo serán si la justicia confirma las sospechas iniciales en el caso Nisman.

Por dos razones. La primera, porque vivimos en un país al borde la descomposición política, institucional y social absoluta. En sumarísima lista de ejemplos: contrabando de armas a Ecuador-explosiones en Río Tercero; valijas repletas de cocaína pura que viajan “solas” a Europa; aumento exponencial de las “importaciones” de efedrina; el caso del hijo del presidente Carlos Menem, cuyo helicóptero fue baleado; los hijos de un exjefe de la Fuerza Aérea condenados a 13 años de prisión en Barcelona por intentar introducir 900 kilos de cocaína pura en un avión que había sido cargado en la base aérea de Morón, administrada por la Fuerza Aérea y el Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto a la corrupción política, sólo en 2009 se iniciaron 207 causas, de las cuales 11 fueron elevadas a juicio y sólo en una hubo condena.

Sobre todos estos casos, y en muchos más de los que podría hacerse una larga lista, sigue planeando una enorme sombra de dudas. Sobre otros, como la causa AMIA, el más grave atentado terrorista en el país, que reflota ahora con el caso Nisman, puede sencillamente decirse que nada se sabe, veinte años después.

De modo que es razonable dudar de las “conclusiones” de la Justicia argentina, incluso si se descubren los culpables de un crimen mediante el aporte de pruebas. La expresión “perejil” es de industria nacional…

La segunda razón es que un suicidio puede muy bien no ser voluntario, sino obligado, inducido. En el caso Nisman, nada hacía prever semejante desenlace, como cualquiera puede concluir en internet viéndolo hacer declaraciones en los días previos. De modo que, si en efecto se suicidó, cabría sospechar que lo presionaron con sus propias miserias; que amenazaron a su familia. ¿Y a quién iba a acudir? ¿A los “servicios”, a la Policía, al gobierno que acusaba?

También cabría suponer que se suicidó cuando cayó en cuenta de que haría un papelón, sea porque sus pruebas eran endebles, o porque sus fuentes lo habían utilizado para algún fin. Esta tesis sería válida si las pruebas que debía exhibir ante el Congreso están intactas, con lo que todos podríamos enterarnos de qué se trataba realmente.

Pero en ese caso deberíamos adoptar la siguiente reserva: ¿qué son, qué representan en la Argentina de hoy, las “pruebas intactas” de un fiscal basadas en declaraciones o escuchas a políticos, diplomáticos, policías y servicios de inteligencia suministradas por algún sector de esos mismos servicios que “juega” políticamente para…?

En este país, es difícil salirse de las suposiciones.

(*) Periodista y escritor.

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