Alterar los números
para ocultar realidades es casi un tic. El Indec, la inundación
de La Plata y
la desaparición de los desnutridos.
Por Nicolás Lucca
Twitter: @RelatoDPresente
Néstor Femenía tenía siete años, tuberculosis y desnutrición severa. Murió
de hambre en un país que basó el crecimiento sostenido de su economía durante
más de diez años en la fuerza de la producción alimenticia del sector
agropecuario y los dólares de la soja. Murió también por las complicaciones de
una enfermedad del siglo XIX en pleno siglo XXI.
Sin embargo, su muerte no generará ninguna contribución a las
estadísticas, dado que el
Certificado de Defunción firmado por las autoridades sanitarias
del hospital pediátrico Avelino Castelán, de Resistencia, provincia
de Chaco, afirma que falleció por “enfermedad”, sin aclarar si fue
por gripe, cáncer, un resfriado, tuberculosis o hambre.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos "Nelson
Mandela", Rolando Núñez, afirmó que el fallecimiento “pone al descubierto
cómo se gobierna en Chaco y en Argentina” y responsabilizó a los dos
gobiernos “dado que el programa de lucha contra la tuberculosis es
vertical, o sea que compromete al gobierno nacional y a cada gobierno
provincial, en distintos tramos o eslabones".
El detalle de la minimización en el Certificado de Defunción no es un
dato menor. Primero, porque es un documento público y debería, al menos
legalmente y para evitar contratiempos con la justicia penal, decir la verdad.
Segundo, porque es una arista más de la poco sana costumbre que ha mantenido el
kirchnerismo en la alteración de estadísticas públicas desde
2007 a la fecha.
Primero fue la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, en 2007, cuando los números de la inflación empezaron a subir
por encima de la conveniente. Desde entonces, Guillermo Moreno se
encargó de cuestionar, atacar y denunciar a todas las consultoras privadas por
brindar datos notoriamente superiores a los medidos por el Indec. Datos que, hasta
la intervención del organismo, siempre habían coincidido.
La manipulación de los datos estadísticos afecta directamente la
adopción de medidas de políticas públicas, sea tanto en materia económica,
como en ámbitos laborales, educativos, de infraestructura y, como en el caso de
esta nota, de salud. Una inflación menor a la real condiciona las negociaciones
paritarias a tal punto que el Gobierno afirma que los salarios crecen por
encima de la inflación, mientras que las consultoras sostienen exactamente lo
contrario.
Dibujar los índices de precios al consumidor es desdibujar, al mismo
tiempo, las fronteras de la pobreza y la indigencia. Un buen ejemplo se vio la
semana pasada, cuando el Indec dio a conocer una estadística que reza que el 50% de los
trabajadores registrados cobra 5 mil pesos. Las consultoras privadas
estiman que la frontera para no caer en la pobreza se encuentra en los 5,6 mil
pesos. Conclusión básica: el 50% de los trabajadores registrados se
encuentran bajo la línea de la pobreza. Pero al no brindar números estadísticos
fehacientes en materia de inflación, el Indec elimina de plano toda
posibilidad de siquiera abordar la problemática: oficialmente, no
existe.
La obsesión por alterar los números de modo conveniente volvió a quedar
sobre el tapete el 2 de abril de 2013, cuando la ciudad de La Plata sufrió la
peor inundación de su historia. En un evento trágico en el que
se registraron marcas de agua superiores a los dos metros de altura, en el que
la mitad de la ciudad se quedó sin luz y varios hospitales no pudieron recurrir
a los grupos electrógenos por culpa del agua, el saldo
brindado por el Gobierno provincial fue de 51 muertos,
ninguno de ellos menor de edad. La única causa de defunción válida computada
para las estadísticas, fue la de “ahogamiento”. Los infartos producidos por el
esfuerzo físico, los hipotérmicos, los electrocutados, los golpeados por los
objetos flotantes que iban desde muebles hasta camionetas en correntadas de
agua de hasta 40 kilómetros por hora, no contaron.
Los cadáveres que se amontonaron en la morgue policial,
fueron inhumados como "muerte natural no traumática", como se
decidió oficialmente la misma mañana del 3 de abril para acelerar el
levantamiento de cuerpos. Enfrentando la cortina que impuso el ejecutivo
provincial, el juez Arias
oficializó, casi un año después, 89 muertos. Así y todo, presiente
que podrían ser muchos más: en su fallo aclaró que esos 89 son los que
pudieron comprobarse.
Alguien que siempre estuvo en la mira por sus manejos estadísticos es el
actual Ministro de Salud de la Nación, el tucumano Juan Manzur, quien también
desempeñó dicha tarea a nivel provincial en su tierra de origen. Desde su
puesto en Tucumán, ordenó modificar la forma en la que se medía el estado
de nutrición de los niños. Obviamente, los números bajaron brutalmente, de
más de 22.000 desnutridos a 3.690.
El médico tucumano Eduardo Gómez Ponce fue quien denunció el cambio
de método para medir la desnutrición con la finalidad de ocultar los
verdaderos números que van en una curva ascendente. Explicó que en octubre
del 2010 el gobierno tucumano cambió las tablas de Lejarraga Orfila por las
del Índice de Masa Corporal “para ocultar que la máquina de la
desnutrición jamás se había detenido”.
El Índice de Masa Corporal se mide con una tabla creada por la
Organización Mundial de la Salud que fue confeccionada con una población de
referencia que no tiene las características antropométricas de Tucumán ni
contempla las condiciones sociales, económicas, alimenticias ni de acceso a los
sistemas de salud de la Argentina, muchas de las cuales son
estadísticas confeccionadas por el Indec. Con las nuevas tablas muchos
de los chicos que antes eran desnutridos pasaron a ser chicos con peso normal.
“Se sacaron de encima a todos los desnutridos de primer grado”, sostuvo Gómez
Ponce en su momento.
El galeno tucumano realizó por su cuenta un seguimiento comparativo
entre los registros del bienio 2007/2008, cuando existían entre 20 y
22 mil niños desnutridos, y los computados con el nuevo sistema, que los bajó a
menos de 4 mil. Su observación arrojó que, en realidad, el número no
había disminuido, sino que lo que antes era un desnutrido, ahora pasaba
a ser un chico con peso normal. Por arte de magia de una resolución
gubernamental.
El caso tucumano es testigo de lo que puede pasar cuando se oculta la
verdad con un borrador: si los desnutridos reconocidos son cuatro mil, y la
realidad dicta que existen 22 mil, hay 16 mil chicos indigentes
excluidos del modelo de inclusión y así quedan librados a su suerte,
porque para el Estado, no existen.
A Manzur el formato de si no se ve, no pasa le dio tan buena
fama que fue nombrado como Ministro de Salud de la Nación por Cristina
Fernández de Kirchner en 2009, en reemplazo de Graciela Ocaña.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también tiene su historia con las
estadísticas poco creíbles. No sólo porque hoy haya hablado de un “hecho
aislado” ante una muerte por desnutrición de un chico que ya era noticia desde
hacía meses por su grave cuadro alimenticio, sino porque la capital de la
provincia de la que todavía es Gobernador en uso de licencia tiene un índice de
desocupación del 0%.
El debate por si la inclusión de los pueblos originarios fue una
política de Estado o un recurso de oratoria quedará para otra ocasión. El
certificado de defunción de Néstor genera la incógnita de cuántos casos
más habrá de chicos fallecidos por desnutrición cuya causa oficial
sea “enfermedad” a secas. Las evasivas del jefe de Gabinete al ser
consultado sobre el tema, tampoco ayudaron mucho a clarificar, dado que brindó
una comparación estadística entre los 10 muertos por cada mil frente a los 97
por mil...de 1973.
Lo cierto es que esta muerte reaviva la polémica sobre los verdaderos
éxitos del Modelo, mucho más reflejado en las estadísticas acomodadas a
conveniencia que en la realidad.
© Perfil.com
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