El fiscal de la causa
la acusa por una presunta
maniobra “criminal”.
También fue denunciado el
canciller Héctor Timerman.
Judiciales - Cristina
Kirchner no tiene descanso en la Justicia. El fiscal del caso AMIA, Alberto
Nisman, acaba de denunciarla por una presunta maniobra "criminal"
para intentar garantizar la "impunidad" de los iraníes acusados de
perpetrar el atentado, mediante el pacto que la Presidenta firmó en 2013 con
Teherán.
La denuncia del fiscal Nisman -en otros tiempos cercano a
los Kirchner- es durísima e incluye un pedido para que Cristina sea llamada a
declaración indagatoria y un pedido de embargo de 200 millones de pesos.
Además de la jefa de Estado, entre los denunciados como
autores y cómplices del delito de encubrimiento agravado figuran el canciller
Héctor Timerman, el diputado y líder de La Cámpora Andrés Larroque, y los
dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche. También se los acusa de los delitos
de estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
Según reveló el portal Infobae,
el fiscal acusa a Cristina de "decidir, negociar y organizar la impunidad
de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia
de Irán" en la investigación del atentado de 1994.
La denuncia de Nisman quedó radicada en el juzgado de Ariel
Lijo, el magistrado que procesó a Amado Boudou en el caso Ciccone y que integra
un grupo de jueces que está decidido a ir a fondo. Como explicó LPO, Lijo es el cerebro de esa logia
judicial y además juega a varias puntas con pesos pesado del Gobierno. Además,
es la bisagra con otros jueces más cercanos a la Casa Rosada.
Según sostiene Nisman en su presentación, el Gobierno ideó
un "sofisticado plan delictivo" destinado a proteger a Irán y
desvincular definitivamente a los sospechosos que tienen pedido de captura
internacional. El fiscal cree que la "maniobra" comenzó con la firma
del Memorando de Entendimiento con Teherán.
Según el funcionario judicial, las razones para la firma del
Pacto y el intento de "impunidad" de los iraníes fueron estrictamente
económicas: Cristina necesitaba "acercarse geopolíticamente a Irán"
con el objetivo de restablecer relaciones comerciales "para aliviar la severa
crisis energética argentina, mediante un intercambio de 'petróleo por
granos'".
"Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de
ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras
subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA
contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo,
y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación,
abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda
sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el
atentado. Decidió fabricar 'la inocencia de Irán'", agregó Nisman en otro
tramo de la denuncia de 300 páginas, revelado por Clarín.
Nisman aportó pruebas que podrían ser claves para la
investigación. Entre esas pruebas hay charlas telefónicas entre los
protagonistas del entramado. Según el fiscal, "el gobierno puso en marcha
un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e
instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar
los objetivos ilícitos".
"Este canal clandestino, que operó como una diplomacia
paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos,
que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban
estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más
trascendentales de la política argentina", afirma Nisman.
"La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar
con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y
confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad
de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que
desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas
directivas y órdenes de la Sra. Presidente", continúa.
Nisman sostiene que "el gobierno instaló y se valió de
una diplomacia para-estatal, integrada –cuanto menos- por personal de la
Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los
dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo
local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil".
Las instrucciones partían de Cristina Kirchner, pasaban por
el "Cuervo" Larroque y personal de la Side, y llegaban a D'Elía y
Esteche, señalados por tener vínculos con funcionarios iraníes. El contacto con
Irán sería el representante Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, que
trasmitía los mensajes a las autoridades persas.
Luego, la denuncia describe un hecho muy grave con uno de
los acusados del atentado a la AMIA. "Cada paso del plan, cada mensaje
presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y
minuciosamente al prófugo Moshen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada
de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto
en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólumne
hasta la fecha", afirma el texto.
"Es decir, más allá de los intermediarios puestos por
ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan
criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que
protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen
Rabbani", completa.
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