Escasea o está mal
distribuida, es causa de reclamos judiciales y donde hay suele tener problemas
de calidad; una carencia que es sinónimo
de la pobreza rural y urbana.
Por Aigul Safiullina
El 16% de los argentinos no tiene acceso a agua potable. Son
6,4 millones de personas. Eso si se tienen en cuenta las estadísticas
oficiales. Si, en cambio, se miran los datos de organizaciones no
gubernamentales que trabajan en el tema, la falta de agua puede llegar al 21%
de los habitantes. Entre los dos últimos censos, los hogares afectados por este
faltante pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010.
Y aunque las
cataratas del Iguazú estén colmadas, es Misiones la provincia en la que mayor
cantidad de personas carecen de agua corriente, faltante que afecta al 28% de
los hogares. Le siguen la provincia de Buenos Aires (25%) y Santiago del Estero
(25%).
La falta de agua está asociada a la pobreza, sea urbana o
rural. En las villas de emergencia, la cantidad de familias sin agua llega al
55,8 por ciento.Sin embargo, es peor en el ámbito rural. En Santiago del
Estero, cuatro de cada diez hogares (41%) carecen de conexión de agua corriente
y deben buscarla fuera del hogar. Lo mismo pasa en el 35% de los hogares de
Formosa y de Chaco. Según la Fundación Plurales, hay casos en los que se debe
caminar entre cuatro y seis horas para conseguir el recurso.
El agua falta porque faltan obras. O porque, por culpa del
cambio climático, dejó de llover (y entonces surge una nueva demanda de obras).
En Socavones, localidad de la provincia de Córdoba, hace siete años que no
llueve. El lugar tiene una extensión de 40km cuadrados y una población de 100
habitantes. La sequía mató a casi todos los animales, ni hablar de las huertas,
fuente principal de alimentación de los habitantes.
En otros lugares, donde el servicio (a cargo de la empresa
estatizada Aysa) está subsidiado, el agua se derrocha. En la Capital Federal,
el consumo diario por persona asciende a más de 560 litros, mientras en el
promedio del país es de 180 litros y la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es de 50 litros mínimos para el consumo humano.
Para juntar 50 litros, en el paraje patagónico Fita Huao, a
150 km de Bariloche, hay que desplazarse varios kilómetros y esperar por lo
menos una hora. Allí viven siete familias que utilizan agua de pozo. Pero una
extensa sequía y las cenizas volcánicas de 2011 dejaron a los habitantes sin
agua. "La fuente más cercana queda a 5 km y hay que ir al menos dos veces
por día, porque sólo se pueden llevar 25 litros en un viaje a caballo",
cuenta a La Nación Rubén Curricoy,
cuya familia vive en la zona. Estos 50 litros diarios se distribuyen entre
todos los miembros de la familia, los animales y las huertas, que hay que regar
tres o cuatro veces por día.
Según el Indec, las tres jurisdicciones provinciales donde
más aumentó el número de hogares sin acceso a agua corriente son la Capital
Federal (462% más casos en diez años), Tierra del Fuego (283%) y Santa Cruz
(144%). En el mundo, las cifras tampoco son alentadoras: 748.000.000 de
personas aún viven sin acceso a agua potable, aunque son 2.300.000 menos en
comparación con 1990, según detalla el último reporte de la OMS sobre agua y
saneamiento realizado en 86 países de bajos y medianos ingresos.
Y aunque los países más pobres invierten más dinero
proporcionalmente en políticas de agua y saneamiento que los países ricos, el
66% dice que el financiamiento no es suficiente para lograr las metas del
acceso al agua potable. Uno de cada cuatro de esos países no reconoce el acceso
al agua potable como derecho humano.
En la Argentina, la falta de agua mantiene abiertas al menos
dos "guerras" interprovinciales: la de Mendoza y La Pampa por el río
Atuel, y la de Santa Fe y Santiago del Estero, por el Salado. Se pelean por el
agua, cuando hay.
Marisa Arienza, de Green Cross, organización mundial con
sede en la Argentina, encabeza una suerte de cruzada personal contra lo que
para ella es un mito. "Es falso que haya poca agua", afirma.
"Hay varios mitos. El primero es que hay poca agua, cuando en realidad el
agua está mal distribuida y es parte de la situación mundial -explica Arienza a
La Nación-. El segundo mito es que
tenemos el acuífero más grande del mundo [Guaraní], y con eso se genera mucho
desconocimiento."
El desconocimiento y la confusión sobre los datos
científicos y estadísticos sobre la cantidad, la distribución y la calidad del
agua en el país se refleja en la legislación de tres niveles -nacional,
provincial y municipal-, a punto tal que el artículo que reconocía el acceso al
agua como "derecho fundamental" fue eliminado del nuevo Código Civil
y Comercial. Estaba y se sacó.
En la Argentina, las "guerras" del agua a veces se
ganan y otras se pierden. Los habitantes del asentamiento Los Sauces, en
Cipolletti, Río Negro, donde sólo hay una canilla, no lograron que la justicia
provincial aceptara un amparo para que la empresa Aguas Rionegrinas SA
instrumentara un plan de conexión a la red de agua potable. El tribunal
argumentó que los vecinos no contaban con el "derecho legítimo" sobre
la tierra.
La marginalización de las villas, cuyo número creció 156%
sólo en la ciudad de Buenos Aires (de 107.422 hogares en 2001 a 275.000 en
2013, según cifras oficiales), explica por qué la Capital encabeza la lista de
las jurisdicciones donde más aumentó el número de hogares sin acceso a agua
corriente. Entre 2001 y 2010, pasó de 827 a 4651, lo que equivale a un
incremento de 462 por ciento.
Diego Muñiz, vocero de Aysa (una empresa bajo control
indirecto del sindicato del saneamiento), explicó a La Nación que las villas están dentro de la cobertura, pero
"sin acceso regularizado". De acuerdo con los últimos números de esa
empresa, sus servicios llegan a 10.625.043 habitantes en el área metropolitana,
de los cuales "2,5 millones se incorporaron a partir de 2006", afirmó.
De acuerdo con un relevamiento de la ONG Techo en siete
jurisdicciones (Buenos Aires, Córdoba, Salta, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Gran Rosario y Capital Federal) en 2013, existen 1862 asentamientos informales
con 532.800 familias. "Más de la mitad (57%) de los asentamientos está en
la provincia de Buenos Aires", advierte el informe. Tampoco sorprenden los
altos niveles de contaminación del agua en estas zonas: en el 90% de los
asentamientos informales no hay acceso al agua potable.
Según la ONU, actualmente más del 50% de la población
mundial vive en ciudades, pero en 2030 esa cantidad subirá a 60% y en 2050
alcanzará el 70%, lo cual traerá más necesidades y dificultades en la
eficiencia del abastecimiento de agua segura. "Los núcleos poblacionales
más expuestos a la falta de agua de red y saneamiento son los que habitan en la
periferia de las grandes capitales, siendo el conurbano bonaerense el más
importante", puede leerse en Agua, panorama general en Argentina,
publicado por Green Cross en 2012.
El problema del agua no es sólo su disponibilidad, sino
también su calidad. La semana pasada, la Corte Suprema reconoció que ese
recurso es "un bien público fundamental para la vida y la salud", en
la causa contra la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), y le ordenó distribuir
agua potable a vecinos de la localidad bonaerense de 9 de Julio que habían
denunciado altos niveles de arsénico en el fluido. Los habitantes habían
presentado a la Justicia un recurso de amparo en 2010.
No es la única localidad afectada: los servicios de ABSA
llegan a 91 localidades de la provincia Buenos Aires, donde viven sus 3.700.000
usuarios. El caso evidencia otro fenómeno en torno del agua: la falta de
monitoreo sobre la calidad. Según la definición de la OMS, "el arsénico es
un elemento natural de la corteza terrestre ampliamente distribuido en todo el
medio ambiente; está presente en el aire, el agua y la tierra. En su forma
inorgánica es muy tóxico". Ése es el problema del agua subterránea en
muchos lugares de la Argentina, donde lo que también escasea es la información.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte
sobre la falta de monitoreo de la calidad de agua potable en acuerdo con las
normas nacionales en las zonas vulnerables de las ciudades y en las zonas
rurales de la Argentina. Sin embargo, las declaraciones del ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido , durante el IV Encuentro de la Asociación
Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (Aloas), que se realizó a
fines de noviembre, describen la realidad: "La inversión nacional anual
para obras hídricas y de saneamiento se incrementó un 2100%, acumulando obras
por más de US$ 4500 millones", dijo De Vido, quien destacó: "El
gobierno nacional transformó desde 2003 en política de Estado los servicios de
agua y saneamiento asumiendo decididamente el rol de planificador, llevando a
cabo obras de infraestructura que transformaron el sector con un impacto
directo en la mejora de la calidad de vida".
Entre otras cifras, el ministro enumeró la construcción de
17.000 kilómetros de cañería de agua y 22.000 kilómetros de cloacas que
incluyeron a nueve millones de habitantes. Semejante obra parece no haber
alcanzado a los habitantes de Socavones, Fita Huao o los asentamientos
relevados por Techo. Según cifras de Green Cross, la construcción de un pozo de
agua potable en La Matanza podría costar 25.000 pesos; en la Patagonia, unos
20.000, y en Chaco, 13.000.
Desde 2010, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA),
Nutrired y Techo conformaron una comisión interdisciplinaria que aborda el tema
del agua y sus consecuencias para salud. En junio pasado presentaron el
programa Mapa de arsénico-Problemática del agua de consumo en Argentina, con el
objetivo de informar acerca de la problemática y buscar soluciones concretas,
como pueden ser las donaciones de filtros para el uso doméstico a corto plazo y
el desarrollo de un filtro doméstico de abatimiento de arsénico en los
laboratorios del Centro de Ingeniería en Medio Ambiente del ITBA. A su vez, el
mapa del arsénico del país -que se encuentra en la página de nutrired - ha sido
desarrollado con datos de muestras de agua de consumo traídas de diferentes
organizaciones del país y de particulares. La comisión se junta una vez por mes
y el programa busca cooperación en todo el país.
Es que son cada vez más las ONG que intentan suplir la
ausencia del Estado. Miriam Vilcay es dirigente del Colectivo de Mujeres del
Gran Chaco y vive en Socavones y fue una de las personas que salieron en busca
de una solución para su comunidad tras una larga sequía. "Aprendimos por
la fuerza el valor del agua y comenzamos con las pequeñas acciones", contó
Vilcay en la jornada Políticas Públicas y Derechos Humanos: Agua para el
Desarrollo, organizada por el programa Sedcero de la Fundación Plurales.
Sedcero lleva adelante proyectos sustentables en el Gran
Chaco Americano y busca soluciones mediante la construcción de cisternas y la
capacitación de las comunidades rurales. Según el censo oficial de 2010, hay
cinco millones de personas en el Gran Chaco que no tienen agua potable, y un
millón de ellas se encuentra en la Argentina. Paradójicamente, la región
conocida como Gran Chaco se superpone parcialmente con la zona en la que se
encuentra el acuífero Guaraní, del que se dice es la mayor reserva subterránea
de agua dulce del mundo.
La falta de acceso a agua potable también limita otros
derechos, como a la salud, la educación y el trabajo. Fernanda Malnis,
directora de la fundación Escolares, lamentó que la falta de agua "esté
naturalizada y no se perciba como algo importante".
Según un relevamiento de esa entidad, en 1200 escuelas de
cinco provincias, apenas el 16% tiene agua potable suficiente todo el año.
Asimismo, la mayoría de estas escuelas podrían adaptar sus techos para
recolectar agua de lluvia. "No son obras faraónicas", comentó Malnis,
en referencia a los costos de esos proyectos.
La lista de iniciativas no gubernamentales es extensa: la
fundación Conin, que entrega agua y ayuda a construir pozos en la provincias
del Norte; Agua y Juventud, que creó junto a Unicef Argentina la Escuela de
Héroes, una campaña de sensibilización con videos y acciones concretas para
cuidar el agua, y la Asociación Amigos de la Patagonia, con su programa Agua y
Educación, que desde 2004 capacitó a más de 1600 docentes de escuelas públicas
y privadas en Tunuyán, Mendoza y Buenos Aires, son sólo tres ejemplos entre
decenas de programas que buscan soluciones para el acceso y el uso racional del
agua.
Los habitantes de las comunidades rurales están
acostumbrados a vivir en condiciones de escasez de agua, afirma Curricoy, que
señala que a la dificultad para acceder al agua potable hoy se suma otra
amenaza. "El problema es la contaminación industrial de parte de las
petroleras y minerías, que antes no realizaban sus actividades en la
zona", agrega. Algunos contaminantes potenciales de las industrias son los
acrilatos, nitratos, pesticidas, aluminio, fenoles y dioxinas, entre muchos
otros.
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