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| Por Gabriel Profiti |
Quizá no haya tenido el despliegue mediático pertinente,
pero hubo un hecho esta semana que debería ser elevado a la marquesina: un
periodista encargado de seguir el movimiento del narcotráfico en Rosario fue
amenazado de muerte.
Se trata de Germán de los Santos, corresponsal de La Nación,
quien recibió tres llamadas intimidatorias para que dejara de seguir y difundir
información sobre los clanes criminales, con estremecedores detalles sobre sus
movimientos cotidianos.
La gravedad del caso recuerda el ataque a la casa del
gobernador Bonfatti ocurrido en octubre del año pasado y por el que esta semana
la Justicia procesó a Emanuel Sandoval, líder de un grupo violento de la zona
norte de Rosario, y a un suboficial de la policía, Pablo Espíndola, por
encubrimiento.
Rosario no es la única ciudad en la que sicarios de la droga
decidieron establecerse pero sí es la que primero reflejó las consecuencias de
su accionar: en 2013 tuvo el índice más alto de criminalidad del país con una
tasa de 21 homicidios cada 100 mil habitantes, casi cuatro veces mayor a la
media nacional, y por encima de ciudades como Buenos Aires (6.5) y Córdoba
(6.9), según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Donde la droga se afinca corroe, corrompe y causa estragos.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente asesinados en el Sur
de México es claro: hay un alcalde procesado junto a su esposa como autores
intelectuales de una matanza que habría sido cometida por policías en complicidad
con el grupo de narcotráfico Guerreros Unidos.
Tras ser reelecto esta semana al frente del Episcopado
argentino por otros tres años, José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe,
reiteró la "preocupación" de la Iglesia por el avance de las drogas y
el narcotráfico en el país, al afirmar que "el tema se instaló y está en
la mesa política, pero falta mucho".
"Toda la sociedad tiene que estar comprometida en el
combate contra el narcotráfico, porque éste es un delito y tiene que ser
penado", agregó.
La nueva conducción de la Conferencia Episcopal, que incluyó
al arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, como vicepresidente primero, también
volvió a alertar sobre la pobreza "estructural" pese a rescatar como
paliativo a la Asignación Universal por Hijo.
El mal ejemplo
El G20, donde conviven potencias con los principales países
emergentes, quizá haya sido a lo largo de los años el foro menos permeable a
los reclamos y postulados del gobierno de Cristina Kirchner en torno al FMI, la
gobernanza mundial y la deuda.
Esta nueva edición celebrada en la ciudad australiana de
Brisbane no es la excepción, porque el Gobierno a través de los ministros Axel
Kicillof y Héctor Timerman llevó la premisa clara de hacer oír la voz en torno
al conflicto con los fondos buitre, pero la reticencia de las potencias fue
manifiesta.
Sin posibilidades de que el tema de las deudas soberanas sea
incluido en el documento final de la cumbre, la Argentina había logrado en
primera instancia promover un párrafo en un anexo.
El borrador al que tuvo acceso NA exigía "nuevas acciones" para impedir que los
denominados "fondos buitre" puedan poner contra las cuerdas a un país
exigiendo por la vía judicial el pago total de una deuda, sin aceptar una
reestructuración.
Además, cada vez que se celebra una nueva cumbre del G20
grupos conservadores de países centrales renuevan la embestida contra el país y
reclaman su expulsión.
Así quedó resumido en el blog Casa de los Conservadores,
partido de gobierno en el Reino Unido, que publicó una columna firmada por Andy
Silvester, durísima contra la Argentina.
Silvester es manager del think tank TaxPayers' Alliance, un
influyente grupo de presión británico que busca una reducción impositiva a
partir de un achicamiento del Estado.
"Para resumir una tremendamente larga historia, el
Gobierno argentino rechaza cumplir sus obligaciones de deuda internacional, las
reglas del FMI, las estadísticas económicas y el respeto a los fallos
judiciales", señaló Silvester.
Señaló que una encuesta realizada por TaxPayers' Alliance
reflejó que el 69% de los consultados cree que la Argentina debería ser
expulsada del G20 y el 87% apoya la creación de una regla de admisión que
obligue a los miembros a manejar las financias responsablemente, pagar sus deudas
y respetar la ley.
El sondeo -según el autor de la nota- mostró también
respaldo a la decisión del Reino Unido y de otros países de retirarle al país
el financiamiento del Banco Mundial y pidió que no sea restablecido. "En
diciembre los miembros del Banco Mundial deberán votar si reanudan los
préstamos" pero el Gobierno británico "debería realizar una operación
diplomática para que primero pague sus préstamos antes de recibir nuevos".
En medio de planteos de este tipo, la Argentina sufrió un
revés en las Naciones Unidas al no lograr que la exvicecanciller Susana Ruiz
Cerutti sea electa como miembro de la Corte Internacional de La Haya. La
candidata argentina ganó la elección en el Consejo de Seguridad pero perdió en
la Asamblea General ante el jamaiquino Patrick Lipton Robinson.
"Lo grave de esto es que pone en evidencia cómo perdió
prestigio la Argentina en el escenario internacional. No hay registro en la
historia diplomática de esta larga etapa democrática, en que nuestro país se
haya visto humillado así y obligado a retirar una candidatura", sostuvo el
también exvicencanciller Roberto García Moritán.
© NA
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