Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla

Por J. Valeriano Colque (*)

Llega fin de año y cobran actualidad dos temas claves en materia salarial. Por un lado, el bono de fin de año, que intenta ser una compensación por la alta inflación que se registró en los últimos 12 meses, la cual, según cálculos no oficiales, superó el 40 %. Por otro lado, la presión que ejerce el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios más altos, que alcanza al 15 % de los trabajadores registrados de nuestro país.

Para el bono de fin de año, la estrategia del Gobierno nacional es que se resuelva en cada paritaria, en que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo y en que el Estado no impulse la negociación pero tampoco la impida.

Respecto del Impuesto a las Ganancias, hay que tener en cuenta que, para el sector alcanzado, la presión impositiva se ha agravado a niveles inéditos por la combinación de los siguientes factores: los aumentos salariales de este año, que rondaron un promedio del 30 %; la inflación ya mencionada, que taladró la actualización de las deducciones que permite el impuesto (artículo 23), y la falta de actualización de las escalas del artículo 90, que ya tienen un atraso de 14 años.

Los aumentos de este año provocaron que los trabajadores alcanzados paguen sobre la “ganancia neta sujeta a impuesto” la alícuota máxima de la escala, el 35 %. Dicha alícuota es la misma que pagan las empresas, sean estas Pyme, grandes o multinacionales.

Sin dudas, el hecho de que un trabajador de un sector productivo o competitivo, o que sea parte de una actividad que tenga sindicatos con mucho poder de negociación, soporte la misma presión tributaria que una empresa es una injusticia que atenta contra el “principio de capacidad contributiva” que establece que el que más tiene, más debe tributar.

Hecha esta aclaración, la estrategia del Gobierno nacional ha sido anunciar que no habrá cambios en el impuesto hasta marzo del año que viene. Dicho anuncio cayó muy mal entre los sectores del trabajo, que comenzaron a movilizarse y exigir a sus sindicatos que preparen medidas de fuerza.

Las primeras organizaciones gremiales que tomaron el tema fueron las de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que lograron–ante la amenaza de paralizar a la aerolínea de bandera–un acuerdo bastante “particular”. Dicho acuerdo consiste en que la empresa deposita un porcentaje del aumento salarial acordado en cuentas de los sindicatos y estos distribuyen entre los trabajadores tales montos en concepto de “aportes de carácter socio-asistencial a los trabajadores afiliados”. Algo similar ocurre en el ámbito de la Justicia nacional, al identificar parte de la remuneración como dedicación funcional.

De esta manera, y gracias a la mirada cómplice del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, un porcentaje del aumento salarial no es alcanzado por Ganancias.

Ante esta situación, son ahora los poderosos gremios petroleros de la Patagonia los que solicitan una medida similar. El Gobierno volvió a repetir que “no habrá cambios en el Impuesto a las Ganancias” y por otro lado habilitó una paritaria para negociar el tema.

En síntesis, a los trabajadores de sectores estratégicos o monopólicos el Gobierno les abrió una vía para que el bono de fin de año no sea alcanzado por el impuesto, mientras que el resto de los trabajadores que pagan Ganancias no correrá la misma suerte.

Esas soluciones constituyen, además, un trato discriminatorio para el resto de los asalariados, que carecen del poder sindical o político para obtener tales prerrogativas.

Asimismo, autónomos y jubilados y pensionados de los distintos regímenes también sufren ese trato desigual por carecer–ambos grupos–de capacidad de presión a las autoridades.

En el caso de los trabajadores independientes, la situación se agrava, ya que un autónomo que gane algo más de 10 mil pesos netos, luego de las deducciones, debe afrontar una alícuota del 35 %, que es la que abonan las empresas por las ganancias en un ejercicio fiscal.

El argumento que ha expuesto la administración de Cristina Fernández, en el sentido de que con los fondos recaudados se sostienen programas de inclusión social, es falaz, pues el Gobierno destina partidas multimillonarias a gastos que podrían ser redimensionados. Por caso, el programa Fútbol para Todos insumirá unos 1.700 millones de pesos.

Las miles de incorporaciones diarias al Estado y en empresas nacionales, convertidas en un botín de agrupaciones políticas afines al kirchnerismo, y el desarrollo de proyectos discutibles, como la costosa construcción de un polo audiovisual en la Isla Demarchi de la Capital Federal, entre otros, exponen a las claras un gasto irracional y sin límites, que debe ser sostenido por impuestos que no se ajustan a la inflación y a los costos reales de la vida cotidiana.

La presión impositiva sobre asalariados, autónomos y jubilados es insoportable. El Gobierno debiera admitir una discusión sincera sobre el esquema tributario que rige en el país y facilitar los ajustes que impidan que los impuestos se lleven casi la mitad de los ingresos de trabajadores y jubilados. Esa sí sería una política de inclusión social y de trato equitativo para todos.

Así, la Nación provoca otra irregularidad o distorsión más en la aplicación del Impuesto a las Ganancias e impone lo que dice el triste refrán: “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”.

La inflación sin señales de retroceder

La inflación anual de dos dígitos ya cumplió siete años en la Argentina y no da señales de retroceder, pese a que la economía está en recesión, lo que supone menos actividad y, por ende, caída en el empleo, en los ingresos y en la demanda.

Un reciente relevamiento en las principales bocas de ventas de la ciudad de Salta mostró que los productos aumentaron en promedio casi 5 %. En los últimos 12 meses, la suba está en torno del 35 % en los supermercados.

En el ámbito nacional, los datos de las consultoras privadas muestran una mayor alza interanual, que se sitúa en más del 41 % a septiembre último, con una leve tendencia descendente para el último trimestre de 2014. Los centros de estudio que difunden sus datos a través de la “Inflación Congreso” prevén que la suba promedio estará en alrededor del 39 %, dos puntos por debajo de la actual muestra interanual.

Si bien podría decirse que es un pronóstico alentador, lo grave es que representa uno de los niveles inflacionarios más altos del mundo. Para comprender la dimensión del problema basta recordar que la presidente Dilma Rousseff casi pierde la reelección en Brasil, puesto que uno de los ejes de campaña de la oposición fue la discusión en torno de la inflación, que ronda el 7 % anual.

La degradación cotidiana en el poder de compra de asalariados y jubilados queda demostrada en el dato que dio la consultora CCR, que mide los boletos de venta de supermercados y autoservicios, al registrar una caída en el consumo de alimentos, bebidas y artículos de tocador y de cosmética de 1,2 % en los primeros nueve meses del año.

La gente no sólo está resignando la compra de productos básicos para una mínima calidad de vida, sino también la adquisición de alimentos. Ya verificó una caída en la de leche, pan y huevos.

Las compras en los locales comerciales minoristas también cayeron. En octubre, la baja fue de 5,3 %, con un acumulado anual de 7,5 %, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came).

La evolución de la inflación está sujeta a distintas variables, pero la fuerte emisión para cubrir el déficit fiscal del Gobierno nacional actúa como el disparador de otros factores, por lo que será clave si el país accede a financiamiento genuino del rojo de las cuentas públicas.

Lo que se necesita es un plan antiinflacionario y que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) vuelva a recuperar su credibilidad, lo que no se soluciona con un cambio intrascendente de su cúpula directiva.

(*) Economista

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