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| Por J. Valeriano Colque (*) |
Llega fin de año y cobran actualidad dos temas claves en
materia salarial. Por un lado, el bono de fin de año, que intenta ser una
compensación por la alta inflación que se registró en los últimos 12 meses, la
cual, según cálculos no oficiales, superó el 40 %. Por otro lado, la presión
que ejerce el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios más altos, que
alcanza al 15 % de los trabajadores registrados de nuestro país.
Para el bono de fin de año, la estrategia del Gobierno
nacional es que se resuelva en cada paritaria, en que empleadores y
trabajadores se pongan de acuerdo y en que el Estado no impulse la negociación
pero tampoco la impida.
Respecto del Impuesto a las Ganancias, hay que tener en
cuenta que, para el sector alcanzado, la presión impositiva se ha agravado a
niveles inéditos por la combinación de los siguientes factores: los aumentos
salariales de este año, que rondaron un promedio del 30 %; la inflación ya
mencionada, que taladró la actualización de las deducciones que permite el
impuesto (artículo 23), y la falta de actualización de las escalas del artículo
90, que ya tienen un atraso de 14 años.
Los aumentos de este año provocaron que los trabajadores
alcanzados paguen sobre la “ganancia neta sujeta a impuesto” la alícuota máxima
de la escala, el 35 %. Dicha alícuota es la misma que pagan las empresas, sean
estas Pyme, grandes o multinacionales.
Sin dudas, el hecho de que un trabajador de un sector
productivo o competitivo, o que sea parte de una actividad que tenga sindicatos
con mucho poder de negociación, soporte la misma presión tributaria que una
empresa es una injusticia que atenta contra el “principio de capacidad
contributiva” que establece que el que más tiene, más debe tributar.
Hecha esta aclaración, la estrategia del Gobierno nacional
ha sido anunciar que no habrá cambios en el impuesto hasta marzo del año que
viene. Dicho anuncio cayó muy mal entre los sectores del trabajo, que
comenzaron a movilizarse y exigir a sus sindicatos que preparen medidas de
fuerza.
Las primeras organizaciones gremiales que tomaron el tema
fueron las de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que lograron–ante la
amenaza de paralizar a la aerolínea de bandera–un acuerdo bastante
“particular”. Dicho acuerdo consiste en que la empresa deposita un porcentaje
del aumento salarial acordado en cuentas de los sindicatos y estos distribuyen
entre los trabajadores tales montos en concepto de “aportes de carácter
socio-asistencial a los trabajadores afiliados”. Algo similar ocurre en el
ámbito de la Justicia nacional, al identificar parte de la remuneración como
dedicación funcional.
De esta manera, y gracias a la mirada cómplice del titular
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, un
porcentaje del aumento salarial no es alcanzado por Ganancias.
Ante esta situación, son ahora los poderosos gremios
petroleros de la Patagonia los que solicitan una medida similar. El Gobierno
volvió a repetir que “no habrá cambios en el Impuesto a las Ganancias” y por
otro lado habilitó una paritaria para negociar el tema.
En síntesis, a los trabajadores de sectores estratégicos o
monopólicos el Gobierno les abrió una vía para que el bono de fin de año no sea
alcanzado por el impuesto, mientras que el resto de los trabajadores que pagan
Ganancias no correrá la misma suerte.
Esas soluciones constituyen, además, un trato
discriminatorio para el resto de los asalariados, que carecen del poder
sindical o político para obtener tales prerrogativas.
Asimismo, autónomos y jubilados y pensionados de los
distintos regímenes también sufren ese trato desigual por carecer–ambos
grupos–de capacidad de presión a las autoridades.
En el caso de los trabajadores independientes, la situación
se agrava, ya que un autónomo que gane algo más de 10 mil pesos netos, luego de
las deducciones, debe afrontar una alícuota del 35 %, que es la que abonan las
empresas por las ganancias en un ejercicio fiscal.
El argumento que ha expuesto la administración de Cristina
Fernández, en el sentido de que con los fondos recaudados se sostienen
programas de inclusión social, es falaz, pues el Gobierno destina partidas
multimillonarias a gastos que podrían ser redimensionados. Por caso, el
programa Fútbol para Todos insumirá unos 1.700 millones de pesos.
Las miles de incorporaciones diarias al Estado y en empresas
nacionales, convertidas en un botín de agrupaciones políticas afines al
kirchnerismo, y el desarrollo de proyectos discutibles, como la costosa
construcción de un polo audiovisual en la Isla Demarchi de la Capital Federal,
entre otros, exponen a las claras un gasto irracional y sin límites, que debe
ser sostenido por impuestos que no se ajustan a la inflación y a los costos
reales de la vida cotidiana.
La presión impositiva sobre asalariados, autónomos y
jubilados es insoportable. El Gobierno debiera admitir una discusión sincera
sobre el esquema tributario que rige en el país y facilitar los ajustes que
impidan que los impuestos se lleven casi la mitad de los ingresos de
trabajadores y jubilados. Esa sí sería una política de inclusión social y de
trato equitativo para todos.
Así, la Nación provoca otra irregularidad o distorsión más
en la aplicación del Impuesto a las Ganancias e impone lo que dice el triste
refrán: “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de
aplicarla”.
La inflación sin señales
de retroceder
La inflación anual de dos dígitos ya cumplió siete años en
la Argentina y no da señales de retroceder, pese a que la economía está en
recesión, lo que supone menos actividad y, por ende, caída en el empleo, en los
ingresos y en la demanda.
Un reciente relevamiento en las principales bocas de ventas
de la ciudad de Salta mostró que los productos aumentaron en promedio casi 5 %.
En los últimos 12 meses, la suba está en torno del 35 % en los supermercados.
En el ámbito nacional, los datos de las consultoras privadas
muestran una mayor alza interanual, que se sitúa en más del 41 % a septiembre
último, con una leve tendencia descendente para el último trimestre de 2014.
Los centros de estudio que difunden sus datos a través de la “Inflación Congreso”
prevén que la suba promedio estará en alrededor del 39 %, dos puntos por debajo
de la actual muestra interanual.
Si bien podría decirse que es un pronóstico alentador, lo
grave es que representa uno de los niveles inflacionarios más altos del mundo.
Para comprender la dimensión del problema basta recordar que la presidente
Dilma Rousseff casi pierde la reelección en Brasil, puesto que uno de los ejes
de campaña de la oposición fue la discusión en torno de la inflación, que ronda
el 7 % anual.
La degradación cotidiana en el poder de compra de
asalariados y jubilados queda demostrada en el dato que dio la consultora CCR,
que mide los boletos de venta de supermercados y autoservicios, al registrar
una caída en el consumo de alimentos, bebidas y artículos de tocador y de
cosmética de 1,2 % en los primeros nueve meses del año.
La gente no sólo está resignando la compra de productos
básicos para una mínima calidad de vida, sino también la adquisición de
alimentos. Ya verificó una caída en la de leche, pan y huevos.
Las compras en los locales comerciales minoristas también
cayeron. En octubre, la baja fue de 5,3 %, con un acumulado anual de 7,5 %,
según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came).
La evolución de la inflación está sujeta a distintas variables,
pero la fuerte emisión para cubrir el déficit fiscal del Gobierno nacional
actúa como el disparador de otros factores, por lo que será clave si el país
accede a financiamiento genuino del rojo de las cuentas públicas.
Lo que se necesita es un plan antiinflacionario y que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) vuelva a recuperar su
credibilidad, lo que no se soluciona con un cambio intrascendente de su cúpula
directiva.
(*) Economista
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