La diputada nacional denunció
a la Presidenta por violación de los deberes de funcionario público y abuso de
autoridad.
Margarita Stolbizer presentó una denuncia penal contra la Presidenta. |
Nacionales - La
diputada nacional Margarita Stolbizer denunció penalmente a Cristina Kirchner
por los negocios hoteleros con el empresario santacruceño Lázaro Báez,
maniobras sospechadas de ser parte de una trama de lavado de dinero.
La dirigente del GEN radicó la denuncia ante el Juzgado
Federal Nº 11, a cargo del juez Claudio Bonadio y el fiscal que investigará
será Carlos Stornelli. Stolbizer solicitó que se investigue la presunta
comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso
de autoridad.
El caso de los hoteles de Cristina estalló a fines del año
pasado, cuando se reveló que empresas de las familias Kirchner habían sido
beneficiadas por llamativos "alquileres" que le pagaron firmas de
Báez por habitaciones de hoteles que nunca se utilizaron.
"Del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de
la Presidenta surge como dato por ella misma aportado que es titular de
acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de
la Empresa HOTESUR S.A. Esa participación está valuada en $ 9.367.528.- y
reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o
razones de dicho endeudamiento", explicó Stolbizer en un comunicado.
"La sociedad Hotesur es la propietaria del hotel Alto
Calafate, en Santa Cruz. Existen sospechas de que es un alojamiento 'fantasma'
que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el
empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez", agregó la
diputada. "Mientras conseguía contratos millonarios para realizar obras
financiadas por la Nación, Báez les alquilaba cientos de habitaciones en
hoteles a los Kirchner, plazas que casi nunca eran ocupadas", resumió.
Stolbizer recuerda que el rubro hotelero es uno de los más
usados en el mundo para lavar dinero, tanto en la etapa de la construcción como
en este tipo de alquileres truchos o sobrefacturación.
"Surge de todos los manuales y trabajos técnicos y
jurídicos que se conocen, tanto de producción nacional como internacional, que
el rubro hotelero es uno de los más usados y eficaces para operaciones de
blanqueo o lavado de activos", recuerda la denuncia, aconsejando
"abrir diferentes líneas de investigación penal".
Por otro lado, la denuncia también apunta al Ministro de
Justicia Julio Alak, por la falta de controles por parte de la Inspección
General de Justicia (IGJ) a las empresas de Cristina y Báez. La IGJ es un
organismo que maneja La Cámpora y que hace poco quedó en la mira por haber
"perdido" expedientes ligados al caso Ciccone.
"La sociedad HOTESUR SA adeuda la presentación en la
Inspección General de la Justicia de balances desde 2011, no se conocen los
activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria
actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que
también adeuda la inscripción de sus autoridades", denunció Stolbizer.
"Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años
se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del
fallecimiento de Néstor Kirchner", agregó. La última vez que Hotesur
brindó esta información, ocupaban el directorio Romina Mercado (hija de Alicia
Kirchner), Roberto Saldivia (abogado de Lázaro) y Osvaldo Sanfelice (socio de
Máximo Kirchner), entre otros.
"Hotesur adeuda presentación de balances, conformación
societaria y tasas, ante la Inspección General de Justicia correspondiente a
los ejercicios 2011, 2012, 2013. La ley impone que las sociedades deben presentar
sus balances en IGJ para que los terceros puedan conocer la realidad de la
empresa (si tiene deudas, cuánto tiene de deudas, cuánto tiene de activos, qué
negocios hicieron durante el ejercicio, qué piensan hacer el ejercicio que
viene, qué pagaron, etc.)", detalla la nota.
"La red de protección dentro de la Inspección General
de Justicia llegó hasta la cúspide misma del poder", afirmó Stolbizer,
quien añadió que esos incumplientos serán "cruciales" para la
investigación. "Si la Justicia le requiriere datos sobre Hotesur, la IGJ
no posee los balances y el directorio -al menos en su registro formal- sería el
de 2008", explicó.
La diputada pidió que se investiguen la presunta comisión de
los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario público. y sugiere al juez que libre un oficio a la IGJ para que
envíe una copia de todo el expediente de Hotesur además de las intimaciones
efectuadas y sanciones aplicadas. También recomienda que se solicite
información a la AFIP y la Oficina Anticorrupción.
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