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| Por Ana Gerschenson |
La presidenta Cristina Kirchner acusa, ataca, denuncia, pero
no explica. No dijo una palabra sobre las irregularidades comprobadas de
Hotesur S.A., una empresa que declara como propia en su declaración jurada.
No justificó la ausencia de presentación de balances de su
compañía desde el año 2010, ni por qué la oficina de la calle Lavalle 975, que
Hotesur S.A. declara como domicilio legal, está vacía.
Y mucho menos, por qué
razón el empresario Lázaro Báez, beneficiado con obra pública en la última
década, le alquiló durante dos años las habitaciones de su hotel Alto Calafate,
por 14,5 millones de pesos, incluso para no ocuparlas. Un accionar contrario al
sentido comercial, pero sobre todo al sentido común.
Cristina, en su largo descargo en las redes sociales, se
dedicó a acusar al juez federal que llevó adelante el allanamiento de su
empresa. Y señaló con el dedo, como suelen hacer los chicos, que otro había
cometido el mismo error que ella.
Porque, según reveló, Claudio Bonadio tendría participación
en una sociedad que maneja una estación de servicio, que tampoco habría
presentado los balances como establece la ley.
No sólo eso. El kirchnerismo denunció por enriquecimiento
ilícito a la diputada Margarita Stolbizer, quien impulsó la investigación, con
idéntico reflejo de contraataque, como el que tuvo la Presidente con el juez.
Lo cierto es que hasta ahora ningún funcionario o legislador
kirchnerista, ni la propia jefa de Estado, han explicado absolutamente nada.
Puro enojo, victimización y embestida para que el juez Bonadío no investigue
más. Y evitar explicar el fondo de la cuestión pero no la periferia.
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