Sin detectar contradicciones

Por J. Valeriano Colque (*)

Durante la crisis financiera internacional de 2008/09, el Gobierno Nacional sostuvo que sus políticas económicas eran tan buenas que blindaban a la economía argentina. La Presidente llegó a recomendar a los países en crisis, en distintos foros internacionales, sus políticas económicas.

Del mismo modo, durante gran parte de la última década, el Gobierno Nacional se arrogó el triunfo de la política sobre la economía.

El propio discurso oficial actual destruye ambos mitos. Sin detectar las contradicciones.

El mito del poder de blindaje de la política económica. Recientemente, el Jefe de Gabinete reiteró el argumento del Ministro de Economía y la propia Presidente de la Nación: que los problemas económicos actuales son consecuencia exclusiva de un contexto internacional desfavorable.

Si fuera cierto, implicaría que sus políticas económicas ya no sirven para blindar a la economía argentina de lo que ocurra en el contexto internacional.

En 2008 y 2009, según el Gobierno, la política económica era tan buena que servía para blindar al país de la mayor crisis financiera en el mundo desarrollado desde la Gran Depresión de los años ’30.

Pero hoy, según el propio Gobierno, no alcanza para blindarla de una simple desaceleración del crecimiento económico mundial. El intento de culpar al contexto internacional por la situación económica actual, y deslindar responsabilidades de política económica, termina así volviéndose en contra del Gobierno.

Si no es cierto que los problemas actuales son consecuencia del contexto internacional, el problema es de la política económica. Y si fuera cierto, debería inferirse entonces que las políticas económicas actuales ya no son tan potentes como lo eran 5 años atrás.

En cualquiera de los dos casos hay un problema con la política económica.

El mito de la política sobre la economía. El Presidente del Banco Central planteó que la inflación es generada por grupos concentrados que, al intentar mayores márgenes de rentabilidad, empujan a los precios hacia arriba. Un argumento muy utilizado por el Gobierno en los últimos años. El Ministro de Economía sostuvo incluso que la devaluación de enero había sido consecuencia de un golpe especulativo, en particular de un solo empresario, el presidente de Shell, con una operación marginal en comparación con el tamaño del mercado cambiario oficial.

Si con este Gobierno la política se había impuesto definitivamente sobre la economía, las afirmaciones del equipo económico muestran hoy lo contrario. Según ellas, los mercados están torciéndole reiteradamente el brazo a la política.

Es cierto que la política debería estar por encima de la economía. Pero de un modo diferente al que el Gobierno imagina. El Gobierno cree que la política está por encima de la economía en el sentido de que es posible hacer, desde la política, cualquier cosa con la economía, sin sufrir sus consecuencias. Por ejemplo, que puede tener déficit  fiscal, emisión monetaria y devaluaciones y al mismo tiempo lograr que las empresas no suban precios.

O emitir dinero en exceso, y usar a discreción las reservas del Banco Central, y al mismo tiempo lograr que particulares y empresas no compren dólares.

O depositar fondos en Nación Fideicomisos simulando un pago de deuda y evitar entrar en default.

O poner un piso a las tasas de interés por depósitos y lograr que no suban las tasas de interés por préstamos.

Manejar la política económica de ese modo lleva a que la política termine derrotada por el funcionamiento de la economía.  Y que el Gobierno culpe entonces a los mercados, en contra de su argumento de que logró poner a la política por sobre la economía.

En qué sentido la política gobierna a la economía. La política está sobre la economía en otro sentido. Son las instituciones políticas las que definen el margen de acción que tiene cualquier gobierno para actuar con discrecionalidad, e incluso arbitrariedad, en las decisiones de política económica.

Las instituciones políticas permiten, o impiden, los abusos de política económica que llevan a los desastres económicos. Es en ese sentido que la política gobierna a la economía.

En el sentido en que lo interpreta el actual Gobierno, como capacidad para hacer cualquier cosa, es la economía la que termina imponiéndose a la política.

De allí la evidente paradoja de comenzar anunciando el predominio definitivo de la política sobre la economía y terminar justificando cada fracaso económico en alguna derrota frente a los mercados.

El cambio de gobierno ¿generará un cambio en la economía?

Lo que hoy está ocurriendo en la economía argentina, con inflación elevada y alta inestabilidad económica, ha sido una constante durante gran parte de los últimos 70 años.

No todos los gobiernos la enfrentaron de la misma manera. El gobierno de Arturo Illia, que comenzó con inflación del 21 % anual (octubre del ‘63) y terminó con inflación del 32 % anual (junio del ‘66), no dio a la inflación una prioridad especial, aunque logró muy buenos resultados en términos de crecimiento económico.

José Martínez de Hoz, ministro de economía entre el ‘76 y el ‘81, en el último gobierno militar, sí se propuso bajar la inflación, que ya había alcanzado un nivel casi hiperinflacionario, primero con un plan anti-inflacionario monetarista (1977-78) y luego con uno basado en el tipo de cambio (1979-81). Nunca logró que la inflación bajara del 80 % anual. Tampoco logró el crecimiento alcanzado por la gestión Illia.

Fueron varios los gobiernos que asumieron en situaciones de alta inflación, intentaron bajarla, y tardaron bastante tiempo hasta lograr algún resultado apreciable.

Ocurrió con Arturo Frondizi, que inició su mandato, en mayo del ‘58, con un 28 % anual de inflación. Dedicó sus primeros meses de gestión a políticas desarrollistas orientadas a atraer inversiones extranjeras para sectores estratégicos como hidrocarburos, petroquímica y siderurgia.

Durante el ‘59, por primera vez en la historia argentina, la inflación cruzó el 100% anual. Recién en el ‘60, dos años después de haber asumido, logró que la inflación volviera al punto original, para terminar, en marzo del ‘62, en el 20 % anual.

Juan Carlos Onganía, presidente de facto de la Revolución Argentina, comenzó con una inflación del 32 % anual en junio del ’66. Recién en el ’68 logró una inflación de un dígito, con el plan anti-inflacionario de Adalbert Krieger Vasena, que había iniciado su gestión como ministro de economía en enero del ’67. Las derivaciones políticas del “Cordobazo” acabaron con la gestión de Krieger Vasena, y luego con el propio Onganía. La Revolución Argentina dejó el país con 80 % anual de inflación.

A Raúl Alfonsín le llevó tiempo lograr algún resultado, aunque comenzando en una situación más crítica (370 % anual en octubre del ‘83). Fue recién en junio del ‘85, luego de que los precios llegaran a ser 1,129 % mayores que un año atrás, cuando logró su único éxito en la lucha contra la inflación, con el Plan Austral, que permitió evitar una inminente hiperinflación, para terminar cayendo en ella cuatro años después.

También le ocurrió a Carlos Menem, que asumió en condiciones más críticas aún, en medio de la hiperinflación de julio del ‘89, con precios 3,611 % mayores que un año atrás. Recién en el ‘91, con el inicio del Plan de Convertibilidad, logró vencer a la inflación, luego de haber pasado por otra hiperinflación y por el Plan Bonex.

Estos antecedentes tal vez aporten a la reflexión sobre lo que puede ocurrir durante la próxima gestión presidencial.

Gestión que enfrentará importantes desafíos. Los que ya se sabía que enfrentaría, como alta inflación, atraso cambiario, déficit fiscal, crisis energética, escasez de dólares, y que, según la historia económica argentina, no resulta fácil resolver, ni siquiera para un nuevo gobierno, con la ventaja que supone cierta recreación de expectativas.

Y desafíos adicionales que, se suponía, no debía enfrentar, como una eventual nueva reestructuración de deuda en caso de que el Gobierno llegue a final de mandato sin resolver el problema actual, con títulos en cesación de pagos desde 2001, nuevos títulos impagos desde este año y un fallo judicial pendiente de cumplimiento.

Si algo enseña la historia económica argentina, es que no resulta fácil resolver problemas de esta magnitud. No es casualidad que los gobiernos que han alcanzado algún resultado favorable, enfrentando este tipo de problemas, hayan tardado, en general, varios meses, incluso años, para lograrlo.

Sin embargo parece estar instalándose cierta idea de que el cambio de gobierno en diciembre de 2015, por sí mismo, generará un cambio en la economía.

Es probable que algunos candidatos presidenciales, incluso, lo crean. Lamentablemente, hará falta mucho más que eso.

El uso de la inflación para aumentar la presión tributaria

Una pregunta frecuente es por qué un Gobierno habría de ejecutar políticas inflacionarias si es sabido que la inflación genera efectos económicos y sociales negativos. Las respuestas son múltiples.

La inflación suele ser consecuencia de gobiernos que utilizan políticas económicas expansivas para tratar de reducir el nivel de desempleo más allá del punto en que resulta razonable disminuirlo de ese modo.

Por debajo de cierto nivel sólo quedan formas de desempleo no reducibles mediante políticas expansivas, como el desempleo estructural (personas con dificultad para sumarse al mercado laboral) y el desempleo friccional (desempleados sólo por estar en la transición entre un empleo y otro), y el resultado termina siendo entonces inflacionario. En otras ocasiones, la inflación es consecuencia de desequilibrios fiscales excesivos cuya financiación requiere emisión monetaria, por decisiones deliberadas vinculadas a aquel interés por políticas expansivas, o por muchos otros motivos. Pero también puede ocurrir que un Gobierno se sienta cómodo con políticas inflacionarias simplemente porque utiliza políticamente algunos de sus efectos.

Una forma de hacerlo es apropiándose políticamente de las actualizaciones de asignaciones sociales y jubilaciones.

Consiste en (a) ejecutar políticas económicas inflacionarias, (b) licuar el poder adquisitivo de asignaciones sociales y jubilaciones, (c) otorgar aumentos de asignaciones y jubilaciones tan sólo para que vuelvan a su poder adquisitivo original, (d) comunicar los aumentos como una reparación por parte del Gobierno frente a la codicia de los empresarios que aumentan los precios.

Otra forma es apropiándose de una proporción cada vez mayor de los recursos de la sociedad para hacer política, aumentando la presión impositiva sin tener que subir los impuestos.

Consiste en (a) ejecutar políticas económicas inflacionarias, (b) dejar fijos ciertos parámetros impositivos, como mínimos no imponibles, (c) obtener así aumentos de recaudación por encima de la inflación, porque inflación con parámetros fijos implica que el sistema impositivo identifica como ganancias aumentos que no lo son. Las tres explicaciones sirven para comprender cómo llegamos a la inflación actual. Ese uso político de la inflación sirve para analizar la actual discusión sobre salarios.

El poder adquisitivo de los salarios ha caído fuertemente desde el año pasado. Y encima el Gobierno decidió seguir aumentando la presión impositiva dejando otra vez sin cambios el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Este uso de la inflación para aumentar la presión impositiva profundiza los reclamos sindicales por recomposición salarial, al menos algún bono de fin de año que complemente los salarios acordados en paritarias. Pero ocurre que hay sectores productivos muy afectados por la recesión para los cuales es muy difícil pagar cualquier adicional. Que encima, en parte, sería para compensar mayor presión impositiva nacional.

En otras palabras, el Gobierno Nacional aumenta la presión impositiva, perjudicando a los asalariados, y un bono que restituya parte del poder adquisitivo perdido terminaría trasladando parte de esa presión impositiva a las empresas. Y los gobiernos provinciales estimulan los reclamos en el sector privado cuando ofrecen bonos para sus empleados financiados, paradójicamente, con los impuestos que pagan las empresas que no pueden hacer lo mismo con sus empleados.

Una solución parcial es modificar el Impuesto a las Ganancias, para que sus parámetros se ajusten por inflación, impidiendo su aprovechamiento para aumentar artificialmente la presión impositiva. La solución de fondo es bajar la inflación, no sólo para impedir ese aumento artificial de presión impositiva sino también para evitar pérdidas de poder adquisitivo de salarios como las ocurridas desde el año pasado. Ninguna de las dos cosas es probable a corto plazo. En parte porque el uso político de la inflación hace atractivo, para el Gobierno, continuar con la situación actual.

(*) Economista

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